Más de 1.800 personas fallecidas figuran como contribuyentes activos en la Municipalidad de Garabito, lo que pone en riesgo el cobro de ¢3,595 millones (aproximadamente USD 6,900,000), según la Contraloría General de la República. La causa principal radica en inconsistencias, omisiones y errores en las bases de datos, afectando la recaudación municipal.
Al cierre de 2025, el saldo pendiente por recaudar ascendía a ¢8,205.41 millones (alrededor de USD 15,800,000), con el 84.10% de ese monto sin ningún proceso de cobro administrativo. Según la Contraloría, esta debilidad operativa expone a prescripción gran parte de las deudas, lo que dificultaría su recuperación por antigüedad.
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De ese total, se reportó que 509 fallecidos mantienen saldos pendientes. Se suman ¢1,311 millones (unos USD 2,500,000) ligados a patentes inactivas. El 50.1% de las patentes comerciales y el 51.5% de las de licores están inactivas, pero siguen generando cuentas por cobrar.
Deficiencias en la base de datos y gestión de cobro
La Contraloría reportó que 5,039 contribuyentes no tienen ningún medio de localización y, entre los 37,746 registrados, 18,420 carecen de correo electrónico válido y 9,976 no cuentan con teléfono registrado.
El diagnóstico también identificó problemas en la identificación: poco más de 1,000 cédulas con formato incorrecto, 843 DIMEX no coincidentes con los registros de Migración y 115 cédulas físicas que no existen en el Tribunal Supremo de Elecciones, según El Observador.
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El informe atribuyó parte del problema a la falta de controles en el ingreso de datos. La recomendación fue que el sistema municipal impida almacenar información incorrecta o incompleta, para resguardar la integridad de los registros.
En el área inmobiliaria, 16,865 fincas llevan seis años o más sin actualización de valor y 2,074 aparecen con montos entre ¢0 y ¢100,000 (hasta USD 200), cifras que la Contraloría calificó de irrazonables.
Deudas en riesgo de prescripción y acciones municipales
La municipalidad enfrenta la posibilidad de no poder recuperar ¢3,595 millones (aproximadamente USD 6,900,000) si las deudas prescriben. De ese monto, ¢1,666 millones (cerca de USD 3,200,000) corresponden al impuesto sobre bienes inmuebles vencido hace más de cuatro años. El resto, ¢1,929 millones (alrededor de USD 3,700,000), se reparte entre patentes, servicios públicos, cementerio, construcción y otros ingresos, todos con antigüedad superior a seis años.
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La Contraloría señaló que la falta de actualización de los datos podría afectar los ingresos municipales y limitar la inversión en obras y servicios para la comunidad. Además, subrayó que la calidad de la información es esencial para la toma de decisiones y la rendición de cuentas.
El alcalde Francisco González reconoció que las inconsistencias provienen de administraciones anteriores y aseguró que ya se trabaja en corregirlas. La municipalidad afirmó que dichas irregularidades existen desde 2009 y que, antes de la notificación, ya había iniciado campañas para reducir la morosidad y depurar los datos. El Departamento de Gestión de Cobros informó sobre la emisión de notificaciones y la publicación de edictos jurídicos en La Gaceta citado por El Observador para atender montos en riesgo de prescripción.
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Órdenes de la Contraloría para corregir la base tributaria
La Contraloría dictó seis disposiciones obligatorias. Las tres primeras requieren definir un plan para corregir inconsistencias, implementar controles para evitar datos erróneos y establecer procedimientos internos para la actualización continua, con plazos entre el 15 y el 30 de noviembre de 2026.
El informe también exige analizar fincas sin actualizar, patentes inactivas y montos en riesgo de prescripción para decidir acciones legales. Además, ordena gestionar los saldos de fallecidos y empresas inactivas sin cobro activo y ejecutar capacitación sobre el sistema y la normativa de calidad de datos, con reporte previsto para el 30 de junio de 2027.
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La Contraloría advirtió que el incumplimiento de estas órdenes constituye causal de responsabilidad para las autoridades municipales.
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