El próximo 1 de febrero, los costarricenses asistirán a las urnas a elegir el próximo presidente de la República para el periodo 2026 - 2030. En esta ocasión, los votantes deberán de elegir entre 20 candidatos que aspiran llegar a la cabeza del Poder Ejecutivo de ese país centroamericano.
Según múltiples encuestas realizadas a los ciudadanos, la inseguridad, el desempleo, la educación y la salud, son de las principales problemáticas a las cuales el próximo gobernante deba de enfrentar lo antes posible.
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) desde ya hace un llamado para que el próximo Poder Ejecutivo trabaje en reformas que reduzcan los costos operativos de las empresas y elimine distorsiones en el sistema financiero, esto con el fin de impulsar la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo formal.
“La Asociación Bancaria Costarricense identificó un conjunto de distorsiones que encarecen el crédito, limitan la inversión y el crecimiento económico y frenan la generación de empleo formal en el país. En el contexto del proceso electoral que se aproxima, consideramos que estos temas deben ocupar un lugar prioritario en la agenda económica de la próxima administración” añadió Rodrigo Cubero, asesor económico de la Asociación Bancaria Costarricense.
Para esa asociación, primero, es importante reducir los altos costos operativos que enfrentan las empresas. Factores como las cargas patronales sobre la planilla, las tarifas eléctricas, los rezagos en infraestructura, la carga regulatoria y los desajustes entre la formación laboral y las necesidades del sector productivo afectan la competitividad, especialmente fuera de las zonas francas y fuera de la Gran Área Metropolitana.
“Estos costos limitan la inversión, la expansión de las empresas y la creación de empleo formal. Hoy cerca del 40% de los trabajadores se mantiene en la informalidad”, agregó Cubero.
Estrategias para impulsar la competitividad empresarial y formalización de empleo
Según pidieron desde la ABC, el gobierno entrante debería de proponer estrategias para dinamizar el mercado nacional. Entre ellas:
- Abrir el mercado eléctrico a la producción privada.
- Mejorar la infraestructura vial y portuaria.
- Reducir la carga regulatoria.
- Mejorar la coordinación entre instituciones educativas formales, técnicas, vocacionales y empresas.
- Ampliar la red de cuido de menores y adultos mayores, para permitir una mayor participación en el mercado laboral, especialmente de mujeres.
El segundo desafío son las distorsiones directas en el sistema financiero que eleven el costo del crédito. Por ejemplo: las cargas parafiscales, el “peaje bancario”, y el encaje mínimo legal, que obliga a los intermediarios financieros a mantener una parte de los depósitos inmovilizada en el Banco Central.
Pese a que el encaje mínimo legal, no es una competencia directa del Poder Ejecutivo, los expertos ven importante que se promueva una discusión técnica que eventualmente disminuya esta tasa.
“Reducir estas distorsiones permitiría, según los analistas, contar con más recursos para otorgar crédito y avanzar hacia tasas de interés mas favorables, tanto para quienes ahorran como para quienes invierten y producen”, agregó Cubero.
La ABC hace un llamado a los 20 candidatos a la presidencia a incorporar estos temas en la agenda de políticas económicas, una vez que sean elegidos como presidente por los 3.7 millones de costarricenses que tendrán la posibilidad de asistir a las urnas en febrero próximo. Adaptar estas medidas debe de realizarse desde un enfoque técnico, responsable y orientado a resultados que permitan más créditos, más inversión, mas empleo formal y un crecimiento más balanceado e incluso que favorezca el mercado y la competitividad que tiene Costa Rica a nivel nacional e internacional.
Pese a que varios partidos políticos han mencionado en sus planes de gobierno estrategias en estos ámbitos, los “ticos” deberán de esperar si efectivamente quien llegue a Casa Presidencial las ejecuta a la mayor brevedad posible.
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