La disputa entre el Museo Van Gogh y el Ministerio de Cultura de los Países Bajos ha alcanzado un punto crítico, con la posibilidad real de que el museo de Ámsterdam cierre sus puertas si no se resuelve el conflicto sobre la financiación necesaria para su renovación. La directora del museo, Emilie Gordenker, advirtió que la falta de acuerdo tras dos años de negociaciones pone en riesgo tanto la integridad de la colección como la seguridad de los visitantes, y subrayó que la institución ha iniciado acciones legales contra el Estado neerlandés.
El Van Gogh Museum, que alberga la mayor colección mundial de obras de Vincent van Gogh —más de 200 pinturas y cerca de 500 dibujos—, recibe anualmente a unos 1,8 millones de visitantes. La necesidad de una renovación urgente responde a la preservación de estas piezas, así como a la modernización de sistemas esenciales como el control climático, los ascensores y las medidas de seguridad y sostenibilidad. Un informe independiente publicado el año pasado respaldó la preocupación de la dirección, al señalar “serias deficiencias” en la infraestructura y advertir que, sin intervenciones esenciales, el edificio representaría un riesgo para el público, el personal y la colección.
El museo ha solicitado un aumento de $2,9 millones de euros en su subsidio anual, que actualmente asciende a 10 millones, para cubrir los costos de las reparaciones y mejoras. Sin embargo, el ministerio sostiene que la institución debe asumir el déficit con sus propios recursos. En respuesta, el museo presentó una demanda judicial, argumentando que el Estado está incumpliendo el acuerdo firmado en 1962 con la Vincent van Gogh Foundation. Este pacto, surgido tras la creación de la fundación en 1960 por el sobrino y heredero del artista, establecía que el Estado construiría un museo en el centro de Ámsterdam y “garantizaría la preservación material de las colecciones, como si fueran de su propiedad”.
La colección, que incluye obras emblemáticas como Almendro en flor, Campo de trigo con cuervos y Los girasoles, fue transferida íntegramente a la fundación y, posteriormente, al museo, evitando disputas familiares y asegurando su acceso público desde la apertura del museo en 1973. La familia van Gogh, que integra la mayoría del consejo de la fundación, expresó su “profunda preocupación por la accesibilidad de la colección” y reiteró que el Estado debe garantizar la financiación para instalaciones sostenibles que permitan el acceso a las generaciones presentes y futuras.
El ministerio, por su parte, defendió su postura en un comunicado, afirmando que el subsidio para el mantenimiento del museo es una cantidad fija ajustada anualmente por inflación y calculada según una metodología aplicada a todos los museos nacionales. Según esta fórmula, el Van Gogh Museum recibe “uno de los subsidios más altos por metro cuadrado” entre los museos nacionales, y el ministerio considera que no existe incumplimiento del acuerdo de 1962. Aunque el museo genera aproximadamente el 85 % de su presupuesto a través de ingresos propios —como la venta de entradas y productos de su tienda y cafetería—, la dirección advierte que la clausura parcial durante los tres años previstos de obras provocará una pérdida de ingresos estimada en $29 millones.
La directora Gordenker subrayó que la solicitud de fondos adicionales no responde a la creación de nuevas instalaciones, sino a la necesidad de “mantenimiento básico esencial, como reemplazar un refrigerador cada 15 años”. Tras analizar diferentes escenarios, el museo calcula que requiere $35 millones adicionales, que podrían cubrirse con un aumento permanente de $2,9 millones en el subsidio anual.
El informe independiente de 2024, resultado de inspecciones y entrevistas exhaustivas, concluyó que el edificio muestra “deficiencias crecientes, especialmente en las instalaciones y la estructura”, y que la sustitución de numerosos elementos resulta imprescindible para “mantener la condición y seguridad de la colección”. El ministerio sugirió que el museo podría recurrir a financiamiento gubernamental de bajo costo y a su propio capital, pero la institución rechaza esta opción, alegando que sus recursos ya están comprometidos y que deberá aplicar medidas de ahorro para compensar la caída de ingresos durante la reconstrucción.
La reciente dimisión del ministro de Cultura, Eppo Bruins, junto a otros miembros del partido de derecha New Social Contract, añade incertidumbre sobre la posible evolución de la política estatal respecto al museo. La dirección del Van Gogh Museum espera que el próximo responsable ministerial reconsidere la situación y reconozca que el acuerdo de 1962 representa un compromiso que el gobierno debe honrar.
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