
La cantidad de personas que viven en las calles de San José llevó al alcalde de la capital, Diego Miranda, a solicitar una intervención urgente del Gobierno de la República.
El jerarca estima que aproximadamente 2,300 personas permanecen actualmente en condición de calle en la ciudad, una cifra que, según advierte, refleja un problema nacional que continúa creciendo.
Miranda dirigió una carta a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en la que le pidió al Poder Ejecutivo asumir un papel de liderazgo y coordinar a las instituciones responsables de atender a esta población.
“Le escribo esta carta en nombre de más de un millón de personas que viven, trabajan y transitan por la capital”, señala el alcalde al inicio del documento.
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El jerarca municipal utiliza la cifra de personas en situación de calle para dimensionar el tamaño del fenómeno y plantea una comparación con la comunidad donde creció la mandataria.
“Y deténgase un momento en esa cifra, doña Laura. Hoy hay más personas durmiendo cada noche en las aceras de San José que habitantes en la comunidad de San Rafael de Esparza, el distrito donde usted creció”, afirma Miranda.

Para el alcalde, la cantidad de personas que actualmente viven en las calles evidencia que el país enfrenta una problemática que no ha logrado resolver durante los últimos años.
“Es el resultado de una política fracasada. Social, económica y culturalmente estamos retrocediendo”, sostiene Miranda en la carta enviada a la Presidencia.
San José asume el costo de la atención
La Municipalidad de San José sostiene que el crecimiento de la población en situación de calle también ha generado una presión cada vez mayor sobre los servicios municipales y sobre distintos espacios de la capital.
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De acuerdo con el gobierno local, la presencia permanente de personas en condición de calle se relaciona con la ocupación de espacios públicos, contaminación, deterioro e invasión de propiedades, afectación a comercios y pérdida de espacios considerados seguros para las familias.
La Municipalidad también señala la presencia de estructuras relacionadas con actividades ilícitas en algunos puntos de la ciudad.
Frente a esta situación, el gobierno local asegura que destina más de ₡2,000 millones (USD 4 millones) cada año a servicios vinculados con la atención de esta población.
Entre las acciones implementadas se encuentra la disponibilidad de 102 espacios nocturnos, además del trabajo conjunto con organizaciones sociales que brindan alimentación, acceso a baños y atención médica.
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A estas medidas se suma el trabajo permanente de las cuadrillas municipales y las intervenciones de la Policía Municipal en lugares donde se detectan actividades ilícitas.
Sin embargo, Miranda considera que estas acciones no son suficientes para solucionar un fenómeno que trasciende las competencias de una municipalidad.
La posición del alcalde es que la atención de las personas en situación de calle debe abordarse como una política nacional y mediante la participación coordinada de las instituciones encargadas de asuntos sociales, salud, seguridad y otros ámbitos relacionados.

Tres propuestas para el Gobierno
En su carta, Miranda plantea tres acciones concretas que, según la Municipalidad, permitirían avanzar hacia una respuesta coordinada.
La primera consiste en crear una mesa de trabajo integrada por todas las instituciones responsables de atender la problemática.
La propuesta busca definir tareas, responsabilidades y presupuestos bajo un modelo de atención integral. El gobierno local asegura que ya cuenta con una propuesta para poner en marcha este mecanismo.
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La segunda iniciativa apunta directamente a la Asamblea Legislativa. El alcalde propone impulsar un proyecto de ley que permita entregar a las instituciones públicas herramientas que actualmente no poseen para enfrentar la problemática.
Miranda afirma que ya sostuvo conversaciones con representantes de las tres fracciones legislativas más grandes y que existe consenso sobre la necesidad de avanzar en una legislación relacionada con esta situación.
La tercera propuesta plantea establecer un mecanismo de seguimiento permanente desde el Consejo Social ligado a la Presidencia, con el objetivo de garantizar que los acuerdos alcanzados entre las instituciones se conviertan en acciones concretas y sostenidas.
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Alcalde busca llevar las voces de los josefinos a Casa Presidencial
La iniciativa no se limita a la carta enviada por el alcalde.
Como parte de la campaña, Miranda, acompañado por la primera vicealcaldesa, Yariela Quirós, y el segundo vicealcalde, Fernando Venga, recorrió distintos puntos de San José para recolectar firmas de ciudadanos que respaldan la solicitud dirigida a la Presidencia.
La intención de la Municipalidad es que el documento llegue a Casa Presidencial acompañado por las firmas de habitantes de la capital que consideran que la situación requiere una intervención urgente del Gobierno.
El alcalde sostiene que el objetivo de la iniciativa no es generar una disputa política, sino conseguir que las instituciones nacionales se involucren de manera directa.
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“Le escribo con respeto, pero también con urgencia. No lo hago en nombre de intereses políticos ni para generar titulares. Lo hago en nombre de miles de costarricenses que sienten que ya no pueden esperar más”, afirma Miranda.
La Municipalidad de San José espera que la carta y las firmas permitan abrir un espacio de trabajo directo con la Presidencia y las instituciones nacionales.
El planteamiento parte de una premisa: San José no puede continuar asumiendo prácticamente en solitario el peso de una problemática que, por sus dimensiones, requiere una respuesta nacional.
Para el gobierno local, los aproximadamente 2,300 habitantes que actualmente viven en las calles de la capital representan mucho más que una cifra. Son el reflejo de un fenómeno que, según Miranda, ha aumentado durante la última década y que exige una estrategia que combine atención social, salud, seguridad y reinserción.
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El alcalde busca ahora que la Presidencia convierta la solicitud en una mesa de trabajo permanente y que las instituciones nacionales asuman responsabilidades concretas.
Mientras tanto, la Municipalidad mantiene sus servicios de atención, limpieza y seguridad en los puntos afectados, aunque insiste en que los recursos locales no son suficientes para enfrentar por sí solos una problemática de alcance nacional.
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