Para evitar intervenciones e "influencias" sobre las estadísticas nacionales y darle más "vuelo", desde el Gobierno trabajan en un proyecto que apartaría al INDEC de la esfera del Poder Ejecutivo y lo colocaría en un nivel de autonomía similar al del Banco Central. La iniciativa la delineó el Ministerio de Hacienda, que dejaría de tener injerencia en el Instituto, y la impulsa la Jefatura de Gabinete de Marcos Peña.
"La idea es darle autonomía, transparencia y ordenamiento al sistema de estadísticas. La ley que hoy rige al Indec dejó al organismo muy débil", aseguran desde la Jefatura de Gabinete.
El Indec también tiene su propio plan y la idea es unificar ambos en un único proyecto que luego se elevaría al Congreso.
El proyecto de Hacienda parte de una iniciativa de Fernando Sánchez, ex diputado nacional y actualmente funcionario en la Jefatura de Gabinete, y plantea la creación de un "Consejo Nacional de Información Estadística" (CNIE), presidido por el secretario de Política Económica. A su vez, se le dará nuevos atributos al Instituto Nacional de Estadísticas (INDEC).
Si bien esto en términos oficiales significa un cese de actividades del INDEC, en realidad es un proyecto que busca elevar la independencia y capacidades del nuevo ente, que mantendrá la planta profesional, presupuesto, patrimonio e incluso todavía sería presidida por Jorge Todesca, el actual director del instituto.
Efectivamente, a través de la supervisión del CNIE y la nueva personería por fuera de la estructura de Hacienda, el "Indec 2.0" pasaría a ser un organismo autónomo protegido de intervenciones. "Se está trabajando un proyecto para que la misma ley proteja al organismo de estadísticas de abusos como los que se cometieron durante el gobierno anterior", aclaran desde la cartera de Nicolás Dujovne. Sin dudas, la referencia es a la "intervención" del organismo, durante buena parte del kirchnerismo, por parte de Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio.
Desde Hacienda insisten con que la intención no es eliminar el INDEC sino que se busca avanzar hacia "un esquema como el que existe en otros países desarrollados" y lograr que "la independencia metodológica del INDEC será potenciada con su mayor autonomía".
La conducción del nuevo ente estadístico estará compuesta por un director y un director técnico, elegidos por concurso de antecedentes y oposición a mandatos de cinco años.
El nuevo Indec va a mantener un rol ejecutor con las funciones de "recolectar datos estadísticos mediante el uso de encuestas, datos de registro y otros", "elaborar indicadores sociales y económicos", "producir las cuentas nacionales, cuentas internacionales, cuentas satélite y análisis laborales", entre otras. Por otro lado, el CNIE va a ser quien defina el "Plan Estadístico Nacional", y va a estar presidido por el secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda, y conformado por representantes de los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, Banco Central, Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, universidades públicas, por la Academia Nacional de Ciencias Económicas y los directores de Metodologías y Planificación del CNIE.
Contrapropuesta del INDEC
A pedido de Presidencia, la conducción del INDEC también elaboró un anteproyecto de ley orgánica del sistema estadístico. En lugar de crear un ente nuevo, la propuesta del INDEC apunta a concentrar y fortalecer al instituto estadístico actual como rector del sistema estadístico.
El proyecto hace referencia a las facultades del INDEC y establecería que el mismo tendrá a su cargo "dictar las normas reglamentarias de la presente ley que resulten necesarias para el cumplimiento de sus fines y de acuerdo con los principios programáticos que la inspiran", y "establecer pautas, definiciones y clasificaciones homogéneas que permitan garantizar la comparabilidad de la información estadística oficial y dictar las normas regulatorias que rigen la elaboración y difusión de estadísticas en todo el territorio de la Nación".
En esta iniciativa, el gobierno del INDEC estaría a cargo de un presidente y un vicepresidente designados por el Ejecutivo, con acuerdo del Senado, y por un período de cinco años, pudiendo ser designados nuevamente.
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