Salarios dignos y el rechazo a la ampliación de la jornada laboral marcaron la movilización de cientos de trabajadores en las calles de San José este primero de mayo. Con pancartas y consignas, los manifestantes defendieron la jornada de ocho horas y exigieron la protección de los derechos laborales frente a propuestas de reformas impulsadas por el Gobierno.
La oposición sindical se focalizó en el proyecto de ley conocido como jornadas 4x3, que autorizaría laborar doce horas durante cuatro días a la semana y descansar tres, sin pago extra por jornadas adicionales. Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), explicó que los sindicatos consideran este esquema un retroceso frente a conquistas laborales históricas y alertan sobre la posibilidad real de su aprobación debido a los apoyos políticos actuales.
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El Gobierno, encabezado por el presidente Rodrigo Chaves y la presidenta electa Laura Fernández, impulsa la reforma al esgrimir que permitirá atraer inversiones extranjeras y generar empleos bien remunerados. Las agrupaciones sindicales advierten, en cambio, que debilitaría la protección laboral prevista en el Código de Trabajo.
Reclamos por el congelamiento salarial y el encarecimiento de la vida
Los trabajadores denunciaron el congelamiento salarial en el sector público, que, según sus voceros, persiste desde hace varios años a pesar del aumento constante de los precios. Magaly Sandí, representante de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), afirmó: “Sigue subiendo el costo de la vida mientras nuestro salario permanece igual”. Relacionó este estancamiento con la precarización de la educación y remarcó la urgencia de unir fuerzas para intentar revertir la tendencia.
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Durante la marcha, los sindicatos plantearon la necesidad de establecer un régimen salarial propio para los cuerpos policiales y reclamar un nuevo salario mínimo en el sector privado. Argumentaron que el salario mínimo vigente resulta insuficiente para cubrir el costo de la vida y agrava la desigualdad social.
Inseguridad y desigualdad: preocupaciones centrales para los sindicatos
El contexto social y económico también generó inquietud entre los manifestantes. Vargas señaló: “La política salarial está rezagada”, conectando la desigualdad creciente con el auge del crimen organizado y describiendo cómo muchos jóvenes que acceden a actividades ilícitas provienen de barrios con grandes carencias, zonas donde el Estado ha reducido su presencia.
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La inseguridad es uno de los principales problemas del país. En 2025, Costa Rica registró 873 homicidios, la tercera cifra más alta de su historia, con una tasa de 16.7 por cada 100,000 habitantes.
Este dato, junto con los 876 homicidios de 2024 y el récord de 905 en 2023, refuerza la alarma sindical respecto a la relación entre pobreza, falta de oportunidades y violencia, al señalar que el 60 % de los homicidios están vinculados al narcotráfico.
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