Una tobillera electrónica sustituirá el encarcelamiento de los deudores de pensión alimentaria en Costa Rica, según el expediente 25,675 presentado este lunes 27 de julio por la presidenta Laura Fernández ante la Asamblea Legislativa.
La iniciativa forma parte del segundo paquete de reformas en seguridad que el Poder Ejecutivo entregó al Congreso e introduce el monitoreo electrónico como alternativa al apremio corporal.
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El Estado gasta 75,294,97 colones al mes solo en alimentación por cada persona recluida, mientras que cada dispositivo de monitoreo cuesta el equivalente a USD 7.20 diarios, según la exposición de motivos del proyecto, reseñada por Delfino.cr.
Cómo funcionaría el mecanismo
Bajo el esquema propuesto, el deudor tendría que presentarse ante la Administración de Adaptación Social dentro de las 24 horas siguientes a la notificación judicial para que le instalen el dispositivo.
El juez de Pensiones Alimentarias definiría el perímetro de movilidad permitido y podría autorizar salidas por trabajo, salud, educación u obligaciones familiares.
Cada día bajo monitoreo equivaldría a un día del apremio corporal ordenado por el juez. El objetivo declarado es que el deudor conserve su vínculo laboral y la capacidad de generar los ingresos necesarios para ponerse al día con sus obligaciones.
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Quiénes quedan excluidos del beneficio
La propuesta no es universal. El internamiento en un centro penitenciario se mantendría como medida obligatoria para quienes registren antecedentes por delincuencia organizada, narcotráfico, legitimación de capitales, delitos sexuales contra personas menores de edad o violencia doméstica y violencia contra las mujeres.
También quedarían excluidas las personas que representen un riesgo para la parte acreedora o terceros, quienes carezcan de domicilio fijo y redes de apoyo, y quienes enfrenten prisión preventiva por otra causa.
Cuándo se revoca el beneficio
El proyecto establece tres causales automáticas de revocación: dejar de pagar la pensión durante más de un mes, dañar o alterar el dispositivo e incumplir las restricciones de movilidad impuestas por la autoridad judicial.
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Ante la revocación, el juez ordenaría el traslado inmediato al Sistema Penitenciario Nacional. Desde allí, el afectado podría solicitar una modalidad especial de apremio que le permita salir exclusivamente a trabajar en horarios determinados y regresar a reclusión fuera de ese horario.
El contexto de una cárcel al límite
La propuesta llega mientras el sistema penitenciario costarricense atraviesa una crisis de hacinamiento. Con corte al 28 de febrero de 2026, la población privada de libertad ascendía a 19,453 personas en instalaciones con capacidad para 13,289, lo que representa una sobrepoblación del 46.4%, según el Informe Anual 2025 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT).
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El CAI San José encabeza los centros más saturados, con 134.3% de hacinamiento. Le siguen el CAI Marcus Garvey con 120% y el CAI Antonio Bastida de Paz con 101,4%, de acuerdo con los datos del MNPT publicados por Infobae y La Nación.
Además, una de cada cuatro personas privadas de libertad —el 26,25% del total— no tiene condena en firme, una cifra que casi duplica la registrada en 2022, cuando había 2.564 personas en prisión preventiva frente a las 5.034 actuales.
Un paquete legislativo más amplio
La propuesta sobre deudores alimentarios es una pieza de un conjunto más amplio. Fernández presentó ese mismo día iniciativas para eliminar la audiencia preliminar del proceso penal, ampliar el uso de tobilleras para condenados en regímenes de confianza, aumentar las penas por minería ilegal a entre seis y 10 años de prisión, y reestructurar los grados policiales con rangos como coronel, mayor y capitán.
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La mandataria también anunció una reforma constitucional para ampliar las causales de extradición de ciudadanos costarricenses, aunque ese texto no se entregó formalmente al Congreso.
Según explicó a los legisladores, las enmiendas constitucionales deben presentarse durante el periodo de sesiones ordinarias, que arranca en agosto.
“No vamos a parar en la cruzada nacional contra el crimen organizado. No vamos a parar en la guerra sin cuartel contra el narcotráfico”, afirmó Fernández durante una exposición de más de una hora ante la Asamblea Legislativa, según consignó Infobae.
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