
El Gobierno de Costa Rica confirmó este miércoles un aumento salarial para el sector público que regirá desde abril, luego de cinco años de congelamiento en las remuneraciones estatales por la pandemia y diversas reformas fiscales.
El ajuste base será de ₡10,000 mensuales (USD 20.77) para quienes siguen bajo el esquema de salario compuesto y duplicará esa cifra para los empleados públicos con salarios más bajos.
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El trasfondo de esta medida radica en años de políticas de austeridad extremas implementadas a partir de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la regla fiscal tras la crisis global desencadenada por la COVID-19. Desde 2020, los salarios estatales permanecieron inalterados, lo que agudizó el impacto inflacionario sobre los trabajadores de niveles operativos y administrativos básicos.
De acuerdo con el presidente saliente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, la revisión salarial busca llegar a quienes desempeñan funciones clave en servicios de seguridad y apoyo, evitando beneficiar a los funcionarios con mayores ingresos.
Chaves se dispone a dejar el cargo para entregar el poder a la presidenta electa, Laura Fernández, quien tras su victoria en las urnas asumirá la jefatura del Estado el próximo 8 de mayo de 2026.
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Enfoque social y límites fiscales
El beneficio adicional de para funcionarios con salarios brutos menores a ₡514.000 (USD 1,067) alcanzará a unos 28,000 empleados del sector público, según datos de la presidencia costarricense. La medida se dirige de manera específica a mejorar las condiciones de los rangos salariales inferiores de la administración estatal.
Para financiar el ajuste, el Ejecutivo empleará una bolsa de ₡32,700 millones (USD 67,923.10) reservada desde diciembre. El presidente tico defendió el monto disponible ante los cuestionamientos de sindicatos por su modestia. “Eso es lo que hay. No se puede repartir más, aunque uno quisiera, a menos de que alguien quiera ver a Costa Rica como Venezuela”, afirmó Chaves en respuesta a las críticas.
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Y agregó el mandatario centroamericano: “Y bueno, aquí vamos a mantener la responsabilidad, por lo menos en lo que queda este gobierno y estoy seguro que en el que viene, que ya los organismos y las agencias internacionales celebraron como lo mejor para el país”
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplar) aclaró que el aumento aplicará solo a quienes mantengan el salario compuesto y no excedan el salario global de referencia establecido por la Ley Marco de Empleo Público, vigente desde 2023.

“En total, se verán beneficiados aproximadamente 13,600 policías (Fuerza Pública, Penitenciaria y Tránsito), 5,100 funcionarios de apoyo operativo, tanto de centros educativos como en las demás instituciones públicas (conserjes, cocineros y misceláneos), 2,900 trabajadores de vigilancia institucional y 2,300 personas de apoyo administrativo y técnicos”, señala el ente gubernamental en un comunicado.
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Perspectiva internacional y desafíos políticos
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha identificado la contención de la masa salarial pública como elemento fundamental para la estabilización macroeconómica y la recuperación de la calificación crediticia de Costa Rica. El gobierno ha destacado que el ajuste salarial llega tras varios ejercicios de cumplimiento riguroso de metas fiscales.
A pocos meses del relevo presidencial, la medida se presenta como un gesto de cierre para la administración Chaves, procurando mitigar el malestar social entre los estratos más castigados por la austeridad.
Sin embargo, sectores de oposición advierten que este ajuste difícilmente resolverá los reclamos de equidad en la distribución de la recuperación económica. Expertos económicos citados por la presidencia subrayaron que el crecimiento aún “no se percibe” de manera uniforme a lo largo de la estructura salarial estatal.
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El Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reportaron que, aunque la inflación se estabilizó en los últimos periodos, el costo de vida se mantiene como uno de los retos más duros para los asalariados y sus familias.
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