
Las autoridades hondureñas evalúan tres posibles ubicaciones para construir una nueva cárcel de máxima seguridad, en medio de la presión por ampliar la capacidad del sistema penitenciario y fortalecer las medidas contra la criminalidad.
La decisión sobre el lugar definitivo dependerá de los resultados de las inspecciones técnicas que realizan los organismos responsables de la seguridad.
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Uno de los sitios inspeccionados es La Acequia, en el departamento de Santa Bárbara, donde existe una edificación abandonada que podría aprovecharse para desarrollar el proyecto penitenciario.
El presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, recorrió las instalaciones junto con otras autoridades para conocer las condiciones del terreno y determinar si reúne los requisitos necesarios.
De acuerdo con el titular del Legislativo, el predio dispone de aproximadamente 50 manzanas de terreno y una infraestructura en la que se habrían invertido alrededor de 500 millones de lempiras.

Esta construcción representa una inversión previa que, de cumplir con las condiciones requeridas, podría aprovecharse para reducir parte de los costos y el tiempo de ejecución del nuevo centro penal.
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Zambrano explicó que existen tres alternativas bajo consideración y que la selección final estará a cargo de las instituciones responsables de la seguridad del país.
“Nosotros vamos a respaldarlo, porque ellos son los expertos, son los que saben, son los que conocen”, manifestó el presidente del Congreso Nacional al referirse a las evaluaciones que se realizan en los terrenos identificados.
El funcionario agregó que, una vez concluidas las inspecciones, se espera definir la ubicación en los próximos días y posteriormente gestionar los recursos financieros necesarios para comenzar las obras.
Las proyecciones preliminares apuntan a que la construcción de la cárcel de máxima seguridad podría comenzar a inicios de 2027, siempre que se completen las evaluaciones técnicas, se seleccione el terreno y se asegure el financiamiento.
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El plan contempla la posibilidad de desarrollar dos o tres módulos penitenciarios, con el objetivo de habilitar los primeros espacios en un período aproximado de diez meses. Sin embargo, estos plazos dependerán de la planificación definitiva y de las condiciones en las que se ejecute el proyecto.
La iniciativa busca aumentar la disponibilidad de espacios para personas privadas de libertad y reforzar la capacidad del Estado para mantener bajo custodia a reclusos considerados de alta peligrosidad.
Durante su intervención, Zambrano defendió la necesidad de contar con una nueva instalación penitenciaria y vinculó el proyecto con las medidas que impulsa el Estado para combatir la delincuencia.
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“Si la gente quiere paz, quiere tranquilidad, quiere vivir seguro, se necesita un nuevo centro penal de máxima seguridad”, expresó.
La construcción de una nueva cárcel se plantea en un contexto de desafíos para el sistema penitenciario hondureño, entre ellos la disponibilidad de espacios y la necesidad de mantener el control dentro de los centros penales.
Según las declaraciones de Zambrano, la capacidad de los establecimientos penitenciarios ronda los 1.300 privados de libertad, aunque no precisó si la cifra corresponde a la capacidad por centro o a otro indicador del sistema.

También mencionó que se han registrado 57 detenidos en menos de un mes, sin detallar las circunstancias ni el alcance de ese dato.
La selección del terreno será determinante para establecer las características de la obra, su distribución y los recursos que deberán destinarse a su construcción.
Aunque La Acequia figura entre las alternativas examinadas, la infraestructura abandonada todavía debe superar las evaluaciones correspondientes antes de ser elegida oficialmente.
La decisión final recaerá en las autoridades competentes en materia de seguridad, que deberán establecer si el lugar ofrece las condiciones necesarias para operar como un centro penitenciario de máxima seguridad.
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