Defensoría del Pueblo alertó por drones explosivos y confrontaciones armadas en Norte de Santander: emitió recomendaciones al Gobierno

El organismo advirtió que la disputa entre el ELN y el Frente 33 expone a habitantes de los corregimientos de Luis Vero y San Martín de Loba a desplazamientos, confinamiento y daños en infraestructura comunitaria

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por el uso de drones con explosivos en Sardinata. (Defensorìa del Pueblo)
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por el uso de drones con explosivos en Sardinata. (Defensorìa del Pueblo)
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En la mañana del domingo 22 de noviembre, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por la expansión de la confrontación armada y el uso de drones con explosivos en los corregimientos de Luis Vero y San Martín de Loba, en Sardinata, Norte de Santander.

La entidad advirtió que la población civil enfrenta riesgos de desplazamiento, confinamiento, lesiones, reclutamiento de menores y afectaciones a escuelas, viviendas, iglesias y otros espacios comunitarios.

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La Alerta Temprana 030-2026 señala que la disputa enfrenta al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al Frente 33 de las disidencias de las extintas Farc por el control territorial y poblacional en esta zona del Catatumbo.

La Defensoría registró durante septiembre de 2026 al menos cinco hechos vinculados con vehículos aéreos no tripulados adaptados para lanzar artefactos explosivos. Los incidentes se reportaron en las veredas La Fría, Chiquinquirá y La Mesa.

Imagen de referencia. La camioneta fue reportada como hurtada en jurisdicción de Santander de Quilichao, sobre el corredor vial que comunica a Popayán con Cali (@DefensoriaCol/X)
El ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc disputan el control territorial en el Catatumbo. (@DefensoriaCol/X)

En octubre, según el documento, hubo nuevos eventos en el parque principal de Luis Vero, el templo parroquial San Martín de Porres y la vereda Corinto, perteneciente a San Martín de Loba. También se conoció de la caída de drones cerca de la Institución Educativa La Divina Esperanza mientras se desarrollaban actividades académicas.

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La entidad alertó que el empleo de drones armados en áreas pobladas expone directamente a civiles, bienes e infraestructura comunitaria. Añadió que estas acciones pueden contravenir los principios de distinción, precaución y proporcionalidad previstos en el derecho internacional humanitario.

El riesgo ha alterado la rutina de estudiantes, docentes y familias. Padres y madres han acudido a recoger a sus hijos en centros educativos ante el temor de posibles ataques, mientras que los estudiantes de la escuela Planadas dejaron de asistir a clases presenciales por la presunta presencia de artefactos explosivos improvisados en el sector.

Cinco civiles resultaron heridos en medio de las hostilidades

Cerca de 5.400 habitantes de la zona rural conviven con el riesgo de confinamiento y reclutamiento ilícito de menores. (Sebastián Marmolejo/Europa Press y Christian Escobar Mora/EFE)
Cerca de 5.400 habitantes de la zona rural conviven con el riesgo de confinamiento y reclutamiento ilícito de menores. (Sebastián Marmolejo/Europa Press y Christian Escobar Mora/EFE)

La alerta consigna que el 19 de octubre cinco personas de la población civil resultaron heridas durante las confrontaciones. Varias familias, además, habrían abandonado sus viviendas después de que estas fueran alcanzadas por explosivos lanzados desde drones.

Las personas afectadas perdieron bienes y enseres, según la Defensoría. El documento describe que algunas familias han optado por reunirse durante la noche en una sola vivienda como medida de protección, mientras otras han salido de sus casas con banderas blancas.

La situación abarca cerca de 5.400 habitantes de ambos corregimientos, de acuerdo con estimaciones de fuentes comunitarias incluidas en la alerta: unos 3.000 en Luis Vero y 2.400 en San Martín de Loba. Son zonas rurales conectadas con áreas de Tibú, San Calixto y Hacarí, cuya economía depende principalmente de la agricultura y la minería.

La Defensoría también reportó información sobre presiones a habitantes para asistir a reuniones convocadas por el Frente 33. A esto se suman señalamientos contra líderes sociales, amenazas a personas defensoras de derechos humanos y riesgos para líderes comunitarios, religiosos, docentes y dignatarios de juntas de acción comunal.

Niños, niñas y adolescentes enfrentan amenazas de reclutamiento, uso y utilización por parte de actores armados, además de interrupciones en su educación. Para las mujeres, el documento identifica riesgos relacionados con violencias basadas en género, coacción, amenazas y restricciones al ejercicio de sus derechos.

Las comunidades campesinas también están expuestas a la posible instalación o abandono de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados. La contaminación de caminos, cultivos, potreros, fuentes hídricas y zonas de tránsito puede restringir la movilidad y dificultar el acceso a alimentos, servicios esenciales y medios de subsistencia.

La Defensoría proyecta que, si la confrontación continúa, podrían aumentar los desplazamientos forzados, confinamientos, daños a viviendas y restricciones de movilidad. El riesgo se extiende a instituciones educativas, centros de salud, iglesias, parques y espacios deportivos.

El Estado recibió 15 recomendaciones para responder a la emergencia

El documento defensorial dirigió quince recomendaciones al Estado para proteger a las comunidades e investigar los ataques. (Defensoría del Pueblo)
El documento defensorial dirigió quince recomendaciones al Estado para proteger a las comunidades e investigar los ataques. (Defensoría del Pueblo)

La alerta formula 15 recomendaciones a entidades nacionales, departamentales y municipales. Al Ministerio del Interior le solicita coordinar una respuesta rápida mediante la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, con participación de la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Sardinata.

Al Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y la Policía se les pide reforzar el análisis y la prevención frente al uso de drones armados, así como adoptar medidas para proteger a la población y los bienes civiles sin incrementar los riesgos sobre las comunidades.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) deberá acompañar la implementación de mecanismos comunitarios de alerta ante drones con explosivos. Estos podrían incluir alarmas sonoras, sistemas de aviso y protocolos de autoprotección, siempre que una evaluación técnica confirme su viabilidad.

Entre las medidas solicitadas figuran también planes de atención psicosocial, educación sobre el riesgo de artefactos explosivos, actualización de los planes de contingencia, identificación de lugares temporales de resguardo y apoyo a productores campesinos que hayan perdido cultivos, animales o ingresos por las restricciones derivadas de la violencia.

La Fiscalía General de la Nación recibió la recomendación de fortalecer las investigaciones sobre ataques con drones y otros explosivos, con el fin de identificar a responsables materiales e intelectuales, así como posibles redes de suministro, financiación y adaptación de estos dispositivos. Las entidades concernidas deberán remitir sus respuestas a la Defensoría del Pueblo, que hará seguimiento a la ejecución de las medidas.

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