La presidenta electa Laura Fernández toma distancia de la idea de su asesor sobre bases militares de Estados Unidos en Costa Rica
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, descartó el jueves que la propuesta de su asesor técnico Fabián Silva sobre la instalación de bases militares de Estados Unidos en el país represente una posición oficial de su próximo gobierno.
Fernández destacó que cualquier iniciativa semejante tendría que superar una serie de obstáculos constitucionales y un extenso trámite en la Asamblea Legislativa, ya que Costa Rica abolió su ejército como institución permanente, lo que complica cualquier posible presencia militar extranjera.
En declaraciones al programa Por Tres Razones de la emisora Columbia, la también ministra de la Presidencia aclaró que a pesar de que celebra que se debatan “temas polémicos”, las opiniones emitidas por sus asesores no expresan su postura como mandataria ni corresponden a voces oficiales del gobierno entrante. Fernández subrayó: “Ellos ni son mis voceros, ni están hablando en nombre mío, ni mucho menos”.
La reflexión de la presidenta electa responde a las declaraciones públicas de Silva, quien integra un equipo técnico de cuatro abogados encargado de diseñar reformas legales prometidas durante la campaña electoral.
Silva, en el programa El Octavo Mandamiento del canal ¡Opa!, sugirió ubicar fuerzas armadas estadounidenses en las provincias de Limón, Puntarenas y Guanacaste con el objetivo de intensificar la lucha antidrogas en el país.
Silva, especialista en Derecho Constitucional, forma parte del reducido grupo legal que trabaja de forma “ad honorem” y voluntaria bajo la coordinación de Fernández.
Los otros miembros del equipo son María Lourdes Echandi, exprocuradora adjunta y especialista en derecho público; Fabián Volio, experto en derecho constitucional; y Juan Diego Castro, abogado penalista y exministro de Seguridad.
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, manifestó recientemente su escepticismo ante la posibilidad de instalar bases militares estadounidenses en territorio costarricense como estrategia para combatir el crimen organizado.
Consultado al respecto por el periódico La Nación, Zamora declaró: “No necesariamente, porque los militares se dedican a otros asuntos y no a la lucha antidrogas”. Agregó sobre la idea presentada por Silva: “Respeto la posición individual. Me parece que es un tema que, en este momento, para siquiera ser considerado, tiene que ser en sede legislativa y pasar por toda una serie de requisitos”.
Zamora puntualizó que la cooperación con fuerzas extranjeras en materia de narcotráfico se concentra esencialmente en agencias como la DEA y el FBI, mientras que la instalación de bases militares no garantiza necesariamente el aumento de la disuasión criminal.
Según Zamora, las “bases policiales sí implican disuasión, y lo estamos logrando con el trabajo conjunto que tenemos con la extradición”. Añadió que “me parece que es una idea sugestiva, provocadora y que abre un debate como el que se ha venido dando en el país sobre ese tema”.
Cualquier proyecto sobre bases militares extranjeras choca con el marco constitucional de Costa Rica
La Constitución Política de Costa Rica prohíbe de manera explícita el mantenimiento de un ejército permanente y exige que tanto el ingreso como la permanencia de tropas extranjeras y naves de guerra sean aprobados por la Asamblea Legislativa, como ocurre actualmente bajo el Convenio de Patrullaje Conjunto.
Este requisito constitucional impone una barrera legal de gran magnitud ante cualquier intento de establecer bases militares extranjeras. Todo proyecto en esa dirección demandaría no solo una discusión legislativa amplia, sino también un debate público profundo sobre la viabilidad y los riesgos del cambio en la política histórica de neutralidad costarricense.
Fernández reiteró su agradecimiento y confianza en el aporte de los cuatro abogados que conforman su equipo: “Ya tuvimos reuniones para ver cómo nos dividimos las tareas y demás, y empezamos el trabajo para las reformas que se impulsarán en el periodo presidencial”, explicó la mandataria electa durante el programa Por Tres Razones según Columbia.
Las presiones del narcotráfico y el crimen organizado mantienen viva la discusión sobre los mecanismos de seguridad internacional en Costa Rica. La propuesta de Silva, aunque desmarcada por múltiples actores políticos, se suma al debate nacional sobre los modelos más efectivos para enfrentar los desafíos que plantea la delincuencia transnacional en la región.
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