La selva densa y apartada del Parque Nacional Corcovado se ha convertido en el escenario central de una transformación silenciosa: el incremento del precio internacional del oro ha reconfigurado el crimen organizado en la zona sur de Costa Rica, destaca una nota de Diario CRHOY.
Redes asociadas al narcotráfico encontraron en la extracción ilegal de oro no solo una actividad rentable, sino una estructura de negocio que replica la lógica de los grandes delitos transnacionales, según información de la Fiscalía Adjunta Ambiental y del Sistema Nacional de áreas de Conservación (SINAC).
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Quienes patrullan Corcovado, como relata el guardaparques óscar Beita, describen jornadas de hasta dos días avanzando entre ríos y lodazales para llegar a sitios como los ríos Tigre y Sirena.
Allí, la huella es inconfundible: maquinaria pesada, árboles caídos, caminos abiertos a la fuerza y vestigios de operaciones clandestinas que han cambiado el paisaje. No se trata de mineros aislados, sino de organizaciones que proveen todo lo necesario: combustible, alimentos y la compra directa del oro.
El atractivo es evidente. Un gramo de oro extraído ilegalmente puede alcanzar los ₡69,000 (aproximadamente USD 130), una cifra que, según datos recabados en la zona, convierte el mineral en el motor de una economía clandestina.
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El fiscal coordinador Luis Diego Hernández advirtió que el Ministerio Público ya no aborda estos casos como hechos sueltos, sino como “fenómenos estructurados”: las redes financian, transportan, suministran materiales peligrosos como mercurio y cianuro, y logran que el oro llegue a circuitos comerciales que se extienden hasta San José o atraviesan fronteras nacionales.
Una logística que desafía la conservación
La misma geografía que protege la biodiversidad del parque facilita las actividades clandestinas. El aislamiento, según Beita, es aprovechado para operar sin interrupciones y abastecer a quienes extraen el oro. La presencia de maquinaria y caminos improvisados evidencia la magnitud y permanencia de la actividad. El delito ambiental, según la Fiscalía Ambiental y el SINAC, involucra financiamiento, transporte y distribución de insumos tóxicos, replicando esquemas conocidos en el narcotráfico.
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Este patrón se repite en Puerto Jiménez y otras localidades, donde la presión sobre ecosistemas protegidos se hace sentir. La apertura de senderos ilegales y la acumulación de residuos en zonas tradicionalmente inaccesibles alteran el equilibrio ecológico y exponen a los guardaparques a riesgos crecientes.
El impacto: ríos intervenidos y amenazas constantes
Los daños no son solo ambientales. En los ríos Tigre y Sirena, los guardaparques han documentado excavaciones, alteración de cauces y contaminación por químicos. El uso de mercurio y cianuro para separar el oro envenena aguas, afecta la fauna y pone en riesgo a comunidades cercanas. La deforestación y los residuos generan un efecto dominó que compromete la regeneración forestal y la supervivencia de especies endémicas.
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Vigilar estos territorios implica aislamiento extremo y recursos limitados. El personal, generalmente en parejas, enfrenta amenazas y presiones directas para reducir su presencia o silenciar los reportes de actividades ilegales.
El oro como ruta de lavado y expansión criminal
La cadena de valor del oro ilegal no termina en las excavaciones. Personas ligadas al narcotráfico adquieren el mineral en comunidades del Pacífico sur, como Sierpe, Golfito y Puerto Jiménez. Parte de ese oro se vende localmente, pero otra fracción llega a San José, donde adquiere apariencia legal y, en ocasiones, sale del país.
El subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz, sostiene que la rentabilidad de esta actividad ha motivado a las organizaciones criminales a expandir su alcance, convirtiendo la minería ilegal en un negocio “altamente lucrativo” y de difícil rastreo.
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Así, las estructuras criminales han transformado la minería ilegal de oro en Corcovado en una operación compleja que genera ganancias millonarias, contamina ecosistemas protegidos y permite el lavado de capitales ilícitos en Costa Rica.
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