Peculado en Panamá: detenciones, condenas y nuevas investigaciones en curso

Los casos de peculado en Panamá continúan en el centro de la agenda judicial, con una seguidilla de detenciones, condenas y nuevas investigaciones que abarcan distintas regiones del país y niveles de la administración pública.

En las últimas semanas, las autoridades han avanzado en procesos vinculados al presunto uso irregular de fondos públicos, con expedientes que involucran desde juntas comunales hasta centros educativos, reflejando un patrón de actuaciones que mantiene bajo escrutinio la gestión de recursos estatales.

El último día de abril, el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial decidió mantener la detención preventiva del exalcalde de Colón, Alex Lee, así como del representante de corregimiento de Barrio Norte, Javier Lynch, y del tesorero Orlando Salazar, todos investigados por la presunta comisión del delito de peculado.

La decisión se adoptó tras una audiencia en la que los magistrados evaluaron los argumentos de las partes y concluyeron que existen riesgos procesales suficientes, entre ellos el riesgo de fuga y la gravedad del delito imputado, que justifican la medida cautelar más severa mientras avanzan las investigaciones.

En el caso específico de Alex Lee, el tribunal consideró que su permanencia en detención es necesaria debido a la naturaleza de los hechos investigados y a su presunta vinculación con el manejo irregular de fondos públicos.

Lee fue imputado por peculado por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como tesorero de la Junta Comunal de Barrio Sur, en la provincia de Colón, donde la Fiscalía le atribuye el manejo irregular de aproximadamente $1 millón asignado por la Autoridad Nacional de Descentralización para programas de interés social. La investigación apunta a posibles irregularidades en la ejecución de estos recursos, lo que motivó su imputación formal.

El proceso judicial contra Lee también incorpora antecedentes relevantes. En mayo de 2024, el exalcalde fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando intentaba salir del país, pese a mantener un impedimento de salida relacionado con otra investigación por peculado, vinculada a la presunta malversación de $214 mil cuando fungía como representante del corregimiento de Barrio Sur.

Además, enfrenta una denuncia presentada por el actual alcalde de Colón, Diógenes Galván, por la supuesta pérdida de vehículos municipales que habrían sido entregados a terceros sin justificación.

La decisión del tribunal también alcanzó a Javier Lynch y Orlando Salazar, quienes continuarán bajo detención preventiva por su presunta participación en irregularidades relacionadas con el manejo de aproximadamente $6 millones destinados a obras sociales en la comunidad.

En este caso, la defensa había solicitado la revisión de la medida cautelar impuesta inicialmente por el juez de garantías, pero el tribunal determinó que se mantienen los elementos que justifican la privación de libertad mientras se desarrolla la investigación penal.

Durante la audiencia de apelación, los magistrados evaluaron distintos elementos probatorios, incluyendo informes de la Contraloría General de la República y documentación financiera vinculada al caso.

En uno de los expedientes analizados se mencionan cheques por más de $458 mil girados a una empresa sin sustento válido, lo que refuerza la hipótesis del Ministerio Público sobre posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos.

Además, el tribunal valoró el hecho de que algunos de los imputados han ejercido cargos públicos durante varios períodos, lo que podría traducirse en influencia dentro de la comunidad, otro factor considerado al momento de evaluar el riesgo procesal.

Condena por peculado en Coclé

En paralelo a estos procesos, el sistema judicial registró recientemente una condena por peculado en la provincia de Coclé, donde la jueza de garantías Liliana Ortiz validó un acuerdo de pena consensuado entre las partes. Mediante la sentencia N.° 105 de abril de 2026, se declaró penalmente responsables a un exrepresentante y un extesorero de la Junta Comunal de Río Indio por el delito de peculado doloso, en perjuicio de dicha entidad.

Como parte de la decisión judicial, el tribunal impuso una pena de 60 meses de prisión, así como la inhabilitación para ejercer funciones públicas una vez cumplida la condena principal. El caso está relacionado con la malversación de fondos públicos por un monto de $301,959.52, correspondiente a un período comprendido entre julio de 2009 y junio de 2014.

Este fallo se suma a otros procesos recientes que evidencian el avance de las investigaciones por delitos contra la administración pública en distintas regiones del país.

Operación Pupitre y detenciones en centro educativo

A estos casos se suma la operación “Pupitre”, desarrollada por la Procuraduría General de la Nación a través de la Fiscalía Anticorrupción, en la que fueron aprehendidas tres personas, entre ellas dos exfuncionarios y un particular, por la presunta comisión de peculado en perjuicio del Instituto Profesional y Técnico Don Bosco.

Según las autoridades, la investigación apunta a una lesión económica aproximada de $130 mil, vinculada al manejo de fondos de matrícula, bienestar estudiantil y recursos de autogestión del plantel.

Las diligencias incluyeron allanamientos en residencias ubicadas en Nuevo Belén y Don Bosco, donde se incautó documentación relevante para la investigación. El caso se sustenta en un informe de auditoría de la Contraloría, recibido por la Fiscalía el 15 de abril de 2026, en el que se identifican irregularidades en la gestión de los recursos del centro educativo.

Los aprehendidos serán presentados ante un juez de garantías, quien deberá decidir sobre la legalización de la aprehensión, la imputación de cargos y las medidas cautelares correspondientes.

En conjunto, estos casos reflejan una intensificación de las investigaciones por peculado en Panamá, con procesos que abarcan desde juntas comunales hasta instituciones educativas.

Las decisiones judiciales recientes evidencian un enfoque orientado a fortalecer la rendición de cuentas y sancionar el uso indebido de fondos públicos, en un contexto donde el Ministerio Público ha reiterado su compromiso con la lucha contra la corrupción y la protección de los recursos del Estado.