El Gobierno de Bolivia declaró este miércoles “emergencia energética y social” en todo el territorio nacional, en respuesta a la crisis económica que atraviesa el país, caracterizada por una inflación acumulada del 20,40% en lo que va de 2025, la escasez de dólares y el desabastecimiento de combustibles.
La medida fue adoptada mediante el Decreto Supremo 5517, que establece acciones excepcionales destinadas a garantizar el abastecimiento de combustibles y energía, reactivar la producción y contribuir a la reconstrucción de la economía nacional, según señala el texto oficial.
Entre las disposiciones centrales, el decreto autoriza de manera excepcional a personas naturales y jurídicas privadas a importar, vender y comercializar productos derivados del petróleo, a precios de importación o de ingreso a terminales de almacenamiento. Para ello, los operadores deberán contar con capacidad de almacenaje propia o alquilada, bajo un régimen de acceso no discriminatorio.
En el marco de la “extrema situación de déficit en el abastecimiento”, la norma también suspende al diésel de la lista de sustancias controladas, con el objetivo de asegurar un suministro continuo para el transporte, la producción, la agroindustria y los sectores estratégicos del país. El Gobierno aclaró que las medidas tienen “carácter excepcional, temporal e inmediato”.
La declaratoria de emergencia se produce un día después de que el Ejecutivo y sindicatos de obreros y campesinos dieran por superado el conflicto social derivado del retiro de la subvención a los combustibles. El acuerdo quedó reflejado en el Decreto Supremo 5516, que ratificó la eliminación del subsidio y dejó sin efecto otras disposiciones previamente cuestionadas.
Ese decreto incorporó los consensos alcanzados con la Central Obrera Boliviana (COB) y permitió el cese de protestas y el levantamiento de bloqueos de carreteras que se habían iniciado en rechazo al Decreto 5503, aprobado en diciembre.
La normativa cuestionada había fijado nuevos precios para los carburantes: 6,96 bolivianos (1 dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, lo que implicó incrementos de hasta 86 % y 162 % en relación con los valores subvencionados que rigieron durante más de dos décadas. Estos precios se mantendrán vigentes, según lo establecido en la nueva regulación.
Los sindicatos también habían expresado su rechazo al Decreto 5503 al considerar que habilitaba la eventual venta de recursos naturales y empresas estatales a capitales extranjeros, una interpretación que fue negada por el Gobierno.
La efectividad de las medidas y su impacto en el abastecimiento de combustibles y en la situación económica general quedarán sujetos a su implementación en las próximas semanas, en un contexto marcado por la escasez de divisas y la presión inflacionaria.
(Con información de EFE)
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