Lo publicó Infobae Cultura hace dos meses: el debate por los derechos de autor parte al medio al mundo de la literatura. Esa grieta se profundizó luego del Decreto 736/2023 que firmó Alberto Fernández el pasado viernes 8 de diciembre. Desde entonces, CADRA (Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina) es la “entidad única” para cobrar y negociar los derechos de reproducción de obras nacionales.
Según el artículo 1, CADRA representa a “los autores y las autoras, sus derechohabientes, sucesores y sucesoras por cualquier título y los editores y editoras de las obras literarias fijadas en formato libro, fascículo, publicación periódica y/o impreso similar, en formato digital o analógico, siempre que hayan sido publicadas, para percibir, administrar y distribuir las retribuciones por los derechos de reproducción reprográfica analógica parcial, parcial o total en caso de la reproducción digital o de cualquier otro tipo”.
¿Qué significa concretamente? Que CADRA dará licencias —tanto por material analógico como digital— a centros de copiado, universidades, empresas y otras instituciones para que puedan difundir material de estudio a usuarios y alumnos. A diferencia de lo que se creía dos meses atrás, “se ha previsto expresamente eximir a las bibliotecas públicas y populares, archivos y museos de la obligación de pago del canon establecido”, dice el decreto.
El dinero recaudado va hacia editores, autores y sucesores, según las licencias de los beneficiarios, sean socios o no. “El derecho de autor es ley. ¿Cuál es la alternativa? ¿No respetar los derechos de autor? Eso es ilegal”, le había dicho a Infobae Cultura Luis Quevedo, actual presidente de CADRA, dos meses atrás. “Acá, el debate ya tiene bastante tiempo. El decreto viene de gobiernos anteriores y la discusión de derechos de autor siempre estuvo vigente y latente en Argentina”.
El martes 12 de septiembre en el Centro Cultural Kirchner se iba a realizar el acto que le daría a CADRA la legitimación judicial y administrativa para regular los derechos de autor. Pero se postergó y finalmente se suspendió. Según fuentes del entonces Ministerio de Cultura de la Nación, el motivo fue que estaban haciendo modificaciones al decreto presidencial que iba a firmarse. El acto nunca se hizo, pero sí salió el decreto.
La polémica sigue vigente y ahora, con el decreto firmado, se profundiza. ¿Y cuáles son las posiciones? De un lado, quienes pretenden regular el uso de fotocopias de libros y su piratería digital —acentuada en pandemia—, y garantizar a autores y editores el cobro por el trabajo realizado. Del otro, quienes vetan la existencia de un ente estatal regulando la circulación del conocimiento y que ese dinero salga del presupuesto educativo.
Pablo Avelluto, ex Ministro de Cultura de la Nación, le había dicho a Infobae Cultura que “con este decreto CADRA va a tener poder de policía, esa es la principal cosa con la que yo estoy en contra” y que “se reparte muy poco dinero”. Ayer, en su cuenta de X, escribió: “Espero que el nuevo gobierno dé marcha atrás con este decreto cuanto antes. Si algo no necesita la Argentina es más monopolios destinados a recaudar dinero de la cultura”.
Beatriz Busaniche, presidenta de Fundación Vía Libre y autora de Propiedad intelectual y derechos humanos, sostuvo días atrás que “en su último día de gestión, Alberto Fernández se va cometiendo una última infamia. En feriado, nos desayunamos con que nos entrega de pies y manos (...) Con un panorama de ajuste feroz sobre las Universidades Públicas, parte de nuestro presupuesto irá gratuitamente a CADRA. El presidente Javier Milei tendrá que revisar estos decretos de última hora que benefician a los amigos y dañan severamente el presupuesto público”.
[Fotos: archivo EFE / Facebook CADRA]
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