El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua ha identificado un patrón de represión estatal al documentar 304 casos de tortura entre 2020 y la actualidad, detalla una nota publicada este martes por EFE.
La organización responsabiliza al Gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, con víctimas principalmente entre personas exiliadas en Costa Rica y otros países.
La ONG, a través de su Observatorio Nicaragüense contra la Tortura, brinda acompañamiento psicológico a quienes sufrieron detenciones arbitrarias, traslados a centros penitenciarios y estadías en instalaciones clandestinas.
Los relatos evidencian graves vulneraciones a la integridad física y mental: privación de libertad, inseguridad y menoscabo de la dignidad humana.
Métodos de tortura documentados
Según el informe presentado, el colectivo detectó más de cuarenta métodos de tortura aplicados contra personas presas políticas y perseguidas.
Las prácticas reportadas más frecuentes incluyen violencia sexual, abuso sexual, tortura psicológica, golpizas, asfixia, choques eléctricos y quemaduras.
Además, se consignan aislamiento prolongado, falta deliberada de atención médica, amenazas a familiares y simulaciones de ejecución.
EFE destaca que el informe atribuye estos métodos a agentes estatales, cuerpos policiales, militares y estructuras paraestatales.
El documento identifica con nombres, cargos y hechos a al menos 170 presuntos responsables, tanto autores intelectuales como materiales, en su mayoría relacionados con instituciones policiales y penitenciarias.
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Persistencia y sofisticación de la represión
El informe advierte sobre el mantenimiento y el perfeccionamiento de los mecanismos de control y castigo contra opositores al Gobierno.
El Colectivo sostiene que existe una política sistemática de detenciones arbitrarias, violencia estatal, encubrimiento institucional y uso del miedo como herramienta de control social.
En los últimos años, se han registrado nuevas modalidades de represión como el destierro, la desnacionalización y la persecución transnacional. La ONG afirma que estos hechos configuran crímenes de lesa humanidad, una calificación que permite su persecución por otros Estados democráticos o por la Corte Penal Internacional.
Búsqueda de justicia y garantías de no repetición
El archivo documental reunido por el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua busca servir de insumo para futuros procesos de verdad, justicia y reparación integral.
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El informe subraya la necesidad de garantizar la no repetición de estos delitos: encarcelamientos arbitrarios, desapariciones forzadas y represión mediante la apatridia.
Desde 2020, organizaciones especializadas reportan un grave deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, con cientos de víctimas de tortura y un esquema de represión estatal que, según los denunciantes, persiste hasta la fecha.
Ocho años de represión
Desde abril de 2018, Nicaragua enfrenta una crisis de derechos humanos que ha dejado más de 300 fallecidos y miles de heridos tras la represión estatal contra manifestaciones, según Amnistía Internacional.
La gestión de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha profundizado las violaciones a las libertades, consolidando un estado represivo.
La persecución política ha cruzado las fronteras. En 2025, el asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam en Costa Rica fue atribuido a un complot orquestado desde Managua, de acuerdo con información publicada por El País, que señala la extensión de la represión nicaragüense hacia opositores exiliados.
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Las restricciones a la libertad de prensa han resultado en el cierre o confiscación de 61 medios de comunicación desde 2018, mientras que más de 300 periodistas se encuentran en el exilio forzado, impactando en que cerca del 65 % de la población permanezca sin acceso a periodismo independiente. Así lo documenta El País.
El despojo de nacionalidad se intensificó en febrero de 2023, cuando el gobierno expulsó y declaró “apátridas” a 222 presos políticos y, posteriormente, a otros 94 nicaragüenses, incluidos defensores de derechos humanos y periodistas, según reportes de Amnistía Internacional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que al menos 46 personas permanecen actualmente privadas de libertad bajo condiciones calificadas de inhumanas y degradantes por el organismo.
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