
La policía portuguesa desalojó un campamento de protesta por la vivienda en el centro de Lisboa durante la madrugada del domingo, tras intervenir en la plaza Rossio con decenas de agentes, algunos acompañados por perros policía. Hubo varios arrestos y cargos contra manifestantes, mientras se informaba de heridos leves sin cifras disponibles de inmediato.
La operación se produjo después de que los activistas instalaran más de 100 tiendas de campaña al término de una movilización del sábado, que reunió a miles de personas en una de las principales avenidas de la capital portuguesa.
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El desalojo del campamento en Rossio
Poco después de las 2.00, los agentes advirtieron a los participantes que debían retirar las tiendas o serían desmontadas. También amenazaron con acusaciones por desobediencia a quienes se resistieran.

El campamento había vuelto a concentrar a cientos de personas después de que la policía desmontara otra instalación similar en Rossio el martes. Los manifestantes acudieron para proteger las tiendas ante una nueva intervención.
La policía portuguesa desmontó el campamento instalado en la plaza Rossio y arrestó a varios manifestantes tras advertir que las tiendas debían retirarse. La protesta reclamaba medidas frente al encarecimiento de los alquileres, el coste de vida y la escasez de viviendas en Portugal.
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El diputado del Bloque de Izquierda, Fabian Figueiredo, calificó la actuación prevista como “completamente desproporcionada” antes del operativo. Sostuvo que no se había registrado ningún desorden público en el lugar.
Figueiredo, presente en el campamento, preguntó: “Lo peor que podría pasar esta noche es que esta fuerza policial acusara a cientos de personas que están aquí pacíficamente. ¿Por qué?”.
La crisis de vivienda y los reclamos de la protesta
Portugal atraviesa una crisis de acceso a la vivienda: los precios se han más que duplicado desde 2017 y los alquileres de los nuevos contratos casi se duplicaron. Los jóvenes figuran entre los grupos más afectados por esa situación.
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El Banco de Portugal calcula que el país tiene un déficit de 300.000 viviendas, una cifra equivalente al parque habitacional completo de Lisboa.
Vitor Gomes, manifestante de 21 años y estudiante de comunicación multimedia, afirmó: “Tenemos la obligación de luchar por aquello en lo que creemos”. Dijo que la especulación inmobiliaria, la concentración de la riqueza y el aumento de la desigualdad le provocaban pesimismo sobre el futuro.
Los participantes exigen que el Gobierno retire un proyecto de ley que busca facilitar los desalojos y eliminar los topes de alquiler para los nuevos contratos de arrendamiento. La iniciativa superó una primera lectura parlamentaria después de que el partido de extrema derecha Chega se abstuviera.
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