"Todos ponen", pero jubilados y provincias deberán poner más

El gradualismo ganó la batalla, tal como quedó demostrado en el resultado de las elecciones legislativas. Ir de a poco para hacer frente a los desequilibrios es, por lo tanto, la fórmula elegida y la que se mantendrá de ahora en adelante. Le pasó a las tarifas, que aún luego de los ajustes mantienen subsidios cercanos a los 150.000 millones de pesos. También a las cuentas públicas, que según el plan oficial demandará varios años más llegar al equilibrio. Esa lógica también le tocó al proyecto de reforma tributaria: los cambios se irán implementando en un plazo de cinco años.

La lentitud para la eliminación del impuesto al cheque o para la reducción de aportes patronales provocó el enojo de muchos empresarios. El tema estuvo presente en la encuentro B-20 del último jueves de Rosario, preparatorio para la cumbre del G-20 que tendrá lugar en Buenos Aires el año próximo, con un capítulo específico relacionado al sector privado.

La queja es que será difícil mejorar la competitividad en la medida que los impuestos más distorsivos y que graban el empleo no desaparezcan. Pero no todos lo ven igual. "Lo importante de esta reforma es que plantea un horizonte. Cualquier proyecto de inversión lleva por lo menos tres años, así que para el momento en que la fábrica comience a funcionar ya estarán las nuevas reglas vigentes", señalaba un ejecutivo local que está realizando apuestas fuertes.

El gigantesco volumen del gasto público es el que impide acelerar la baja de impuestos distorsivos. Para el 2018 el plan de austeridad pasa sobre todo por dos ejes: avanzar con una reducción adicional de subsidios (la contracara es un nuevo aumento de tarifas, en particular del transporte) y un mayor control sobre los gastos de los ministerios, que no podrán aumentar más que la inflación.

Pero al mismo tiempo hay que conseguir que el déficit fiscal primario (sin contar intereses de la deuda) caiga desde 4,2% del PBI a 3,2%. Y es inviable conseguirlo si al mismo tiempo se bajan agresivamente los impuestos. En el palacio de Hacienda lo explican de esta forma: "La presión tributaria es un concepto abstracto. Lo que realmente importa es el nivel del gasto público, porque es lo que finalmente tendremos que afrontar. O con impuestos o con endeudamiento, no hay otra".

La reforma tributaria está enfocada en mejorar la productividad (vía baja de impuestos distorsivos) y el empleo, a través de una reducción de aportes patronales especialmente para los sueldos más bajos. Y uno de los objetivos principales es que deje de ser negocio moverse en la economía informal y por lo tanto mantener trabajadores en negro.

La nueva norma también es un complejo esquema que procura eliminar gradualmente impuestos distorsivos, pero sin desfinanciar al Estado. Al final del día, el objetivo más importante –ya lo dijo el último lunes Mauricio Macri- es conseguir el equilibrio de las cuentas públicas. El Presidente ya dejó en claro que "todos los sectores" deben aportar lo suyo para lograr. El problema es que para conseguir ese objetivo no alcanza con las medidas incluidas en la reforma tributaria.

Por eso, además, habrá una ofensiva para modificar la movilidad jubilatoria. El cambio de fórmula que ya fue anticipado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, representa un cambio fundamental para los futuros jubilados y también para el Gobierno. En el actual esquema, los haberes se ajustan de acuerdo a la evolución de la recaudación del sistema previsional y el nivel de salarios. El problema que tiene este sistema es que ambos componentes están aumentando varios puntos por encima de la inflación.

"Es un sistema inviable, no podemos estar aumentando las jubilaciones diez puntos por encima de la inflación todos los años", reconocen en Hacienda. "En su momento el kirchnerismo lo había anunciado así porque no existía un índice de precios confiable, pero ahora sí lo tenemos", justifican.

A los jubilados le dieron la reparación histórica el año pasado y eso ayudó –mucho- al Gobierno para ganar las elecciones. Todos los estudios de imagen muestran que el sector en el que mejor mide Mauricio Macri es con los jubilados, pese a que en su momento apoyaban masivamente al kirchnerismo. Pero economistas como Carlos Melconian venían avisando que era inviable el rumbo del régimen previsional. Los cambios de la "movilidad" implicarán un ahorro para el Estado del orden de los 100.000 millones de pesos en los próximos cuatro o cinco años. Es dinero que, obviamente, dejarán de recibir los jubilados.

Las provincias también deberán aportar al esfuerzo para que el Gobierno consiga llegar al equilibrio de las cuentas públicas. Al revés de lo que sucedió toda la vida, hoy están mucho mejor que la Nación en términos fiscales. El déficit es apenas 0,5% del Producto y tienen un bajo nivel de endeudamiento. Como el Estado aumentará la masa coparticipable en los próximos años (por el fallo de la Corte de fines de 2015), apuntan a acumular altos niveles de superávit fiscal, que podría llegar a 3% del PBI en los próximos cinco años. A valores de hoy son más de $ 250.000 millones. Es clave además que se cumpla con el Pacto Fiscal, que establece que los gastos no podrán aumentar en los próximos años por encima de la inflación.

"No queremos que los gobernadores ahorren, sino que devuelvan esos excedentes con bajas de impuestos", explican en Casa Rosada. A pesar de cierta resistencia inicial, en el ministerio de Hacienda empiezan a ver señales favorables. Antes del anuncio de la reforma tributaria, la ciudad, provincia de Buenos Aires y Córdoba anunciaraon reducción en alícuotas de impuestos, especialmente Ingresos Brutos, pero también Sellos.

Además, varios gobernadores han salido a respaldar el pedido oficial, como el nequino Omar Gutiérrez, también Gerardo Morales (Jujuy) y Ricardo Colombi (Corrientes). En todos los casos se manifestaron a favor de la reforma tributaria y de apuntar a la baja de impuestos distorsivos.

Jubilados y provincias serán, por lo tanto, aliados claves en la búsqueda por conseguir un sistema tributario que apuntale la producción y que reduzca gradualmente el déficit. Los mercados estarán pendientes de la suerte de las reformas presentadas, pero ya dieron las primeras señales favorables. Valoran que el Gobierno haya apurado las iniciativas ni bien finalizó el proceso electoral. Macri y el ministro de Finanzas, Luis Caputo, percibirán este clima cuando aterricen en Nueva York el lunes para reunirse con ejecutivos de grandes fondos internacionales. La novedad es que no sólo verán a los típicos del mercado financiero para financiar el rojo fiscal, sino también a los grandes nombres relacionados al "real money", es decir que apuntan a las inversiones en el sector productivo.