Fiscalía de Costa Rica ordenó detener a dos jueces y una funcionaria del OIJ por presuntos vínculos con grupo ligado a alias “Diablo”

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) ordenó la detención de tres funcionarios judiciales de los Tribunales de Pococí, como parte de una investigación por presuntas colaboraciones con una agrupación criminal dedicada al narcotráfico.

Los sospechosos fueron identificados únicamente por sus apellidos: Ramírez, Valverde y Rojas. De acuerdo con la información divulgada, Ramírez y Valverde son jueces del Juzgado Penal de Pococí, mientras que Rojas es funcionaria del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), según indicó La Nación.

El Ministerio Público investiga la posible comisión de los delitos de procuración de impunidad, cohecho, penalidad del corruptor y peculado de uso.

Según la Fiscalía, los hechos bajo investigación habrían ocurrido entre 2023 y 2026, periodo durante el cual los funcionarios presuntamente habrían utilizado sus puestos para colaborar con una organización vinculada con actividades de narcotráfico.

Las autoridades buscan determinar si los investigados recibieron dádivas, desatendieron responsabilidades propias de sus cargos o utilizaron instalaciones y recursos institucionales con fines personales.

Tras las detenciones, los tres deberán rendir declaración indagatoria ante el Ministerio Público. Posteriormente, la Fiscalía analizará el expediente y definirá qué tipo de medidas cautelares solicitará contra cada uno.

Investigación tendría relación con el Caso Colorado

La causa también tendría conexiones con el denominado Caso Colorado, una investigación desarrollada desde 2023 contra personas cercanas y familiares de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, identificado por las autoridades como una de las figuras más relevantes dentro de estructuras criminales que han operado en la provincia de Limón.

De acuerdo con información publicada por La Nación, los jueces Ramírez y Valverde habrían tramitado en diferentes momentos asuntos relacionados con ese expediente.

En la operación desarrollada en 2023, las autoridades detuvieron a una hermana de Arias Monge, así como a su entonces pareja sentimental y otras personas cercanas a su entorno.

Entre quienes fueron detenidos figuró una mujer de apellidos Jiménez Villalobos, identificada como pareja sentimental de alias “Diablo”; Marín Jiménez, hermana de esta, y un hombre de apellido Delgado, conocido como “Mr. Músculo”, quien había trabajado anteriormente como agente del OIJ.

La investigación contra los funcionarios judiciales se tramita bajo el expediente 25-009138-0042-PE.

Las autoridades todavía deberán establecer judicialmente si las actuaciones atribuidas a los sospechosos efectivamente constituyeron colaboraciones con la organización criminal. Mientras avanza el proceso, los tres mantienen su presunción de inocencia.

Presidente de la Corte promete “cero tolerancia”

Tras conocerse las diligencias, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, reaccionó públicamente y afirmó que las actuaciones de este martes forman parte de los mecanismos internos existentes para detectar posibles irregularidades dentro del Poder Judicial.

“En el Poder Judicial tenemos cero tolerancia a la corrupción. Lo ratificamos una vez más con hechos. Las acciones desarrolladas esta mañana por el Organismo de Investigación Judicial bajo la dirección funcional del Ministerio Público son una muestra clara de ese compromiso”, afirmó Aguirre.

El magistrado sostuvo que es la propia institucionalidad judicial la que dispone de mecanismos para detectar, investigar y eventualmente sancionar las conductas irregulares de sus funcionarios.

“Es la propia institución, a través de sus mecanismos internos, la que detecta, investiga y procesa a quienes presuntamente estén vinculados con actos irregulares. Seguiremos investigando y, cuando corresponda, sancionando y separando de la institución a cualquier funcionario al que se le compruebe un acto de corrupción”, señaló.

Aguirre insistió, sin embargo, en que cualquier actuación administrativa o judicial debe realizarse respetando las garantías de las personas investigadas.

“Todo esto, por supuesto, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. Así funciona el sistema. El OIJ detiene, la Fiscalía investiga y acusa y los jueces dictan sentencia. En el Poder Judicial no toleramos la corrupción, no la encubrimos, no la permitimos”, agregó.

La detención de funcionarios del propio sistema judicial ocurre en medio de una investigación que toca uno de los expedientes criminales de mayor exposición pública en los últimos años, debido a la figura de alias “Diablo” y a los esfuerzos de las autoridades por desarticular las redes de apoyo que, presuntamente, han permitido la operación de estructuras vinculadas con el narcotráfico.

El caso abre ahora una nueva línea de investigación centrada en establecer si funcionarios responsables de administrar justicia o investigar delitos utilizaron sus cargos para favorecer intereses ajenos a sus responsabilidades institucionales.

Por el momento, la Fiscalía continuará con las indagatorias y deberá determinar si solicita prisión preventiva u otras medidas cautelares contra los tres investigados.