Un grupo de estudiantes ingresó con violencia y ocupó el edificio de Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) este miércoles, en respuesta a la decisión del Gobierno de mantener sin aumento el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para 2027 y tras la ruptura de las negociaciones oficiales. El episodio representa una escalada en el conflicto universitario y anticipa que, de mantenerse la propuesta oficialista, será la nueva mayoría parlamentaria en la Asamblea Legislativa la que decida el destino presupuestario de la educación universitaria pública.
La cifra central del desacuerdo se ubica en los ¢593,484 millones (USD 1,3 mil millones) para 2027 . Esta cantidad congelaría los recursos del FEES respecto a años anteriores, ignorando la petición de los rectores de un incremento del 2,94% (más de ¢17.000 millones, es decir, USD 37,2 millones).
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Durante la protesta del miércoles, los manifestantes comenzaron la acción a la 1 p.m. y, tras intercambiar palabras con autoridades, entraron al edificio rompiendo los vidrios de acceso. El rector Carlos Araya salió por una vía de emergencia.
La raíz inmediata de la protesta fue el fracaso de la tercera sesión de negociación del FEES, ocurrida el martes 21 de abril, cuando el Ejecutivo confirmó su propuesta de un aumento del 0% al presupuesto universitario. Ante la falta de acuerdo, la decisión pasó a la Asamblea Legislativa, donde el equilibrio de poder cambiará en las próximas semanas. El debate ahora se traslada a la Comisión de Hacendarios, con proyecciones desfavorables para quienes defienden el aumento de recursos.
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El conflicto por el FEES y las respuestas de las partes
Antes de la toma, universitarios ya se habían manifestado el martes 21 en puntos clave de San José y Heredia, y hubo un incidente en San Pedro, donde un vehículo embistió a varios estudiantes que mantenían un bloqueo. Las quejas de los manifestantes apuntan a un respaldo institucional considerado insuficiente.
El descontento tiene precedentes recientes. En abril de 2025, estudiantes ocuparon el edificio de la Federación de Estudiantes (FEUCR), acción que terminó con la renuncia de la entonces presidenta, Artemisa Villalta.
Las autoridades universitarias sostienen que intentaron el diálogo. La Rectoría de la UCR indicó en un comunicado que el vicerrector de Docencia, Jáirol Núñez Moya; la vicerrectora de Vida Estudiantil, Leonora De Lemos Medina; y la vicerrectora de Acción Social, Annette Calvo Shadid, asistieron al lugar para escuchar a los estudiantes y abrir un espacio de negociación. Desde la versión institucional se señala que la propuesta de designar representantes estudiantiles para dialogar fue rechazada. Ante la demanda de los estudiantes de que el rector saliera del edificio, Araya accedió, pero según la Rectoría, las condiciones no permitieron un intercambio efectivo y la conversación terminó abruptamente.
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El funcionario Pedro Navarro, director de la Oficina de Servicios Generales, aseguró que la seguridad de la universidad prioriza la protección de los estudiantes sobre una intervención represiva: “Nosotros no somos una seguridad represiva para los estudiantes. Buscamos la protección de ellos; la mayor preocupación es que no se cortaran”, dijo a La Nación.
La Constitución costarricense ordena destinar un 8% del PIB a la educación, aunque esta meta no se cumple en la práctica.
Toma y consecuencias inmediatas para la UCR
La ocupación de la Rectoría se suma a una secuencia de protestas debido al congelamiento del fondo universitario y a la sensación de debilidad institucional en la defensa del FEES. Grupos estudiantiles plantearon convocar una asamblea interna para definir acciones futuras.
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En su comunicado público, la UCR reiteró su “defensa firme del Fondo Especial para la Educación Superior frente a cualquier recorte presupuestario” y manifestó el compromiso de seguir negociando. Las autoridades reportaron que la universidad da seguimiento a los daños y monitorea la evolución del conflicto.
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