El Gobierno de Costa Rica reducirá el presupuesto para 2027 un 3.1% frente al aprobado para 2026, en un escenario marcado por una deuda pública superior al 60% del producto interno bruto. La propuesta fue presentada ante el Congreso, según informó EFE.
El Ministerio de Hacienda prevé un gasto de 12.4 billones de colones, una cifra equivalente a unos USD 27,000 millones. Del total, el 40% se destinará al pago de obligaciones vinculadas con la deuda.
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Costa Rica proyecta menos gasto público para 2027 mientras la deuda se mantiene por encima del 60% del PIB y una parte de los recursos queda comprometida para financiarla. El plan contempla ingresos propios, emisión de deuda y ajustes en instituciones como el Poder Judicial, Seguridad y Justicia.
La deuda seguirá por encima del 60% del PIB en 2027
El proyecto presupuestario estima que la deuda pública continuará sobre ese umbral durante 2027. El indicador se ha mantenido por encima de ese nivel desde 2020, salvo en 2024.
En ese año, la deuda se ubicó en 58.9% del PIB. Al cierre del primer semestre de 2026, ya había llegado a 61.1% del PIB.
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El Ministerio de Hacienda calculó que los ingresos del Gobierno tendrán un aumento de 2.3%. Esa proyección acompaña el presupuesto enviado al Poder Legislativo.
Las previsiones oficiales fijan un crecimiento económico de 3.4% para 2026 y de 3.5% para 2027. El documento también estima déficits fiscales de 4.62% y 4.38% del PIB, respectivamente.
La financiación prevista combina recursos propios y endeudamiento. Según EFE, los ingresos del Estado aportarán 62.3% del total, mientras que la deuda cubrirá el 37.7% restante.
La estructura de financiamiento muestra el peso de las obligaciones financieras dentro de las cuentas públicas. El pago de la deuda absorberá dos quintas partes del presupuesto propuesto.
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Educación tendrá la partida más alta pese a una reducción nominal
El Ministerio de Educación recibirá la mayor asignación dentro del proyecto para 2027. La partida equivale a 4.9% del PIB.
El monto, sin embargo, será 0.7% menor en términos nominales. La baja forma parte del recorte general previsto para el próximo ejercicio.
El Poder Judicial recibirá 1.9% menos recursos. La reducción ocurre en un escenario de intercambios públicos entre esa institución y el Ejecutivo durante las administraciones de Laura Fernández y Rodrigo Chaves.
Chaves gobernó Costa Rica entre 2022 y 2026. Actualmente, ocupa los cargos de ministro de Hacienda y ministro de la Presidencia.
Las diferencias entre el Ejecutivo y el Poder Judicial estuvieron vinculadas a asuntos de seguridad, liberación de personas detenidas, narcotráfico y violencia asociada a ese fenómeno. El proyecto no detalla cómo se distribuirá el ajuste dentro de la institución.
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Seguridad y Justicia también tendrán recortes presupuestarios
El Ministerio de Seguridad tendrá una disminución de 1.7% en su presupuesto para 2027. El Ministerio de Justicia afrontará una baja de 2.5%.
Los ajustes alcanzan a áreas relacionadas con la prevención del delito, el funcionamiento policial y el sistema penitenciario. La información divulgada no precisa qué programas o dependencias absorberán las reducciones.
El Ministerio de Hacienda estará entre las instituciones que aumentarán su asignación. El Ministerio de la Presidencia también contará con más recursos.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y el Ministerio de Salud completan el grupo de entidades con incrementos presupuestarios. La propuesta difundida no incluye los porcentajes asignados a esas subas.
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La distribución de los fondos no será uniforme. El proyecto combina bajas en varias carteras con aumentos en organismos vinculados con la administración financiera, la Presidencia, la salud y las telecomunicaciones.
Hacienda pidió cambios legales para contener el gasto público
El Ministerio de Hacienda exhortó al Congreso a aprobar normas que eliminen exoneraciones fiscales. La institución también pidió reforzar las herramientas estatales para combatir el contrabando.
La cartera propuso reducir el tamaño de algunas instituciones públicas. También planteó recortar gastos por alquileres y revisar las denominadas pensiones “de lujo”.
El Ejecutivo solicitó que los legisladores revisen las transferencias destinadas a universidades públicas y municipios. Las medidas forman parte de las iniciativas planteadas para modificar compromisos de gasto.
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Hacienda pidió, además, aprobar opciones de financiación con mejores condiciones de tasas de interés y plazos. La propuesta busca modificar el costo de los recursos obtenidos mediante deuda.
El Congreso deberá analizar el proyecto de presupuesto y las medidas legales solicitadas por el Gobierno. El debate definirá el alcance de un plan de gastos menor, con una deuda que se mantiene por encima del 60% del PIB.
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