Proyecto en Costa Rica busca que diputados y otros altos jerarcas no puedan invocar inmunidad ante denuncias por delitos sexuales

La inmunidad constitucional dejaría de impedir o retrasar investigaciones penales por delitos sexuales contra diputados y otros integrantes de los supremos poderes si prospera un proyecto presentado esta semana en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

La propuesta, tramitada bajo el expediente 25.825, plantea modificar los artículos 110, 121 inciso 9), 143 y 151 de la Constitución Política. Su objetivo es establecer una excepción expresa al fuero constitucional cuando se investiguen hechos relacionados con abuso sexual, acoso sexual u otros delitos de naturaleza sexual.

La reforma es impulsada por diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y tiene como principal firmante al jefe de fracción, Álvaro Ramírez Bogantes. También aparece respaldada por legisladores como Iztarú Alfaro Guerrero, Rafael Ángel Vargas Brenes, Andrea Valverde Palavicini, Marco Francisco Badilla Chavarría, Diana Murillo Murillo, Karen Alfaro Jiménez, Janice Sandí Morales, Mangell Mc Lean Villalobos, Norjelens Lobo Vargas, Karol Matamoros Montoya, Ronald Campos Villegas, Salvador Padilla Villanueva, Víctor Manuel Hidalgo Solís, Ángela Aguilar Vargas y Eder Hernández Ulloa.

El cambio no eliminaría la inmunidad parlamentaria ni el fuero constitucional de manera general. La protección se mantendría para otros tipos de procesos, pero dejaría de operar como requisito previo para iniciar o continuar una causa penal relacionada con delitos sexuales.

Actualmente, determinados altos funcionarios cuentan con protecciones constitucionales que obligan a seguir procedimientos especiales antes de que puedan ser sometidos a ciertas causas judiciales. En algunos casos, la Asamblea Legislativa debe decidir previamente si levanta el fuero o si existe lugar a formación de causa.

No solo alcanzaría a los diputados

Aunque buena parte de la discusión pública se ha concentrado en la inmunidad de los legisladores, el alcance del proyecto es más amplio.

La reforma al artículo 110 modificaría las reglas aplicables a diputados; el cambio al artículo 143 alcanzaría a ministros, mientras que la modificación al artículo 151 permitiría investigar penalmente a quien ocupe la Presidencia o una Vicepresidencia de la República por delitos sexuales sin que previamente exista una declaratoria de formación de causa por parte del Congreso.

El artículo 121 inciso 9) también sería reformado para introducir la excepción en la competencia que actualmente tiene la Asamblea Legislativa para admitir acusaciones contra determinados integrantes de los supremos poderes.

El proyecto señala que la eliminación de ese requisito en delitos sexuales no significaría una declaración anticipada de culpabilidad.

Las personas investigadas mantendrían sus garantías de defensa, el derecho a conocer los cargos en su contra, controvertir las pruebas y ser representadas por una defensa técnica. La responsabilidad penal continuaría siendo determinada por los tribunales.

Para los proponentes, el fuero constitucional tiene como finalidad proteger el ejercicio de determinadas funciones públicas frente a posibles persecuciones políticas, no impedir investigaciones relacionadas con conductas sexuales presuntamente delictivas.

Álvaro Ramírez sostuvo que “hemos visto con mucha preocupación cómo se usa la inmunidad de los jerarcas de los supremos poderes como un escudo de impunidad frente a casos graves”, y mencionó específicamente delitos de naturaleza sexual.

El legislador agregó que el propósito es modificar las reglas para que esos casos puedan ser conocidos directamente por las autoridades judiciales sin depender previamente de una decisión política dentro del Congreso.

La discusión surge tras denuncias contra legisladores

La presentación de la iniciativa ocurre después de varias controversias relacionadas con denuncias de presunto hostigamiento sexual contra diputados.

En septiembre, legisladoras del Frente Amplio (FA), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC) solicitaron al diputado oficialista Fernando Obaldía Álvarez, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), renunciar a su inmunidad para enfrentar denuncias por presunto acoso sexual. El Ministerio Público confirmó entonces la existencia de denuncias contra el congresista, quien conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia en firme.

Posteriormente, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, conformó una comisión especial de cinco diputados, uno por cada fracción legislativa, para investigar una denuncia por presunto hostigamiento sexual contra Obaldía bajo el reglamento interno del Congreso.

El proyecto presentado por Liberación Nacional hace referencia al debate generado por situaciones recientes dentro de la propia Asamblea Legislativa. Ramírez también mencionó públicamente el caso de Obaldía al explicar las razones de la propuesta.

Meses antes, el Congreso también había abordado una investigación por hostigamiento sexual contra el entonces diputado Fabricio Alvarado Muñoz. En abril, 33 legisladores aprobaron una amonestación ética pública dentro de ese procedimiento. En mayo, una moción que buscaba revertir el archivo del expediente fue rechazada por 29 votos contra 24.

Proyecto requerirá una mayoría calificada

Debido a que se trata de una reforma parcial de la Constitución Política, la iniciativa no seguirá el mismo procedimiento que un proyecto de ley ordinario.

La propuesta deberá superar las etapas constitucionales correspondientes y requerirá una mayoría calificada. Para avanzar, necesitaría el respaldo de al menos 38 diputados, equivalentes a dos terceras partes del total de integrantes de la Asamblea Legislativa.

El expediente se encuentra en la etapa de admisibilidad de reforma constitucional y todavía no registra votaciones.

El texto también utiliza cifras judiciales para justificar la necesidad de modificar el marco actual. Durante 2024 se registraron 15,562 mujeres ofendidas por ilícitos de naturaleza sexual, equivalentes al 87% del total consignado en la fuente utilizada por los proponentes.

La discusión legislativa determinará ahora si existe el respaldo suficiente para introducir por primera vez una excepción expresa a la inmunidad constitucional por delitos sexuales.

Ramírez aseguró que la bancada inició conversaciones con otras fracciones y resumió el objetivo de la iniciativa al señalar que “lo importante es cambiar las reglas del juego y que las reglas del juego reflejen el compromiso político y ético que tenemos”.