El próximo proceso electoral en Costa Rica convocará a 3,731,788 ciudadanos, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Dentro de ese universo, las personas mayores de 65 años representan el 16.1% del padrón, lo que equivale a 600,565 potenciales votantes, un segmento que continúa en crecimiento y que refuerza su peso en las decisiones políticas del país.
El envejecimiento de la población costarricense no solo se refleja en las urnas, sino también en el perfil de quienes aspiran a cargos de elección popular. En el actual escenario electoral, un 42.:8% de las candidaturas presidenciales está conformado por personas mayores de 50 años, lo que evidencia una tendencia clara hacia una mayor presencia de generaciones adultas en la competencia por los principales puestos de poder político.
Las cifras oficiales del TSE muestran datos que llaman la atención. De acuerdo con el corte estadístico de 2025, 969 personas inscritas en el padrón electoral tienen 100 años o más, de las cuales 314 son hombres y 655 mujeres. La persona más longeva registrada alcanza los 118 años, un indicador que confirma el avance sostenido de la longevidad en el país. En contraste, el grupo etario más numeroso lo integran 81.930 personas de 40 años, lo que evidencia una distribución poblacional diversa, pero cada vez más envejecida.
En cuanto a las candidaturas presidenciales, el TSE reporta que dos aspirantes superan los 60 años, otros dos tienen 60 y 62 años, respectivamente, y cinco más cuentan con más de 50 años. Este panorama refuerza el debate sobre el papel de las personas adultas mayores no solo como electoras, sino también como protagonistas directas de la vida política nacional.
Desde la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) se subraya la relevancia de la participación política de este grupo poblacional. La organización impulsa a las personas mayores a informarse, ejercer el voto de manera consciente y mantenerse vigilantes del cumplimiento de los compromisos que asuma el próximo gobierno. Para AGECO, la participación activa fortalece la democracia y amplía la capacidad de incidencia social de una población históricamente subrepresentada.
Costa Rica atraviesa una transición demográfica acelerada, marcada por el aumento sostenido de su población adulta mayor. Aunque este fenómeno representa un avance en términos de salud y esperanza de vida, también plantea desafíos estructurales en áreas como la protección social, la inclusión y el ejercicio pleno de derechos. En ese contexto, diversas organizaciones y marcos normativos insisten en la necesidad de garantizar la participación social y política como un derecho humano fundamental.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores establece, en su artículo 8, que este grupo tiene derecho a una participación “activa, productiva, plena y efectiva” en la familia, la comunidad y la sociedad. A nivel nacional, la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (N.º 7935) incorpora la participación ciudadana como un elemento clave para mejorar la calidad de vida y promover la inclusión.
Desde una visión más amplia, el Centro Internacional para la Longevidad, con sede en Brasil, sostiene que la participación no se limita al ámbito laboral, sino que abarca cualquier actividad social, cívica, cultural o comunitaria que otorgue sentido de pertenencia y propósito, además de beneficios para la salud y el bienestar emocional.
Para AGECO, el derecho a votar y a ser electo tiene una dimensión que va más allá del acto electoral. “Las personas adultas mayores son un grupo muy importante dentro de este proceso electoral, tanto como electoras como potenciales candidatas”, afirmó Andrea Monge, trabajadora social de la organización. Monge recordó que más de 600 mil personas mayores integran el padrón electoral y que una proporción significativa de las candidaturas presidenciales corresponde a personas mayores de 50 años.
Desde la organización recalcan la importancia de que el electorado mayor valore propuestas que contemplen el respeto y la garantía de sus derechos. “Incentivamos a que las personas mayores se informen y voten por opciones que reconozcan plenamente sus derechos”, concluyó Monge.
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