La sanción contra Víctor Perlaza volvió a cobrar atención después de que el juez penal de Limón dejara en libertad a la esposa de Edwin López Vega, alias Pecho de rata, investigada en el caso Riverside.
La Fiscalía pidió un año de prisión preventiva para la mujer. El juzgado le impuso firma cada 15 días e impedimento de salida del país.
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Según El Observador, la Oficina de Prensa del Poder Judicial confirmó que Perlaza Rojas estuvo a cargo de la audiencia de medidas cautelares contra la imputada, identificada por los apellidos Smith de la O.
La esposa de alias Pecho de rata fue detenida al regresar de Suiza
Smith de la O fue detenida el domingo en el aeropuerto internacional Juan Santamaría, cuando volvía de Suiza. En su contra pesaba una orden de captura internacional.
La mujer enfrenta una causa por presunta legitimación de capitales y asociación ilícita dentro del expediente Riverside. La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial solicitó que permaneciera detenida durante un año.
El Organismo de Investigación Judicial la vincula con depósitos bancarios, transferencias y la movilización y administración operativa de recursos financieros relacionados con López Vega.
El expediente sostiene que esas acciones serían compatibles, de forma presunta, con esquemas de administración compartida de recursos entre jefes de estructuras criminales y sus parejas sentimentales.
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Consultado por El Observador sobre su resolución, Perlaza Rojas dijo que no se referiría a temas laborales.
El juez dejó libres a cuatro sospechosos en un caso de marihuana
El antecedente disciplinario contra Perlaza Rojas se remonta al 12 de abril de 2017. Ese día, las autoridades detuvieron a cuatro hombres en el mar Caribe, a unos 75 kilómetros de la costa de Limón.
El operativo involucró al Servicio Nacional de Guardacostas y a un avión de patrullaje de Estados Unidos. Las autoridades observaron una lancha sospechosa.
Según la publicación, los ocupantes arrojaron paquetes al mar cuando advirtieron la presencia policial. La policía recuperó la droga y arrestó a los sospechosos.
Los detenidos fueron identificados con los apellidos Bernard, Castro, Alvarado y Acuña. La causa se registró bajo el expediente 17-000613-0472-PE.
El cargamento recuperado sumó 1,235 kilos de marihuana. Un día después de las capturas, Perlaza Rojas ordenó liberar a los cuatro imputados sin imponerles medidas cautelares.
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La Fiscalía apeló esa decisión. El 26 de abril de 2017, el Tribunal de Limón dictó seis meses de prisión preventiva, aunque solo uno de los sospechosos se presentó a la audiencia.
La Inspección Judicial cuestionó la valoración del juez
La Inspección Judicial, órgano disciplinario del Poder Judicial, asumió el procedimiento contra Perlaza Rojas. El Tribunal de la Inspección Judicial le trasladó cargos en una resolución del 9 de mayo de 2017.
El órgano reprochó una contradicción en la decisión del juez. Perlaza Rojas reconoció la existencia de informes de la Policía Nacional de Guardacostas y de la Policía de Control de Drogas.
Esos documentos establecían un grado de probabilidad sobre la participación de los imputados. Pese a ello, el juez concluyó que una duda sobre el conteo de la droga impedía dictar cualquier medida cautelar.
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La actuación fue revisada por la Corte Plena, que en 2019 concluyó que existió un error grave e injustificado en la administración de justicia.
La Corte Plena mantuvo la sanción de dos meses sin salario
La Corte Plena le impuso al juez una sanción de dos meses sin goce de salario el 9 de setiembre de 2019. La falta fue calificada bajo el artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Perlaza Rojas presentó un recurso de reconsideración. Los magistrados lo analizaron durante la sesión del 17 de febrero de 2020.
El juez alegó que el procedimiento había prescrito. Sostuvo que transcurrieron dos años y cuatro meses hasta que recibió la notificación del traslado de cargos.
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También afirmó que había valorado los requisitos del artículo 239 del Código Procesal Penal. “El análisis hecho por el suscrito tuvo sustento en un aspecto de interpretación y aplicación de la norma jurídica”, manifestó Perlaza Rojas ante los magistrados.
El funcionario pidió que se le eximiera de responsabilidad disciplinaria, se archivara el expediente y se reconsiderara la sanción por considerarla desproporcionada.
Los magistrados rechazaron esos argumentos. La Corte concluyó que el procedimiento respetó los requisitos necesarios para dictar una resolución válida.
En su análisis, el alto tribunal sostuvo que Perlaza Rojas valoró de manera anticipada y prematura aparentes fallas en la cadena de custodia. Los magistrados consideraron que debía limitarse a verificar los presupuestos exigidos para resolver sobre la prisión preventiva.
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La resolución indicó que el error causó perjuicios procesales y afectó la imagen del Poder Judicial.
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