Henry Constantín, director de La Hora de Cuba y vicepresidente regional para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), sigue preso en Cuba pese a las gestiones de su defensa para lograr su liberación.
Una audiencia de hábeas corpus que debía resolverse esta semana quedó pospuesta por un “cambio de labor” administrativo, según informó El Debate.
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La organización Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, exigió este viernes su puesta en libertad inmediata. El organismo denunció que la prisión provisional impuesta al periodista carece de proporcionalidad y se apoya en irregularidades que vulneran incluso la propia legislación cubana.
Una citación con 15 minutos de retraso derivó en la detención
Según reconstruyó el OCDH, todo comenzó con una citación oral para el 8 de septiembre en la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, a la que Constantín llegó con un cuarto de hora de demora. La policía política lo citó nuevamente para el 16 de septiembre y ese día quedó detenido.
¿Por qué está preso Henry Constantín? Las autoridades cubanas lo acusan de un presunto delito de desobediencia por la incomparecencia a esa cita administrativa.
El OCDH sostiene que una tardanza de este tipo no configura por sí sola un delito, y que el derecho penal no puede sustituir los mecanismos administrativos y sancionadores ya previstos para ese tipo de incumplimientos.
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El propio artículo 189.1 del Código Penal cubano, que tipifica la desobediencia, prevé una sanción de seis meses a un año de privación de libertad o una multa de 100 a 300 cuotas.
Para el organismo, esa alternativa demuestra que el propio legislador contempla una respuesta penal que ni siquiera exige encarcelamiento.
La defensa denuncia que no tuvo acceso al expediente
Havana Times documentó que el abogado del periodista no pudo consultar el expediente ni conocer los fundamentos documentales de la prisión provisional.
El sitio recogió que la letrada se reunió con el investigador del caso, identificado como Juan Pablo, quien le confirmó que la medida cautelar ya había sido aprobada y que el expediente había pasado a la Fiscalía.
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La defensa de Constantín argumenta, según el mismo sitio, que la Ley del Proceso Penal solo prevé una multa de hasta cien cuotas por faltar a una primera citación sin causa justificada, mientras que la detención se reserva para la ausencia a una segunda convocatoria.
Como el periodista sí se presentó en esa segunda oportunidad, su equipo legal sostiene que el delito de desobediencia imputado no resulta aplicable.
El OCDH coincide en que el acceso al expediente es condición mínima para ejercer una defensa real. La organización remarcó que no basta con permitir formalmente la presencia de una abogada si no se garantiza el conocimiento documental de la imputación.
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El hábeas corpus quedó frenado por un “cambio de labor”
El recurso de hábeas corpus se firmó el 18 de septiembre e invocó el artículo 96 de la Constitución cubana y los artículos 789.1 y 789.2 de la Ley 143 de 2021. Ese día no pudo presentarse porque, según relató un custodio al entorno del periodista, el personal jurídico no estaba disponible por un “cambio de labor”.
El escrito recién pudo formalizarse el lunes 21 de septiembre ante el Tribunal Provincial Popular de Camagüey, cinco días después de la detención, de acuerdo con lo publicado por Martí Noticias. El OCDH advirtió que una decisión administrativa sobre organización laboral no puede neutralizar una garantía constitucional calificada por ley como procedimiento sumarísimo.
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La audiencia sigue sin fecha firme. El Debate informó este jueves que el tribunal citó primero al viernes, luego pospuso la fecha “quizás para el lunes” y finalmente estimó que “lo más seguro es que sea el próximo martes 29” de septiembre.
Un traslado carcelario que nunca existió
La confusión no se limitó al proceso judicial. La defensa recibió información de que Constantín había sido trasladado a la prisión Cerámica Roja, en el barrio habanero de Lenin.
Esa versión resultó falsa: el propio periodista se comunicó con su pareja, la periodista Alejandra García, y confirmó que permanece en la prisión de Kilo 7, en el barrio camagüeyano de Albaisa.
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El Debate corroboró ese dato de forma independiente este jueves. El OCDH calificó de particularmente grave que la desinformación alcance justamente el lugar de reclusión de una persona privada de libertad, mientras su defensa intenta activar mecanismos de control judicial.
No es la primera detención del periodista
El caso de Constantín no es aislado. Havana Times recordó que la reclusión actual ya superó en duración la detención más larga que había sufrido el periodista hasta entonces: cuatro días en junio de 2025, también en Villa María Luisa, tras acompañar a la periodista Iris Mariño a una citación policial.
En aquella ocasión se lo acusó de un delito de desacato por una publicación sobre la actuación de un agente de la Seguridad del Estado, causa que nunca llegó a juicio.
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Constantín además arrastra una prohibición de salida del país vigente desde 2019, según recogió CiberCuba, lo que le impide asistir a eventos internacionales pese a su cargo dentro de la SIP.
La organización, con sede en Miami, agrupa a más de 1,300 medios del continente y ya había repudiado la detención. “La detención de Henry Constantín constituye un nuevo y grave episodio de hostigamiento contra la prensa independiente en Cuba”, afirmó el presidente de la SIP, Pierre Manigault, según difundió ABC Color.
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la entidad, agregó ante el mismo diario: “Las citaciones, detenciones, vigilancia y arrestos domiciliarios contra Constantín forman parte de un patrón de presión que busca obstaculizar su labor periodística”. Ramos instó al cese inmediato del hostigamiento.
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El pedido del OCDH
El OCDH resumió su posición en cinco puntos: la imputación por desobediencia carece de fundamento típico demostrado, la prisión provisional exige una justificación reforzada que no existe, hay obstáculos para acceder al expediente, se registraron dificultades para tramitar el hábeas corpus y circuló información falsa sobre el lugar de reclusión.
El organismo exigió la liberación de Henry Constantín Ferreiro, el acceso inmediato de su defensa a las actuaciones judiciales, la comunicación formal de las decisiones adoptadas y la tramitación sin más dilaciones del hábeas corpus. También reclamó el pronunciamiento de organizaciones de libertad de prensa y gobiernos democráticos.
Para el OCDH, la prisión provisional “no puede funcionar como pena anticipada ni como instrumento para impedir que un periodista continúe ejerciendo pacíficamente su profesión y sus derechos”.
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