Cinco países de la Unión Europea pactaron crear centros de retorno migratorio fuera del bloque a partir de 2027

Dinamarca, Alemania, los Países Bajos, Austria y Grecia acordaron un modelo conjunto para crear centros de retorno fuera de la Unión Europea (UE), con el objetivo de comenzar a enviar allí a migrantes con el asilo rechazado a partir de 2027.

El encuentro se realizó en Copenhague entre los titulares de Interior y Migración de los cinco países, quienes trazaron por primera vez un esquema común sobre cómo deberán operar estas instalaciones. El ministro de Inmigración e Integración danés, Morten Bodskov, ejerció como vocero del grupo. “Nuestro objetivo es estar preparados para enviar a la gente antes de finales de 2027. Esa es nuestra fecha límite”, afirmó.

Bodskov enmarcó la iniciativa como parte de “una transformación fundamental del sistema común europeo de migración y asilo” y recordó que, hasta hace pocos años, este tipo de propuestas eran objeto de burla y se consideraban incompatibles con el derecho de la UE y el derecho internacional. Rechazó además que estos espacios funcionen como centros de detención: los describió como una segunda oportunidad para quienes no pueden regresar a su país de origen ni cuentan con base legal para quedarse en territorio europeo, con la posibilidad de acceder a “una nueva vida en un país socio”.

Alexander Dobrindt, titular de Interior alemán, definió la cumbre como “enormemente importante” y adelantó que el grupo volverá a reunirse en Múnich a finales de este mes para continuar las negociaciones. Fijó además un plazo concreto para avanzar con los socios extracomunitarios: “Queremos llegar a un acuerdo con terceros países antes de que termine este año, lo que permitirá establecer centros de retorno”.

La postura de Dobrindt coincide con la de una mayoría de Estados miembros de la Unión Europea, que reclaman acelerar el traslado de estos centros hacia territorios fuera del bloque, siguiendo el modelo que aplican Italia y Albania. El respaldo normativo a ese reclamo llegó en mayo, cuando el bloque aprobó una reforma que endurece la política de asilo comunitaria.

En junio, el Parlamento Europeo había habilitado a los Estados miembros a levantar estos centros por su cuenta o en pequeñas coaliciones, para derivar allí a los solicitantes rechazados en lugar de devolverlos a sus países de origen. El ministro neerlandés Bart van den Brink calificó la medida como “algo nuevo e innovador” y adelantó misiones técnicas a los potenciales socios: “Queremos hacerlo a la manera europea, en consonancia con nuestros valores, el derecho internacional y los derechos humanos como pilar fundamental”.

Bodskov sostuvo que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) supervisarían el funcionamiento de las futuras sedes, aunque ninguno de los dos organismos confirmó ese papel. ACNUR señaló que “no se le han presentado detalles de dicha propuesta” y que, por ese motivo, no puede pronunciarse sobre las negociaciones puntuales en curso. La OIM, por su parte, precisó que los diálogos “siguen siendo exploratorios” y que hasta el momento solo brindó asesoramiento técnico a algunos gobiernos sobre garantías y aspectos operativos. Un portavoz del organismo remarcó la necesidad de que cualquier iniciativa de este tipo “cumpla con los marcos jurídicos y regulatorios de la UE, proteja los derechos de los migrantes, respete los intereses de los países socios y garantice el acceso de las personas a soluciones significativas y sostenibles”.

Los cinco gobiernos no precisaron qué naciones negocian actualmente alojar estas sedes, aunque Ruanda figuró entre los nombres mencionados en semanas previas. A principios de agosto, la portavoz del gobierno ruandés, Yolande Makolo, había señalado que resultaba “natural” dialogar con administraciones europeas para recibir a personas sin autorización para permanecer en otros territorios, y citó como antecedente un mecanismo de tránsito creado en Gashora en 2018 para evacuados de Libia. “Queremos ser parte de la solución a un gran problema global”, concluyó.

El plan generó objeciones de países como España y de distintas organizaciones humanitarias, que cuestionan su eficacia y su compatibilidad con los derechos fundamentales reconocidos por la UE. El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, sostuvo en un comunicado que “las vagas garantías de cumplimiento de la legislación sobre derechos humanos no son suficientes” y agregó que “los Estados deben comprometerse con las salvaguardias necesarias para evitar la creación de agujeros negros en materia de derechos humanos”.

La organización de derechos humanos PICUM, con sede en Bruselas, también objetó el encuentro. Su directora, Michele LeVoy, señaló: “Externalizar el control migratorio es una vieja táctica para simplemente ocultar a las personas y eludir las obligaciones en materia de derechos humanos”.

(Con información de AP y EP)