La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, expresó su satisfacción tras la detención de Alejandro Arias Monge, conocido como alias “Diablo”, a quien calificó como un delincuente de alta peligrosidad. Fernández felicitó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y a todos los cuerpos policiales involucrados en el operativo, subrayando que “el ‘Diablo’ ya estuvo preso y en diez años que estuvo en fuga acabó con la vida de aproximadamente cien costarricenses”.
La mandataria agradeció, en nombre del pueblo costarricense, el trabajo realizado y afirmó que corresponde ahora al Ejecutivo garantizar que el detenido permanezca bajo estricta custodia para evitar cualquier intento de fuga.
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La operación, que implicó la coordinación del OIJ, la Unidad Especial de Intervención y el Centro de Respuesta de Emergencias y Rescate Táctico (CERT), permitió detener no solo a Arias, sino también a otros integrantes de estructuras delictivas. De acuerdo con Fernández, la intervención constituye un reconocimiento al esfuerzo conjunto de los cuerpos policiales del país.
“Honor a quien honor merece”, dijo la presidenta, tras un periodo de tensiones institucionales, pues días atrás manifestó que el Poder Judicial no quería trabajar con ella, lo que añade un matiz relevante a la cooperación observada en el reciente operativo.
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Fernández también se refirió a las discusiones presupuestarias que involucran al sector judicial, asegurando que el ajuste solicitado al Poder Judicial resulta pequeño y no afecta funciones sustantivas. Añadió que los ministros de Justicia y Paz y de Seguridad Pública se desplazaron a San José para supervisar el traslado de Arias y garantizar su reclusión en condiciones de máxima seguridad.
“Ahora es al Gobierno, cuando ingrese a las celdas, al que nos va a tocar velar, porque este delincuente de alta gama esté preso y pueda recibir la justicia que se merece después de tanto daño que le ha ocasionado al pueblo de Costa Rica”, explicó Fernández.
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La presidenta reiteró la importancia de la cooperación entre todas las agencias de seguridad y justicia para enfrentar la criminalidad organizada. Subrayó que la captura de Arias Monge solo fue posible gracias a la coordinación entre distintas ramas estatales.
“Cuando todos los cuerpos policiales del país se enfocan en hacer bien su trabajo, cuando construimos soluciones en equipo, esa es definitivamente la forma correcta de trabajar y de enfrentar el principal problema que enfrenta nuestro país”, indicó la mandataria.
Según fuentes oficiales, la Unidad Especial de Intervención continúa prestando soporte para que las medidas de seguridad en torno a la detención permanecen reforzadas. El traslado de alias “Diablo” a una celda de máxima seguridad constituye el siguiente paso para evitar la reincidencia de fugas. Las autoridades insisten en la necesidad de mantener la vigilancia y fortalecer la cooperación interinstitucional para responder al fenómeno del crimen organizado, que ha marcado profundamente a la sociedad costarricense en la última década.
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La detención de Arias ocurre en un contexto de presión pública por respuestas efectivas ante el avance de las organizaciones criminales y la violencia asociada a sus actividades.
El pronunciamiento legislativo
El arresto de alias “Diablo” generó amplio respaldo en la Asamblea Legislativa. Claudia Dobles, diputada de la Coalición Agenda Ciudadana, reconoció la labor del OIJ, el Ministerio Público y el Poder Judicial, señalando que la detención “es el resultado de una investigación sostenida por parte del OIJ”. Dobles transmitió además un mensaje de solidaridad a las familias de los oficiales heridos en el operativo y les deseó pronta recuperación.
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Por su parte, José María Villalta Flores, diputado del Frente Amplio, consideró que la captura de Arias refleja “el resultado de un trabajo de investigación e inteligencia meticuloso y profesional por parte del OIJ y el Poder Judicial”.
Villalta señaló que las organizaciones criminales emplean actualmente métodos cada vez más sofisticados, utilizando tecnologías, armamento y mecanismos de lavado de dinero que dificultan su persecución. Para el legislador, el operativo constituye el tipo de servicio público que demanda la sociedad costarricense para garantizar la seguridad del territorio nacional.
Las declaraciones de Fernández y el pronunciamiento de los diputados ilustran la relevancia política y social del caso, así como el respaldo institucional a las fuerzas encargadas de la seguridad.
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