Magistrada costarricense busca reelegirse 8 años más en la Corte y terminar su periodo a los 83 años

Julia Zoraida Varela Araya, magistrada propietaria de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, defendió ante los diputados su aspiración de permanecer otros ocho años en el máximo tribunal del país, una eventual reelección que le permitiría acumular 32 años consecutivos como magistrada y concluir ese nuevo periodo a los 83 años.

Varela compareció ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, órgano encargado de analizar su candidatura y emitir una recomendación al plenario sobre su continuidad en el cargo. Su actual nombramiento vence el 16 de septiembre de 2026, por lo que el Congreso deberá definir su futuro antes de esa fecha.

Durante la audiencia, los legisladores cuestionaron a la magistrada sobre el equilibrio entre la experiencia acumulada durante décadas en el Poder Judicial y la necesidad de abrir espacios para nuevos integrantes de la judicatura.

La pregunta planteó directamente el debate sobre la permanencia prolongada de funcionarios en puestos de alta responsabilidad pública y el llamado de los ciudadanos a promover un relevo generacional en las instituciones.

Varela reconoció que esperaba ese cuestionamiento, pero defendió su decisión de aspirar nuevamente al puesto. “Yo no estoy y no pido reelección por estar más simplemente, sino por ayudar al país”, afirmó durante su comparecencia.

La magistrada sostuvo que la permanencia en un cargo no debería analizarse únicamente desde la edad de quien lo ocupa, sino también a partir de sus capacidades, condiciones y compromiso con el servicio público.

“Cuando la persona tiene capacidad, tiene interés y está comprometida con el servicio, no hay edad”, manifestó Varela al responder sobre su eventual continuidad en la Corte Suprema.

Su eventual cuarto periodo tendría una duración de ocho años y elevaría a 32 años su permanencia ininterrumpida como integrante propietaria de la Sala Segunda, donde ocupa una magistratura desde septiembre de 2002.

La Sala que concentra los casos laborales

Durante la comparecencia, Varela también defendió la labor desarrollada por la Sala Segunda, tribunal que conoce principalmente asuntos relacionados con el ámbito laboral, además de materias de familia y civil.

Según los datos expuestos por la magistrada, los asuntos laborales representan el 85.2% de los casos que ingresan y son resueltos por esa Sala. A estos se suma un 9.6% correspondiente a asuntos de familia, mientras que el área civil representa aproximadamente un 4%.

Uno de los principales temas abordados durante la audiencia fue precisamente la reforma procesal laboral, de la cual Varela fue una de las impulsoras.

La iniciativa representó, según destacó, un cambio importante en la forma de abordar los conflictos entre trabajadores y empleadores, particularmente al establecer mecanismos orientados a equilibrar las condiciones de las partes dentro de los procesos judiciales.

La diputada Janice Sandí, destacó durante la comparecencia que la reforma constituyó “un enorme avance para los derechos de los trabajadores de este país” y preguntó a Varela si, a pesar de sus avances, todavía quedaban aspectos pendientes.

La magistrada defendió el objetivo central de la reforma y explicó que busca que las responsabilidades dentro de un proceso laboral sean asumidas por quien realmente tiene la información y las pruebas necesarias.

“Esta reforma tiene una finalidad de buscar el equilibrio entre las partes”, explicó.

Varela puso como ejemplo la información que debe mantener un empleador sobre la relación laboral, como la fecha de contratación, el horario y el salario de una persona trabajadora.

A su juicio, no resultaba razonable trasladar al trabajador la responsabilidad de demostrar información que se encuentra bajo control del empleador.

La magistrada recordó que antes de los cambios procesales existían situaciones en las que los trabajadores enfrentaban dificultades para demostrar aspectos fundamentales de su relación laboral.

“Era una justicia de mentirillas lo que le dábamos”, afirmó al describir las deficiencias que, desde su perspectiva, existían anteriormente.

Congreso debe definir su futuro

La continuidad de Varela ahora depende del proceso que se desarrolla en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 25.657.

La Comisión de Nombramientos deberá analizar su candidatura y elaborar una recomendación para que posteriormente el plenario legislativo tome la decisión correspondiente.

El procedimiento tiene una particularidad establecida en la Constitución Política: para impedir la reelección de una magistrada se requiere una mayoría calificada de al menos 38 votos de los diputados.

Esto significa que la continuidad de Varela no depende únicamente de que una mayoría simple respalde su permanencia. Para evitar que sea reelegida, los legisladores deberán alcanzar el número de votos constitucionalmente establecido.

El calendario también juega un papel determinante. La Asamblea Legislativa deberá pronunciarse antes del 16 de septiembre, fecha en que concluye formalmente el actual nombramiento de la magistrada.

En caso de que el Congreso no se pronuncie antes de esa fecha, Varela quedaría reelecta automáticamente por un nuevo periodo de ocho años, de acuerdo con las reglas aplicables al nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.