
Los estudiantes cubanos tendrán, sobre el papel, el derecho a expresar libremente sus opiniones. Pero también estarán obligados a “defender los principios de la Revolución”.
Esa contradicción atraviesa el anteproyecto de la nueva Ley de Educación con el que el Gobierno de Cuba pretende reemplazar la Ley 680, vigente desde 1959.
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El texto, de 243 artículos, fue dado a conocer por CubaNoticias 360. Su presentación ante la Asamblea Nacional del Poder Popular está prevista para diciembre.
Derechos reconocidos y deberes ideológicos en el mismo artículo
El artículo 11 del anteproyecto reconoce que los alumnos pueden formar y expresar libremente sus opiniones, ser escuchados y participar en las decisiones que los afectan. El artículo 12, en cambio, les impone entre sus deberes “defender los principios de la Revolución, preservando la independencia y seguridad nacional”.
El documento no explica cómo se resolvería un conflicto entre ambas disposiciones. Tampoco aclara qué ocurriría con un estudiante que expresara posiciones políticas contrarias al socialismo, según detalló CubaNoticias 360.
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La obligación ideológica no se limita a los alumnos. El artículo 14 exige al personal docente y no docente “defender la Patria Socialista, los principios de la Revolución y los valores de la sociedad cubana”, además de mantener una preparación político-ideológica permanente. A esa exigencia se suma la obligación de mantener un comportamiento ético en las redes sociales, una disposición que la propuesta no define con precisión.
El fundamento doctrinal del sistema aparece de forma explícita en el artículo 6, que establece que la educación promoverá valores e ideales nacionales sobre la base del pensamiento “martiano, fidelista, marxista y leninista”.
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El Comité Central condiciona la autonomía universitaria
La subordinación política alcanza también a la enseñanza superior. El artículo 50 incluye al Comité Central del Partido Comunista de Cuba entre los organismos a los que se subordinan determinadas instituciones universitarias.
La autonomía reconocida a esos centros queda, además, condicionada a su coherencia con “los principios de la sociedad socialista”, de acuerdo con lo recogido por CubaNoticias 360.

Financiamiento mixto sin apertura a escuelas privadas
El anteproyecto incorpora también cambios económicos, en un sistema golpeado por la falta de docentes y el deterioro de las instalaciones. El artículo 41 mantiene bajo responsabilidad estatal la administración de las instituciones educativas, pero admite recursos de formas de gestión no estatal y de cooperación internacional.
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El artículo 239, por su parte, habilita a los organismos formadores a generar ingresos complementarios mediante fundaciones, empresas interfaz y mipymes. La viceministra de Educación, Marlen Triana Mederos, explicó al diario estatal Granma: “Seguimos siendo presupuestados, pero vamos a poder hacer uso de financiamiento complementario para continuar favoreciendo los procesos educativos”.
Esa apertura no habilita la creación de colegios privados independientes. El Estado conservará la administración de los centros, aunque con mayor participación económica del sector no estatal, según precisó CubaNoticias 360.

La futura norma define además la escolaridad obligatoria desde preescolar hasta noveno grado. “Esta ley viene a definir que será obligatoria la educación en Cuba desde el sexto año de vida de la primera infancia, que es el grado preescolar, hasta el noveno grado”, precisó Triana Mederos al mismo diario.
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Entre las novedades figura también la certificación de conocimientos adquiridos fuera del sistema escolar. “Si usted de manera autodidacta sabe ser soldador y lo demuestra, puede recibir una titulación”, ejemplificó la viceministra.
Promesas legales frente a una crisis que ya golpea las aulas
El anteproyecto, elaborado con la participación de más de 25 organismos bajo la coordinación de los ministerios de Educación y Educación Superior, llega en medio de un deterioro profundo del sistema escolar cubano.
El contraste entre lo que promete la norma y lo que ocurre en las aulas es, según reportó CubaNoticias 360, uno de los puntos más débiles de la propuesta.
La crisis no es una proyección futura: ya es parte del curso lectivo en marcha. Según un balance publicado por Granma y recogido por CiberCuba, portal informativo cubano independiente, la cobertura docente nacional rondaba el 73% al inicio de las clases, con cerca de 24 mil plazas sin cubrir y más de 380 mil alumnos sin maestro titular asignado.
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Camagüey, Holguín, Matanzas y Sancti Spíritus concentraron las mayores carencias. Para cubrir las aulas, el Ministerio de Educación recurrió a universitarios, jubilados reincorporados y profesionales de otros sectores, una solución que no resuelve la pérdida de docentes con experiencia.
Los apagones agravan el panorama. CiberCuba documentó el caso de la escuela primaria Máximo Gómez, en Matanzas, que acumulaba más de 23 días sin electricidad a comienzos de octubre, pese a la instalación de un transformador sustituto que generó nuevas sobrecargas.
La agencia Reuters informó que los cortes de electricidad superan las 18 horas diarias en La Habana y afectan también a los 330 centros de educación especial que el Gobierno mantiene abiertos en todo el país. En la Escuela para Ciegos Abel Santamaría, la falta de combustible redujo las clases presenciales a cuatro días por semana.
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El salario de los maestros cubanos, fijado por la Resolución 18/2026 en entre 6,130 y 7,735 pesos cubanos mensuales, equivale a menos de 12 dólares al cambio informal, según el mismo relevamiento de CiberCuba. Esa brecha explica buena parte del éxodo docente hacia sectores mejor remunerados.
El anteproyecto contempla alimentación escolar, materiales didácticos y mejores condiciones laborales para los profesores. Sin embargo, no establece compromisos presupuestarios concretos que garanticen el cumplimiento de esas disposiciones, un vacío que CubaNoticias 360 señaló como central en su análisis del texto.
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