Ocho de cada 10 pensiones alimentarias en Costa Rica son menores a ¢200,000 (USD 364)

Las pensiones alimentarias en Costa Rica presentan una mayoría de cuotas bajas, de acuerdo con los registros del Poder Judicial. Hay 203,899 expedientes activos, de los cuales el 97.64% tiene sentencia o acuerdo en ejecución y el 2.36% sigue en trámite, lo que representa unos 4,821 casos.

El promedio de la pensión alimentaria es de ¢136,000 (aproximadamente USD 247). Ocho de cada diez obligaciones están por debajo de ¢200,000 (alrededor de USD 364) mensuales. Casi la mitad de las pensiones, 83,740, no supera los ¢100,000 (unos USD 182). Existen 2,520 obligaciones superiores a ¢500,000 (aprox. USD 910), 483 que superan el millón de colones (cerca de USD 1,820), y 134 que sobrepasan los ¢2 millones (aprox. USD 3,640). El sistema documenta dos casos con pensiones mayores a ¢7 millones (cerca de USD 12,740), tramitados en Pérez Zeledón y San José, según información publicada por El Observador.

Regulación y funcionamiento del sistema

Desde octubre de 2024, el Código de Familia regula el sistema, donde la obligación puede recaer tanto en hombres como en mujeres. Las solicitudes pueden ser presentadas por cónyuges, hijos, nietos, sus representantes legales o representantes de instituciones públicas, de acuerdo con el orden que establece el artículo 169.

El proceso inicia con la demanda y la descripción del caso concreto. Si es posible, el juez convoca a una conciliación. Si no hay acuerdo o alguna parte no comparece, el juez dicta una sentencia anticipada en 24 horas. Esta resolución no admite apelación, pero la parte inconforme puede presentar oposición con sus pruebas antes de la audiencia definitiva, tras la cual se dicta la sentencia final, que sí admite recurso de apelación.

Hasta abril, había 214,725 personas solicitantes y 210,045 demandadas, ya que una misma persona puede ser demandada por varias otras, como parejas, hijos o nietos.

Montos, beneficiarios y género

Un total de 165,138 personas están obligadas a pagar pensión alimentaria. El 70.69% de quienes solicitan el pago son mujeres y el 8.39% son hombres. Entre los demandados, el 86.34% son hombres y el 5.48% son mujeres.

El sistema registra 139 casos en moneda extranjera: 138 en dólares estadounidenses y uno en euros. De las pensiones en dólares, 38 se ubican entre USD 1,000 y USD 2,000 (¢456,000 a ¢912,000). El 49.28% de estos casos está entre USD 1,001 y USD 4,000 (¢456,000 a ¢1,824,000). Hay tres pensiones superiores a USD 9,000 (más de ¢4,104,000), todas en San José. El único caso en euros se ubica entre 400 y 500 euros (¢208,000 a ¢260,000, o USD 378 a USD 472), registrado en el II Circuito Judicial en San José (Goicoechea)..

El debate sobre los montos se relaciona con los salarios bajos y el acceso desigual a la defensa. Eugenia Quesada, presidenta de la Fundación Instituto de Apoyo al Hombre, señaló que la mayoría de los obligados que acuden a la organización perciben salarios de 300,000 a 350,000 colones (USD 546 a USD 637), y las pensiones fijadas suelen ser de 140,000 o 150,000 colones (USD 255 a USD 273). Quesada indicó que “no es una suma exorbitante, para nada, más si son dos chiquitos; serían 75,000 colones para cada niño, pero para ellos no les permite vivir”.

La misma fuente añadió que “el papá tiene que vivir entonces con 150 mil colones, pagar un lugar donde vivir, comida, transporte, ropa… no puede. Entonces, todos los meses hay desajuste y siempre están los papás en mora y van a cárcel”. Según Quesada, este desajuste mensual genera dificultades para cubrir necesidades básicas como alimentación, habitación, ropa y transporte.

Acceso a defensa jurídica y participación de la Defensa Pública

Eugenia Quesada señaló que, en su experiencia, los montos fijados a mujeres deudoras suelen ser más bajos que los de los hombres. Además, mencionó que muchos hombres enfrentan las audiencias sin abogado y mantienen la pensión fijada en la sentencia preliminar por desconocimiento y falta de auxilio legal.

Sandra Mora, supervisora de pensiones en la Defensa Pública, afirmó que los defensores públicos están presentes en casi el 80% de los procesos. Mora explicó que cada caso tiene particularidades y que no existe una tabla de montos fija, ya que el monto lo determina el juez en función de cada situación.

Actualmente, el país no cuenta con un registro público detallado sobre el parentesco en los expedientes ni sobre si los montos cubren a una persona adulta, a una menor de edad o a varios hijos. Según El Observador, el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia está trabajando en herramientas para hacer más accesible la información disponible.