El ICEFI alerta al Congreso de Guatemala sobre reformas fiscales sin evaluaciones técnicas adecuadas ni transparencia

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) lanzó una advertencia directa al Congreso de la República por la presentación y aprobación recurrente de iniciativas y decretos que impactan en la política fiscal y, de acuerdo con la entidad, ponen en riesgo tanto la transparencia, el sistema tributario como la calidad del gasto público en Guatemala.

La inquietud principal del instituto es que estas medidas se implementan prescindiendo de evaluaciones técnicas exhaustivas, poniendo por delante el beneficio político inmediato sobre la solidez de las políticas fiscales del país.

El Icefi advierte riesgos en la reforma al Impuesto Único Sobre Inmuebles y en exenciones propuestas

Respecto a la iniciativa de ley número de registro 6709, dictaminada favorablemente por la Comisión de Previsión y Seguridad Social, el Icefi advierte sobre el peligro de eliminar el esquema progresivo vigente del Impuesto Único Sobre Inmuebles —que contempla tasas diferenciadas del 2, 6 y 9 por millar— y sustituirlo por una tasa fija de 3 por millar.

También observa con preocupación el paquete de exenciones dirigidas a la primera vivienda financiada, a personas mayores de 60 años y a contribuyentes con veinte años de pago.

El instituto señala que aprobar estos cambios exige un análisis cuantitativo riguroso.

Grupos de alcaldes municipales afirman que la medida reduciría notoriamente los ingresos de las municipalidades, una postura que contrasta con la defensa de diputados proponentes y los potenciales beneficiados, según el Icefi.

La recomendación principal del Icefi consiste en que toda iniciativa de impacto fiscal cuente con dictámenes y opiniones técnicas de los entes rectores y entidades competentes por ley.

Además, subraya que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, junto a las demás comisiones del Congreso, tiene el deber de garantizar espacios de debate técnico abiertos e inclusivos antes de emitir dictámenes, y que toda modificación introducida en las leyes debe someterse nuevamente a revisión especializada.

Precedentes recientes: eliminación del impuesto sobre herencias y cambios en renta

En febrero de 2026, el Congreso de la República aprobó el Decreto 6-2026, que derogó el Impuesto sobre Herencias, Legados y Donaciones (Decreto 431), bajo el argumento de obsolescencia, doble tributación e ineficiencia, atribuidas al bajo rendimiento recaudatorio frente a su costo administrativo.

El Icefi resalta que la eliminación se hizo sin un análisis integral sobre la función del impuesto como gravamen a las ganancias de capital ni sobre su relevancia en la justicia tributaria. Tampoco se exploraron alternativas para modernizarlo y ampliar su base imponible, conforme indica el instituto.

En abril de 2026, el Congreso promulgó el Decreto 13-2026, derivado de las iniciativas 6705 y 6707, mediante el cual se exceptúa del pago del Impuesto Sobre la Renta a trabajadores en relación de dependencia que reciben el salario mínimo.

El Icefi destaca que la reforma se aprobó a pesar de los dictámenes técnicos desfavorables de la Superintendencia de Administración Tributaria, y sin analizar su articulación con la deducción única o mínimo vital prevista en el artículo 72 de la Ley de Actualización Tributaria (Decreto 10-2012). Esta ausencia de análisis pone en duda la legalidad y viabilidad de la medida.

El Icefi documentó: “El Congreso de la República ha aprobado recientemente decretos que modifican la legislación tributaria, sin el debido análisis técnico, pero con claros réditos políticos”. Esta afirmación resume la preocupación del instituto por la carencia de sustento técnico en decisiones legislativas que afectan las finanzas públicas.

Medidas con efectos fiscales y sociales sin financiamiento garantizado

El instituto menciona casos recientes, como la iniciativa con número de registro 6416, que propone modificar la Ley Temporal de Desarrollo Integral y prolongar hasta cinco años (de 2023 a 2028) la indemnización mensual de Q1,000 para veteranos militares del conflicto armado, ahora incluyendo también a viudas, excombatientes en el extranjero y personas en prisión preventiva.

Según el Icefi, la ampliación de este pago —hasta ahora ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social y financiado con deuda pública— carece de una fuente de financiamiento identificada. Además, advierte que esto incentiva a otros grupos militares o paramilitares a buscar el mismo trato, generando presiones sobre el gasto público sin respaldo financiero.

Por otro lado, el Icefi critica propuestas como la suspensión del impuesto a la distribución de diésel, indicando que eliminarlo habría representado un beneficio de apenas Q1.30 por galón, frente a un precio en bomba de alrededor de Q45 por galón. Esto se traduciría en un debilitamiento de los recursos destinados a la Unidad de Conservación Vial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y generaría ineficiencias notables para un impacto mínimo en los precios.

El Icefi demanda rigor técnico y transparencia en la legislación fiscal

El Icefi solicita a las autoridades del Ejecutivo, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil pronunciarse de manera crítica ante leyes fiscales que carecen de sustento técnico dentro del Legislativo guatemalteco.

Asimismo, exhorta a los diputados a ejercer su función legislativa con prudencia y responsabilidad, alejándose de criterios populistas y procurando que toda reforma fiscal atienda exclusivamente al interés general del Estado bajo principios de justicia y eficiencia tributaria.