El hombre de apellido Sosa que atacó a la médica veterinaria Jennifer Brenes en Cartago fue trasladado a medicina legal del Organismo de Investigación Judicial y un juzgado ordenó su internamiento por un mes en el Centro de Atención de Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley, una medida vinculada a la investigación por tentativa de homicidio y a una valoración psiquiátrica preliminar que detectó un posible padecimiento mental.
Según Grupo Extra, el sospechoso fue llevado esposado y con dos custodios policiales al edificio de medicina legal del OIJ, ubicado en diagonal a los tribunales de la provincia. El medio indicó que ingresó a los tribunales en altas horas de la noche del jueves, después de ser valorado en psiquiatría.
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El ataque ocurrió ese mismo jueves en una clínica veterinaria de Guadalupe de Cartago. Allí, Sosa agredió con un martillo a la profesional identificada como Jennifer Brenes en su centro médico veterinario.
El juzgado ordenó un internamiento provisional de un mes
El Juzgado Penal de Cartago dispuso el internamiento del imputado en el Capemcol por un mes. La causa se tramita por el delito de tentativa de homicidio.
Antes de la audiencia realizada este viernes en los tribunales de Cartago, el Ministerio Público había informado que solicitaría medidas cautelares. La resolución finalmente acogió la petición de internamiento mientras avanza la valoración sobre su condición mental.
De acuerdo con la información publicada, esa medida no constituye una condena. Se trata de una disposición provisional aplicada cuando una evaluación psiquiátrica preliminar sugiere que el imputado podría presentar un trastorno mental.
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La Fiscalía busca determinar si existe inimputabilidad
La Fiscalía pidió el internamiento para que al sospechoso se le practiquen nuevas evaluaciones médicas. A partir de esos estudios se pretende establecer si corresponde declarar la inimputabilidad y aplicar un procedimiento especial.
La inimputabilidad es la condición de una persona que, al momento de cometer un hecho, no tiene capacidad para comprender si su conducta constituye un delito o, aun si lo entiende, no puede actuar conforme a esa comprensión, como puede ocurrir ante una enfermedad mental.
Según la publicación, la legislación costarricense prevé que, cuando existen sospechas fundadas de una alteración mental que afecte la capacidad de comprender la ilicitud de los actos, el sospechoso no sea enviado a una cárcel común. Esa evaluación se realiza de cara a una eventual declaración de inimputabilidad o de imputabilidad disminuida.
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Grupo Extra también informó que Sosa fue observado dentro de las instalaciones judiciales bajo custodia policial mientras era sometido a revisión médica. El traslado se realizó en el edificio de medicina legal del OIJ, frente a los tribunales de Cartago.
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