Después de una larga negociación de casi nueve años, aunque con un gran vacío en buena parte de ese lapso, el gobierno nacional acordó poner fin a un pleito que se declaró el 24 de diciembre de 2007, tras el laudo definitivo del 13 de mayo último, en el marco del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados con "Queen Avenue Investments LLC, -en su carácter de actual titular del reclamo que surge del laudo dictado en el arbitraje 'El Paso Energy International Company vs La República Argentina' (Caso CIADI N° ARB/03/15) de fecha 31 de octubre de 2011-: y GASA Investments LP -en su carácter de actual titular del reclamo en el arbitraje de BG Group Plc vs. La República Argentina'(UNC 54 KGA) de fecha 24 de diciembre de 2007″.
Y dado que dichas propuestas consisten en la cancelación de las citadas acreencias exclusivamente con títulos de deuda pública, por montos que suponen, por un lado, una quita importante sobre las sumas reclamadas y un plazo razonable de repago, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, y el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, firmaron la decisión administrativa 1.161, que publicó el Boletín Oficial, por el que modificó el Presupuesto 2016 y la ampliación de la emisión de Bonar 2024 por $3.076 millones.
Según destaca la norma, con ese pago quedarán "canceladas dichas deudas y resuelve todos los reclamos vinculados", con un reajuste de la demanda que se redujo en no menos de 25% del total del valor reclamado, incluyendo intereses del conjunto de los laudos.
Y dado que el gobierno nacional no cuenta con los ingresos líquidos para hacer frente al pago del pleito que surgió tras el default de la deuda pública e incumplimiento de contratos, tras la crisis de 2001, el pago con bonos no tendrá efecto ni sobre la caja de la Tesorería, ni sobre la política monetaria, pero sí incrementará el déficit fiscal del corriente año en términos devengados.
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