Costa Rica desarrolla un nuevo mecanismo de pagos por servicios marinos que reconoce la labor de quienes contribuyen a la conservación y liberación de tiburones martillo en sus aguas, como parte de un plan diseñado para fomentar el manejo sostenible de los ecosistemas costeros y marinos.
Esta iniciativa busca extender los beneficios ambientales y sociales hacia comunidades que habitan zonas costeras, en un contexto de crecientes restricciones legales para la pesca y el comercio de especies vulnerables, según informó el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) del país.
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El Gobierno costarricense ya implementó en 2024 un esquema similar enfocado en los manglares del golfo de Nicoya, donde 157 familias han resultado beneficiadas a través de seis organizaciones, de acuerdo con los datos oficiales publicados por el MINAE.
El sistema más amplio de Pago por Servicios Ecosistémicos Marino-Costeros (PSEM), actualmente en desarrollo por el MINAE en conjunto con el Sistema Nacional de áreas de Conservación (SINAC) y la Fundación Banco Ambiental (FUNBAM), prevé ampliar este alcance y establecer un modelo que, por primera vez, reconozca económicamente la preservación y liberación de tiburones martillo.
Este esquema surge en el marco de la aplicación de un decreto que prohíbe la captura, retención, transbordo, descarga, almacenamiento, comercialización y, recientemente, el transporte y exportación de la aleta de martillo en territorio costarricense. La reforma también impide el ingreso al país de este producto proveniente del extranjero y su exportación a otros mercados internacionales, restringiendo así cualquier forma de comercialización de esta especie para fortalecer su protección, según el MINAE.
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El Estado reconoce el aporte de los pescadores artesanales a la conservación marina
El ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, explicó: “Este esfuerzo busca ampliar el tradicional programa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) terrestre, llevándolo al océano y se basa en planes técnicos que aseguran el manejo sostenible de los ecosistemas marinos trabajando con las personas que cuidan el océano y viven en las zonas costeras”, en declaraciones al MINAE.
El mecanismo de PSEM incorpora también el reconocimiento económico para pescadores artesanales que contribuyen a la conservación. Para mejorar la seguridad y trazabilidad de su actividad, se instalarán “balizas” en las embarcaciones, dispositivos que transmiten su ubicación en tiempo real mediante señal satelital y permiten la emisión de alertas rápidas en caso de emergencia en altamar, según la información del MINAE.
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El programa, que comenzó en ecosistemas de bosque de mangle y ahora se extiende al ámbito marino, actúa sobre un área de 24.000 hectáreas de manglar protegido, cifra informada por el MINAE.
Actualmente, hay 544 personas molusqueras integradas en contratos por pago bajo este modelo, agrupadas en 15 asociaciones distribuidas en la costa pacífica. Para el año 2026, la proyección oficial apunta a alcanzar 600 personas beneficiadas dentro de esta modalidad de contrato.
El diseño del nuevo pago por servicios marinos sitúa a Costa Rica entre los países que buscan mecanismos innovadores de conservación vinculados a incentivos directos a las comunidades costeras, integrando tecnología, monitoreo estatal y restricciones comerciales para disminuir la presión sobre especies catalogadas como vulnerables, particularmente el tiburón martillo en el océano Pacífico.
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