Cómo opera desde hace más de 50 años la huelga de hambre en las cárceles de Cuba

El cuerpo de Orlando Zapata Tamayo tardó 86 días en consumirse por completo dentro de una prisión cubana. Murió el 23 de febrero de 2010, y su madre, Reina Luisa Tamayo, lo dijo sin rodeos horas después: “Ya asesinaron a Orlando Zapata Tamayo, ya acabaron con él (...). Esto ha sido un asesinato premeditado”.

Lo que su muerte dejó al descubierto no era un hecho aislado. Era el eslabón más visible de una cadena que lleva más de medio siglo funcionando con la misma lógica.

La huelga de hambre como último recurso, desde 1972

Todo comenzó con Pedro Luis Boitel. El 25 de mayo de 1972 murió en una prisión cubana tras una huelga de hambre prolongada en la que reclamaba el respeto a los derechos de los reclusos.

Su caso se convirtió en el primer símbolo documentado de resistencia pacífica dentro de las cárceles cubanas. Y abrió una historia que, más de medio siglo después, no ha cerrado.

Según datos de Archivo Cuba, organización independiente de documentación histórica, al menos 26 reclusos murieron por esa causa entre 1966 y 2021. Quince de ellos eran presos políticos.

La huelga de hambre lleva más de 50 años siendo el único recurso que le queda al cuerpo de un recluso cubano para hacerse escuchar, según documentó Radio Martí, emisora de noticias en español con sede en Miami.

Zapata Tamayo: arrestado por tres años, muerto tras 36

Zapata Tamayo fue detenido durante la Primavera Negra de 2003. La condena inicial era de tres años. Las autoridades cubanas le fueron sumando cargos hasta elevar la pena a 36.

Antes de morir fue trasladado desde la Prisión Kilo 8 de Camagüey al penal de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana. El expreso político Ángel Moya, recluido entonces en ese mismo penal, explicó ante Radio Martí que la maniobra tenía un propósito preciso: una vez fallecido, la Seguridad del Estado ordenó mover el cuerpo a un hospital civil “para hacer creer que murió en un hospital y no en una prisión, y de esa forma quitarle la responsabilidad a sus carceleros”.

El Estado gestionó la forma jurídica de la muerte. La responsabilidad política quedó sin nombre.

56 muertes bajo custodia en dos años

Entre enero de 2022 y enero de 2024, Cubalex, organización cubana de asistencia legal y derechos humanos, documentó 56 muertes bajo custodia estatal. La propia organización advierte que esa cifra es un subregistro: la opacidad del Estado impide un recuento completo.

Dentro de ese total, dos reclusos murieron tras declararse en huelga de hambre, ambos en centros penitenciarios. Uno de ellos fue Roleivis León. El equipo de Cubalex aclaró que, si bien se encontraba en huelga al momento de su muerte, la causa del deceso pudo haber sido una golpiza.

El dato no es menor: la represión física y la inanición no son mecanismos alternativos. Operan de forma complementaria dentro del mismo sistema.

El sistema de quejas no funciona, y los reclusos lo saben

La directora ejecutiva de Cubalex, Laritza Diversent, describió a Radio Martí la lógica que antecede a cada protesta. Los reclusos agotan primero los canales formales. “El sistema de quejas y reclamaciones que ha implementado el Estado no funciona”, señaló. Solo entonces el cuerpo se convierte en el último instrumento disponible.

Cubalex documentó además que los huelguistas son enviados habitualmente a celdas de castigo mientras mantienen la protesta. El médico Pedro Acuña lo confirmó ante Radio Martí desde su experiencia directa en Kilo 8: el aislamiento y la presión psicológica se combinan para forzar el abandono de la huelga antes de que el caso adquiera visibilidad pública.

La licencia extrapenal llega siempre tarde

El mecanismo que el régimen repite de forma sistemática, según el registro de Cubalex, tiene una secuencia definida. La licencia extrapenal —que en teoría permite al recluso recibir atención fuera de prisión— llega cuando el estado de salud ya es irreversible.

En el caso de Zapata Tamayo, las autoridades optaron por el traslado entre penales en lugar de la licencia. Pero el resultado fue el mismo.

La secuencia cambia de forma. El desenlace, no.

Más de 50 años sin que un médico pueda actuar con independencia

Los estándares internacionales que el Estado cubano incumple tienen décadas de vigencia. La Declaración de Malta de la Asociación Médica Mundial (WMA) exige independencia profesional del médico, respeto a la autonomía del paciente y confidencialidad de la consulta.

El Manual de Salud en Prisiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la responsabilidad principal del profesional de la salud es con el paciente, aun cuando exista conflicto con la autoridad penitenciaria. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sostiene que las decisiones clínicas deben corresponder exclusivamente al personal sanitario.

Ninguno de esos estándares fue aplicado en el caso de Boitel en 1972. Tampoco en el de Zapata Tamayo en 2010. Ni en los ocho casos verificados entre 2022 y mayo de 2026 por el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) y Cubalex.

La continuidad del patrón, a lo largo de más de 50 años y bajo distintas administraciones del mismo régimen, es lo que las organizaciones de derechos humanos describen como prueba de una política deliberada. No de omisiones aisladas.