El control de la fecundidad como disputa de poder entre la Iglesia y el Estado, del pecado al castigo

Marjorie Coulas reconstruye en Maternidades autorizadas, maternidades proscritas -Maternités autorisées, maternités proscrites- cómo el control de la fecundidad femenina pasó, entre la Edad Media y el siglo XIX, de la jurisdicción religiosa al castigo estatal, en un proceso que convirtió la natalidad en un instrumento de poder masculino y cuestionó la idea de que la Iglesia fue siempre más represiva que los gobernantes.

Entre 1825 y 1899, hubo 1.482 procesos que terminaron en condenas a trabajos forzados, reclusión y penas correccionales. Ese dato resume el endurecimiento del siglo XIX, cuando la maternidad volvió a ser sacralizada y el control de los nacimientos quedó bajo una vigilancia más estricta.

La obra, escrita por la Doctora en Historia del Derecho e instituciones, sigue la sucesión de leyes religiosas y civiles sobre aborto, anticoncepción y madres solteras desde el siglo XII hasta el XIX. La autora muestra que la distancia entre la norma y su aplicación fue amplia y que esa brecha modifica la lectura histórica sobre las maternidades.

El punto central del estudio es que la fecundidad no aparece solo como una cuestión de mujeres o de parentalidad, sino como una disputa de poder. La investigación se concentra en el enfrentamiento entre Iglesia y Estado, y sostiene que ambos intervinieron en la regulación de la procreación, aunque con lógicas distintas y, a veces, complementarias.

El derecho canónico medieval se apoyó en una relectura de textos griegos para afirmar que “el control de la fecundidad [es] una perversión de la obra de Dios”. La Iglesia construyó así un arsenal jurídico para combatir esos actos, con penas que podían incluir encierro y hoguera.

Al mismo tiempo, los teólogos articularon esa severidad con una mirada pastoral sobre las conductas femeninas. Los confesores, definidos como “médicos del alma”, consideraban esos hechos como pecaminosos y, por lo tanto, susceptibles de perdón.

Esa combinación impidió que las madres solteras quedaran completamente expulsadas de una sociedad que reservaba las relaciones sexuales y la procreación al matrimonio. La época moderna heredó esa definición medieval y permitió a muchas mujeres “navegar entre la doctrina cristiana y la necesidad de preservar su integridad corporal y sus decisiones reproductivas”.

El libro también subraya que muchas no aceptaron la tutela eclesiástica sobre sus cuerpos. Esa resistencia, basada en prácticas y decisiones que no siempre dejaron rastros directos, es una de las claves del trabajo de Coulas.

El desplazamiento del derecho canónico al secular comenzó desde mediados del siglo XVI. Las reformas monárquicas redujeron el poder de los tribunales eclesiásticos, aunque la Iglesia siguió siendo una aliada del poder real contra las “maternidades proscritas”.

La lógica del rey era distinta de la del clero: en una época en que la fuerza del Estado dependía del tamaño de sus ejércitos, una alta natalidad era una exigencia política. Por eso, la baja natalidad, descrita en el libro como un fantasma del siglo XVIII, dejó de ser solo un pecado y pasó a verse como un desafío a la autoridad soberana, castigado por la justicia real incluso con la muerte.

Esa diferencia se resume con una fórmula: el cura era un “sanador” que buscaba salvar almas, mientras el soberano era “un castigador” que pretendía restaurar el orden social y familiar. Esa mutación explica por qué el control de la reproducción se convirtió en un asunto central de gobierno.

Uno de los instrumentos más importantes de esa ofensiva fue el edicto de Henri II sobre el ocultamiento del embarazo. Desde 1556, las mujeres no casadas y las viudas debían declarar su estado; si no lo hacían y el niño nacía muerto o moría poco después, podían ser acusadas de haberlo matado.

Esas declaraciones dejaron ver la experiencia de mujeres abandonadas o violadas que identificaban al padre del hijo esperado con la esperanza de obtener matrimonio o ayuda. Junto con denuncias por abusos y juicios contra acusadas y cómplices, esos archivos permiten reconstruir la vida de los sectores más humildes.

La reiteración del edicto por Henri III, la lectura obligatoria de la ordenanza en la misa dominical, el levantamiento del secreto sacramental para permitir denuncias y la obligación impuesta a las parteras muestran, según Coulas, que las resistencias femeninas persistieron. Si fue necesario repetir la norma y ampliar la vigilancia, fue porque la obediencia nunca fue total.

Las luces y los avances médicos sobre el feto habían introducido antes una mirada más atenta a la responsabilidad social en la miseria, las prácticas anticonceptivas, los abortos y los infanticidios. Durante un tiempo, los revolucionarios no persiguieron a las mujeres que abortaban y reservaron el castigo para quienes ejecutaban esos actos, además de defender una actitud compasiva hacia las madres solteras.

Esa etapa fue breve. La reacción posterior abrió el camino al siglo XIX, cuando, en palabras del libro, la época napoleónica “vuelve a poner en primer plano la teología cristiana” para que “guíe a los redactores de la ley”.

En ese marco se inscriben los 1.482 procesos registrados entre 1825 y 1899. Las condenas incluyeron trabajos forzados, reclusión y penas correccionales más duras, en un contexto en el que el control de la fecundidad volvió a ser combatido por el Estado y la Iglesia.

La conclusión de Coulas condensa el límite de ese dispositivo legal y moral: “La voluntad de establecer un derecho estricto en la materia chocó con el silencio de las mujeres”.