
Costa Rica desarrolla un nuevo mecanismo de pagos por servicios marinos que reconoce la labor de quienes contribuyen a la conservación y liberación de tiburones martillo en sus aguas, como parte de un plan diseñado para fomentar el manejo sostenible de los ecosistemas costeros y marinos.
Esta iniciativa busca extender los beneficios ambientales y sociales hacia comunidades que habitan zonas costeras, en un contexto de crecientes restricciones legales para la pesca y el comercio de especies vulnerables, según informó el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) del país.
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El Gobierno costarricense ya implementó en 2024 un esquema similar enfocado en los manglares del golfo de Nicoya, donde 157 familias han resultado beneficiadas a través de seis organizaciones, de acuerdo con los datos oficiales publicados por el MINAE.
El sistema más amplio de Pago por Servicios Ecosistémicos Marino-Costeros (PSEM), actualmente en desarrollo por el MINAE en conjunto con el Sistema Nacional de áreas de Conservación (SINAC) y la Fundación Banco Ambiental (FUNBAM), prevé ampliar este alcance y establecer un modelo que, por primera vez, reconozca económicamente la preservación y liberación de tiburones martillo.
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Este esquema surge en el marco de la aplicación de un decreto que prohíbe la captura, retención, transbordo, descarga, almacenamiento, comercialización y, recientemente, el transporte y exportación de la aleta de martillo en territorio costarricense. La reforma también impide el ingreso al país de este producto proveniente del extranjero y su exportación a otros mercados internacionales, restringiendo así cualquier forma de comercialización de esta especie para fortalecer su protección, según el MINAE.
El Estado reconoce el aporte de los pescadores artesanales a la conservación marina
El ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, explicó: “Este esfuerzo busca ampliar el tradicional programa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) terrestre, llevándolo al océano y se basa en planes técnicos que aseguran el manejo sostenible de los ecosistemas marinos trabajando con las personas que cuidan el océano y viven en las zonas costeras”, en declaraciones al MINAE.
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El mecanismo de PSEM incorpora también el reconocimiento económico para pescadores artesanales que contribuyen a la conservación. Para mejorar la seguridad y trazabilidad de su actividad, se instalarán “balizas” en las embarcaciones, dispositivos que transmiten su ubicación en tiempo real mediante señal satelital y permiten la emisión de alertas rápidas en caso de emergencia en altamar, según la información del MINAE.
El programa, que comenzó en ecosistemas de bosque de mangle y ahora se extiende al ámbito marino, actúa sobre un área de 24.000 hectáreas de manglar protegido, cifra informada por el MINAE.
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Actualmente, hay 544 personas molusqueras integradas en contratos por pago bajo este modelo, agrupadas en 15 asociaciones distribuidas en la costa pacífica. Para el año 2026, la proyección oficial apunta a alcanzar 600 personas beneficiadas dentro de esta modalidad de contrato.
El diseño del nuevo pago por servicios marinos sitúa a Costa Rica entre los países que buscan mecanismos innovadores de conservación vinculados a incentivos directos a las comunidades costeras, integrando tecnología, monitoreo estatal y restricciones comerciales para disminuir la presión sobre especies catalogadas como vulnerables, particularmente el tiburón martillo en el océano Pacífico.
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