
La firma de cinco convenios de asociación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) el 30 de enero de 2026, por cerca de 15.142 millones, volvió a poner bajo la lupa un proyecto social que había comenzado con un programa de cocinas tradicionales. Tres personas u organizaciones que recibieron pagos en la iniciativa de 2024 figuran después en convenios directos de la Presidencia por casi $ 10.000 millones.
El cruce de contratos, informes de ejecución y documentos de planeación, revelados por la revista Cambio, coincide con los señalamientos de la exconsejera presidencial Eva Ferrer ante la Procuraduría.
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Ferrer sostiene que años antes se negó a respaldar una propuesta de cocinas porque su costo, según dijo, superaba los $24 millones por cada uno de los 80 beneficiarios previstos, mientras que la ex primera dama Verónica Alcocer niega haber gestionado esos recursos o influido en la elección de las entidades contratadas.
El Dapre celebró los cinco convenios un día antes de que empezaran las limitaciones a la contratación directa por la Ley de Garantías. Además de los acuerdos que conectan con el programa de cocinas, contrató a la Fundación Significarte por $4.073 millones y a la Fundación con un Fin Social (Finsocial) por $1.429 millones.
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Los otros tres contratos fueron suscritos con la Fundación para el Progreso y Bienestar Social del Caribe, por cerca de $3.000 millones; la Fundación para la Innovación y el Progreso de los Territorios, conocida como Prolnnova, por $5.140 millones; y la Fundación Fudeco para el Desarrollo de las Comunidades, por $1.571 millones. Juntos suman una cifra cercana a los $10.000 millones.
Proveedores del programa de 2024 reaparecen en la contratación estatal
La conexión se origina en el convenio 259-24, firmado el 20 de mayo de 2024 entre el Dapre y Finsocial para ejecutar actividades de prevención de violencias y fortalecimiento comunitario por medio de las cocinas tradicionales. Su valor inicial fue de $2.428 millones y, tras una adición aprobada en noviembre de ese año, alcanzó $3.052 millones. Del total, el aporte público fue de $2.050 millones.
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Los informes financieros de la entidad ejecutora registran $1.266 millones pagados a proveedores, $763 millones en honorarios y cerca de $20 millones por impuestos y retenciones. En esos documentos aparecen la Fundación para el Progreso y Bienestar Social del Caribe, que recibió $129 millones por tareas de logística y suministros; Víctor Alfonso Villafañe, con $56 millones en honorarios; y Stephanie María Vargas, con pagos por $ 29 millones.
En enero de 2026, Villafañe era representante legal de Prolnnova, mientras Vargas representaba a Fudeco. La Fundación para el Progreso y Bienestar Social del Caribe, por su parte, pasó de prestar servicios a Finsocial a ser contratista directo de la Presidencia. Los tres vínculos son los que conectan el primer programa con los convenios posteriores.
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El programa se amplió a cinco municipios de Sucre y Bolívar
La iniciativa, presentada públicamente el 5 de julio de 2024 en Ovejas, Sucre, fue denominada Colombia, Despensa y Cocina de Tradición. Alcocer y Luz Karime Fernández, consejera presidencial encargada para la Reconciliación Nacional, asistieron a ese lanzamiento.
El convenio contemplaba inicialmente actividades en Ovejas y Los Palmitos. Luego extendió su cobertura a Colosó, El Carmen de Bolívar y San Jacinto, y elevó de 80 a 120 el número de beneficiarios directos. De acuerdo con el informe final de supervisión, se realizaron 98 talleres, jornadas para 1.980 estudiantes y actividades que involucraron a 360 familiares. El acuerdo fue liquidado en julio de 2026, con certificación de cumplimiento de las obligaciones pactadas y del pago completo del aporte estatal.
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La defensa de Alcocer indicó que Finsocial contrató a la Fundación Cocinando Alegría, constituida por el chef Alex Quessep y su esposa, Jerry Anne Certain, como proveedora de insumos y elementos de cocina por $128 millones. Según el abogado Ricardo Gaviria, no existieron pagos personales a la pareja ni contratos directos de la Presidencia con ellos.
Ferrer relata que rechazó la propuesta tras conocer a sus promotores
Ferrer declaró el 27 de octubre de 2026 ante la Procuraduría que, a finales de 2022, Alcocer le presentó a Quessep y Certain en un restaurante de Barranquilla. Para entonces, Ferrer se desempeñaba como consejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia y había acompañado a Alcocer durante la campaña presidencial.
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Según su versión, conocida por la revista Cambio, la pareja planteó una intervención para 80 personas con un presupuesto de 450.000 dólares. Ferrer calculó que la iniciativa suponía unos 5.625 dólares por beneficiario, monto equivalente entonces a más de $24 millones. Dijo que remitió el proyecto a evaluaciones internas y externas y que no lo aprobó por considerar desproporcionado el costo frente a los resultados ofrecidos.
La exfuncionaria añadió que recibió presiones para que avanzara la propuesta y mencionó a Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama, como participante en reuniones sobre proyectos impulsados desde ese entorno.
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También aseguró que comentó sus reparos con Laura Sarabia, quien le manifestó a Cambio que no recuerda esa conversación. Gustavo Petro aceptó la renuncia de Ferrer el 14 de noviembre de 2023; seis meses más tarde se suscribió el convenio con Finsocial.
Los contratos están vinculados al proyecto de inversión identificado con un código BPIN terminado en 173, cuyo nombre se refiere al fortalecimiento de acciones de prevención de violencias, reconstrucción del tejido social y promoción de culturas de paz. La ficha del Departamento Nacional de Planeación (DNP) le asignó recursos por $45.900 millones entre 2023 y 2026.

El rastreo de la revista Cambio ubicó 76 contratos referidos a ese código. Catorce son convenios con siete fundaciones privadas por $37.519 millones, una suma que incluye los aportes de las organizaciones; también figuran 58 contratos de prestación de servicios y dos acuerdos con universidades. El valor público estimado de los contratos ligados únicamente al BPIN ronda los $32.800 millones.
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El 29 de mayo de 2026, durante un trámite de ajuste, el DNP solicitó precisiones sobre las metas, la focalización, los beneficiarios, los costos y la distribución territorial de los recursos. Esas solicitudes no equivalen a un hallazgo de corrupción, pero reflejan observaciones sobre la planeación que requerían respuesta.
Alcocer dice que no intervino en la financiación ni en los convenios
Por medio de Gaviria, Alcocer afirmó que conoce a Quessep desde su juventud en Sincelejo y que posteriormente conoció a Certain, pero negó haber promovido la financiación pública del proyecto. Admitió que pudo haberlos presentado socialmente a Ferrer, aunque dijo no recordar las circunstancias, y rechazó haber pedido a su primo que hiciera gestiones ante funcionarios. Su defensa sostuvo que “jamás ha autorizado a nadie para hacer negocios en su nombre”.
También aseguró que no reconoce a los contratistas señalados, que no tuvo contacto con ellos y que desconocía la celebración de los cinco acuerdos de enero de 2026 antes de que fueran firmados. La discusión ante los organismos de control deberá esclarecer la selección de los operadores y verificar si los recursos se destinaron a las actividades y resultados previstos en los convenios.
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