El CNE de Honduras declaró ilegal el nuevo recuento de votos ordenado por Xiomara Castro y ratificó el triunfo de Asfura

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras afirmó este lunes que el recuento de votos ordenado por el Gobierno saliente de Xiomara Castro no tiene validez jurídica y vulnera el marco constitucional, al tiempo que ratificó los resultados de los comicios presidenciales del 30 de noviembre que dieron como ganador a Nasry “Tito” Asfura.

La declaración del organismo electoral busca cerrar una escalada institucional iniciada tras la promulgación de una resolución legislativa que instruyó una revisión del escrutinio, medida que el CNE calificó de “inconstitucional e ilegal”.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, sostuvo que las directrices emanadas desde el Ejecutivo y el Congreso “no son vinculantes” y constituyen un intento de “usurpar” atribuciones que la ley asigna de forma exclusiva a la autoridad electoral.

En una comparecencia pública, Hall subrayó que el ordenamiento hondureño establece procedimientos precisos para la impugnación de actas y que cualquier revisión debe tramitarse dentro de esos cauces, sin interferencias externas.

El pronunciamiento del CNE se produjo luego de que el Gobierno de Xiomara Castro promoviera un recuento general de votos, argumentando supuestas irregularidades y “manipulación” del escrutinio.

La presidenta también cuestionó el contexto previo a la elección, al señalar la “injerencia” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien respaldó públicamente a Asfura. Sin embargo, el órgano electoral insistió en que el proceso fue auditado conforme a la normativa vigente y que la proclamación del ganador se sustentó en actas verificadas.

Asfura, de 67 años, fue declarado presidente electo el 24 de diciembre por el CNE, con una ventaja inferior a un punto porcentual sobre Salvador Nasralla, quien presentó denuncias de fraude. La estrechez del resultado intensificó la disputa política, pero el CNE reiteró que los mecanismos de revisión ya fueron activados y resueltos dentro del marco legal. Hall remarcó la necesidad de preservar la autonomía institucional y advirtió sobre los riesgos de alterar el orden constitucional.

El respaldo a la declaratoria del CNE también llegó desde las Fuerzas Armadas. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Valerio, aseguró que la institución continúa “respaldando la declaratoria del CNE” y garantizó la custodia del material electoral, un punto clave en medio de versiones sobre eventuales presiones para trasladar o intervenir las actas. La afirmación buscó disipar temores sobre un quiebre del orden público y reafirmar el rol constitucional de las Fuerzas Armadas en la protección del proceso.

En el plano internacional, el debate hondureño coincidió con la visita de Asfura a Washington, donde sostendrá una reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio. La oficina de Rubio había advertido durante el fin de semana que “cualquier intento de revertir ilegalmente las elecciones de Honduras tendrá consecuencias graves”, una señal de atención sobre el respeto a los resultados avalados por la autoridad electoral. Tras conocerse la proclamación, Rubio había felicitado al presidente electo y destacado la cooperación bilateral en seguridad y economía.

Especialistas en derecho constitucional coincidieron con la lectura del CNE. El abogado Oliver Erazo afirmó que el recuento impulsado por el Ejecutivo es “totalmente ilegal” y viola la independencia del organismo electoral. A su juicio, la única vía para imponerlo sería mediante “el uso de la fuerza y de las armas y el desorden social”, un escenario que, advirtió, contravendría la Constitución. Erazo explicó que cualquier modificación normativa podría ser revisada o derogada por el próximo gobierno o el nuevo Congreso.

Honduras atraviesa así un momento decisivo, con el calendario institucional en marcha hacia la toma de posesión del 27 de enero.

En ese contexto, el CNE buscó fijar límites: la autoridad electoral es la instancia competente para administrar, revisar y certificar los resultados. El mensaje, dirigido tanto a actores internos como a la comunidad internacional, apunta a preservar la legalidad del proceso y la continuidad democrática en un escenario de fuerte polarización política.

(Con información de AFP y EFE)