
Al sur de Tierra del Fuego, se encuentra una franja de agua no interrumpida por la presencia de masas continentales. Está formada por la confluencia de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico, y se la conoce como el océano austral. Allí se desarrolla la convergencia antártica o frente polar, que separa las masas de agua subantárticas de las propiamente antárticas.
Siguiendo aproximadamente ese frente, se determinó el límite del área de aplicación de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Antárticos (CCRVMA), organismo internacional que, entre otras responsabilidades, está a cargo de fijar los límites y las modalidades bajo los que se capturan las distintas especies de valor comercial –krill, merluza negra y pez de hielo– que se encuentran actualmente en explotación en el océano austral.
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Los buques que operan en aguas antárticas están regidos por la legislación de su país de origen, conforme a la Convención de Derecho del Mar de 1982 (Convemar). Sin embargo, esta jurisdicción nacional coexiste con las regulaciones y medidas establecidas por la CCRVMA, entre las cuales está incluida la posibilidad de que inspectores de otros países controlen la operación pesquera en el mar.

Para poder pescar en el área de la Convención, los estados de bandera autorizan a sus buques, asegurando que están en condiciones de cumplir con todas las regulaciones. Las autorizaciones especifican dónde, qué, cuándo y cuánto pueden pescar. Además, garantizan que cuenten con un Sistema de Monitoreo (VMS) que permite que puedan ser rastreados por satélite, para corroborar su ubicación geográfica. “Desde el punto de vista legal, las inspecciones realizadas en el marco de la CCRVMA incluyen abordaje en alta mar, acceso a sus bodegas, a la documentación y equipos, entre otras medidas excepcionales para los buques que navegan en alta mar”, afirma Marschoff, quien representó a nuestro país en la Convención durante más de tres décadas.
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-¿Quiénes inspeccionan los buques en el océano Austral?
-Todos los buques pesqueros que operan en la Antártida son controlados por inspectores de su país antes de zarpar y al arribo, a fin de corroborar que cuentan con todos los elementos indispensables para cumplir con las medidas de conservación que corresponden al tipo de pesca que van a realizar. En el caso de la pesca de merluza negra, por ejemplo, es necesaria la colocación de las denominadas “líneas espantapájaros o de gallardetes”, cuyas cintas de colores llamativos ahuyentan a las aves marinas de las carnadas mejorando la eficiencia de la pesca. Al arribo, además de controlar el desembarco de los residuos plásticos cuyo descarte en el mar está prohibido, se inspeccionan las capturas y la documentación correspondiente.
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-¿Qué criterios se utilizan para seleccionar los barcos pesqueros que serán verificados?
-Además de las inspecciones realizadas en el puerto, antes y después de la pesca, existen las que se llevan a cabo en el mar, pero, a causa del alto costo que implicaría enviar un buque exclusivamente con esa finalidad, se concretan según la oportunidad. Suelen aprovecharse, por ejemplo, las campañas científicas –cuando las tareas del barco lo permiten– para hacer el trasbordo de un inspector designado en el marco del sistema de la CCRVMA, cuyos informes finales se comunican tanto a la CCRVMA como al estado de pabellón del buque.
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-¿Cómo se coordinan las inspecciones entre los diferentes países que operan en la Antártida?
-La Convención lleva un listado de los buques pesqueros autorizados a operar, donde figuran también las posiciones de los barcos. Esta información no solo permite la planificación de las tareas de parte de los inspectores, sino que es útil para detectar con facilidad la presencia de buques no autorizados en la zona. Esta tarea puede incluso realizarse desde el aire, lo que permite cubrir grandes espacios.
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-¿Qué aspectos se evalúan durante las inspecciones y de qué modo se documentan las irregularidades para asegurar la transparencia del proceso?
-Durante las inspecciones en el mar, se examinan los libros de navegación y los registros de capturas, que son comparados con la información enviada a la Secretaría de la Convención. También se revisan las artes de pesca (redes, palangres, etc.), los sistemas para mitigar capturas accidentales (como la línea espantapájaros, cambios en la dimensión de las mallas de las redes o rejillas que permiten la salida de la captura no deseada, entre otros) y los horarios de las operaciones.
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Por último, se elabora un informe oficial donde se detallan las circunstancias en las que se realizó la inspección (fecha, hora, lugar, nombres del buque, capitán e inspector), las medidas de conservación que el buque debe acatar y la evaluación sobre su cumplimiento. El capitán del buque tiene la posibilidad de dejar asentado todo comentario que considere pertinente en el documento y su firma no implica aceptación del informe de inspección.
-¿Qué tipo de infracciones se buscan y cuáles son los desafíos más importantes que enfrentan las inspecciones?
-El objetivo de las inspecciones en el mar no es encontrar infracciones, sino verificar el cumplimiento de las normas vigentes en apoyo de los controles que ejerce el estado de bandera. En mi experiencia, la eliminación de plásticos en el mar; las artes de pesca, como las líneas espantapájaros, que no cumplen con las regulaciones; el descarte de los residuos del procesamiento de pescado durante el día (cuando la norma indica la obligatoriedad de hacerlo de noche para evitar la concentración de aves alrededor de los barcos) son las infracciones más usuales. En cuanto a los retos potenciales de la actividad de fiscalización, son mínimos porque, si bien podría creerse que se realizan en un clima hostil, la realidad es que, en general, las inspecciones se desarrollan con cordialidad. Las mayores dificultades las presenta el clima y las complicaciones para el abordaje de buques con mal tiempo.
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-¿Qué implicaciones tiene la no observación de las normas de conservación por parte de los barcos pesqueros?
-Cuando un inspector detecta irregularidades, se elabora un informe sobre la base del cual el país de origen del barco determinará las sanciones correspondientes. Estas medidas punitivas deben ser contundentes para asegurar el respeto a las normas de conservación establecidas. Además, los infractores se enfrentan al decomiso de su pesca ilegal y la prohibición de operar en la zona hasta que cumplan con las sanciones impuestas.
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-Más allá de la Convención, ¿desempeñan un rol relevante las organizaciones de la sociedad civil o las ONG que participan en el monitoreo de estas actividades?
-En cuanto a la realización de inspecciones en sí, es bastante relativo. Pero sí existen algunas organizaciones que llevan a cabo un importante seguimiento de la comercialización de la pesca ilegal. No es inusual, por ejemplo, que una parte de lo pescado (en particular cuando se superan los límites de captura) se transborde a otro buque frigorífico para que lo comercialice fuera del circuito autorizado o, por el contrario, que buques que pescan en zonas no permitidas entreguen sus capturas a otros a fin de obtener la documentación oficial.
Esta tarea se traduce en una importante presión social sobre los gobiernos para que mejoren el control de sus buques y de sus ciudadanos, eventuales beneficiarios de la pesca ilegal.
-¿Considera que estas inspecciones son efectivas?
-La evaluación del cumplimiento de las medidas de conservación por parte de la flota pesquera se realiza cada año para analizar las infracciones cometidas por los barcos, el comportamiento de los tripulantes y la efectividad de las sanciones aplicadas. Esta evaluación en un marco internacional genera una importante presión sobre los estados responsables del control de los buques infractores. Este sistema ha logrado un buen comportamiento de las flotas pesqueras en la Antártida.
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