
El 15 de octubre del año pasado la Selección enfrentaba a Bolivia por una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Las entradas habían salido a la venta una semana antes y se habían agotado en nada. Todos querían ver a Lionel Messi en el Monumental ya que de hecho no había jugado el anterior partido de local por lesión. Una pareja de quienes Infobae reserva el nombre, se contactó con un revendedor vía web. La cifra por dos plateas era de 700 mil pesos. Un escándalo. Pero por Messi, todo, pensó la pareja. Y convinieron encontrarse un día antes del match en Figueroa Alcorta al 7700 para llevar adelante la operación. Y ahí sucedió lo impensado: apenas llegaron al sitio elegido el revendedor salió de escena y aparecieron dos policías de la ciudad de la división conductas delictivas que son los que tienen a su cargo todo lo referido a los espectáculos masivos. Y apuntando a que estaban haciendo una operación ilegal les confiscaron el dinero, en total 730.000 mil pesos. Se suponía que era una maniobra encubierta en contra de la reventa tan habitual en estos casos y que deja a los hinchas de verdad a la intemperie, por eso lo que se suponía era que estos efectivos debían llevar demorados a todos y denunciar la situación a la fiscalía de turno para que se iniciara la causa correspondiente. Pero no hicieron nada de eso. Después de llevarse la plata y manosear a la mujer, se fueron como si hubieran cumplido con su deber.
Al otro día, la pareja después de meditar mucho la situación porque temían una réplica, decidieron denunciar el hecho en la comisaría vecinal 13 y después ante recibir una respuesta que consideraban no muy adecuada, concurrieron a la oficina de Transparencia y Control del Ministerio de Seguridad de la Ciudad. Ahí se pusieron a trabajar y se inició primero una causa por robo y abuso en la Justicia porteña que llevaba adelante la fiscalía 5 de la ciudad pero que después pasó al juzgado de instrucción criminal 15 a cargo de la doctora Karina Zucconi. Que decidió investigar todo y descubrió que la red de reventa era organizada al menos por estos dos policías que presuntamente manejaban sitios ilegales para negociar los tickets y citaban gente en los días previos de los distintos partidos importantes del fútbol local y de la selección argentina, actuando siempre del mismo modo: un civil cómplice hacía las veces de revendedor y cuando se concretaba la operación aparecían ellos y confiscaban todo porque la reventa es ilegal, pero en vez de denunciar a la Justicia se quedaban con el dinero. Que semana a semana generaba un botín gigantesco.
Con trabajo de campo, filmaciones y escuchas, la Justicia determinó la identidad de al menos estos dos oficiales, siguió su accionar durante los partidos de este comienzo de año y este mediodía decidió actuar: se ordenaron tres allanamientos, uno en la división Conductas Delictivas de la Ciudad, los que tienen a cargo los operativos del fútbol, y dos en los domicilios de los policías, uno en un barrio del Sur de CABA y el otro en el partido de Lanús, en el Gran Buenos Aires. Y en los procedimientos se llevaron más de una sorpresa: no sólo había un número importante de dinero tanto en moneda local como extranjera sino dispositivos electrónicos donde presuntamente hacían las operaciones de reventa y sobre todo una buena cantidad de credenciales de socios de distintos clubes, la mayoría de Boca Juniors, que estaban a nombre de terceros y también actas contravencionales parcialmente completadas.

Para la Justicia, estos dos últimos hallazgos abonan la teoría del accionar delictual: se supone que los carnets eran alquilados cada vez que el equipo Xeneize juega como titular, una modalidad habitual también en La Doce, y que con los nombres que estaban en las actas después presuntamente negociaban que no ingresaran al derecho de admisión a cambio de un pago, generando otra fuente importante de ingresos.
La situación generó un escándalo en la Policía de la Ciudad porque justamente oficiales que están en la división que tienen que combatir a los barras y la reventa, estaban haciendo todo lo contrario. No es la primera vez, de cualquier manera, que sucede esta connivencia. Años atrás fue condenado por ejemplo el comisario Enrique Meta, que estaba al frente de la repartición que tenía jurisdicción sobre la Bombonera, por enriquecimiento ilícito del cual se probó que buena parte provenía de negocios con La Doce.
Uno de los policías que ahora fueron allanados terminó detenido y el otro si bien no estaba ni en su casa ni en su lugar de trabajo, estaría a punto de entregarse. Habrá que ver si la investigación cierra el círculo en estos dos oficiales infieles o va más allá con resultados absolutamente impredecibles.
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