El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) activó una alerta ante la comunidad internacional y los gobiernos democráticos por la situación que enfrentan Yunia Figueredo Cruz y Frank Correa, una pareja de periodistas cubanos cuya persecución ya se extendió a su familia.
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) certificó 22 incidentes de hostigamiento institucional contra el matrimonio en un período que va de abril de 2025 a principios de septiembre de este año. El patrón de abusos incluye detenciones sin orden judicial, vigilancia domiciliaria en el barrio habanero de Jaimanitas, cortes de internet, confiscación de herramientas de trabajo e interrogatorios coercitivos.
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El punto de inflexión llegó los días 3 y 4 de septiembre, cuando agentes de la Seguridad del Estado se presentaron en la Universidad de La Habana para preguntar por la situación académica de Beily Mariam Correa, hija mayor de la pareja. La maniobra fue interpretada por el ICLEP como una forma de presión psicológica sobre los comunicadores a través de sus seres queridos.
Yunia Figueredo debe presentarse mensualmente ante la policía
Al día siguiente, las autoridades impusieron a Figueredo una medida de control obligatorio: la periodista debe comparecer cada día 10 del mes ante la unidad policial en el marco de una investigación penal abierta en su contra por “promover e informar sobre manifestaciones populares”.
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En ese mismo contexto, los funcionarios le exigieron que cortara vínculos con la Embajada de Estados Unidos y la instaron a “pensar en el bienestar de sus hijas”.
Arailaisy Rosabal, investigadora principal del OCLE, explicó el alcance de las medidas en declaraciones a Martí Noticias: “Presentamos este comunicado porque la represión contra los periodistas Yunia Figueredo y Frank Correa ha escalado en dos direcciones muy concretas y ambas exigen denuncia inmediata”.
Sobre la restricción de movimiento, Rosabal fue precisa: “Eso no es un trámite administrativo, es una manera de control permanente sobre la libertad de una periodista”.
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El régimen usa a los hijos como herramienta de chantaje político
La investigadora también subrayó la dimensión más inquietante del caso: “La Seguridad del Estado ha lanzado advertencias contra la hija mayor de Yunia y Frank, Beily Marian Correa. Eso es represión vicaria, o sea, castigar a quien no ejerce el periodismo para quebrar a quien sí lo hace”.
El ICLEP interpreta este giro como un cambio de estrategia del aparato represivo cubano, que ya no circunscribe el castigo al periodista sino que convierte el futuro de sus hijos en moneda de cambio política.
El motivo del acoso es la cobertura de la crisis energética
Figueredo y Correa ganaron protagonismo incómodo para el régimen cubano por su labor informativa en Jaimanitas. Sus crónicas documentaron los cortes de electricidad, la deficiencia en la recolección de basura y el malestar que estas condiciones generaron entre los vecinos del barrio.
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Ante la ausencia de garantías legales dentro del país, el ICLEP concluyó que la denuncia pública internacional constituye hoy el único mecanismo real de protección para evitar que el Estado avance hacia medidas de encarcelamiento u otras represalias de mayor alcance.
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