La Fiscalía investiga a siete personas por presunto lavado de activos: habrían transferido dineros a través de empresa de ambulancias

La Fiscalía General de la Nación investiga a siete personas por su presunta participación en “La Constru”, una organización que habría lavado dinero proveniente del narcotráfico mediante supuestas empresas de transporte asistencial y ambulancias desde 2015 en las ciudades de Mocoa, Cartago, Neiva, Pasto, Popayán y un municipio de Caldas.

El proceso, revelado en la mañana del domingo por el medio La Patria, incluye los delitos de lavado de activos, testaferrato y concierto para delinquir.

La investigación sostiene que la red habría simulado servicios de salud, también adquirido vehículos y alterado la facturación y la contabilidad para ocultar y legalizar presuntos recursos provenientes del tráfico de estupefacientes. Una de las sociedades fue constituida en la ciudad de Mocoa el 21 de diciembre de 2015 y otra, con sede en Caldas, el 24 de agosto de 2019.

Según el ente acusador, alias Chamón habría liderado la organización y coordinado sus finanzas. El señalado constituyó ambas empresas con dinero ilícito y habría ordenado que terceros aparecieran como accionistas o propietarios de bienes comprados con esos recursos.

El expediente revelado por La Patria también menciona a “Paola”, que habría actuado como accionista y representante legal de la empresa de Mocoa, además de prestar su nombre para adquirir vehículos y otros bienes. “Nata” habría sido accionista de la sociedad con sede en Caldas y habría intervenido en la compra de ambulancias y activos para aparentar un origen legal.

Así mismo, la Fiscalía sostiene que la compañera sentimental de Chamón habría ejercido como representante legal de la empresa de Mocoa y participado en la administración de las sociedades. Un contador y una coordinadora de facturación presuntamente manipularon registros contables, facturas y finanzas para encubrir el origen de los fondos.

El ente acusador también señala a un pensionado del Ejército Nacional, quien habría prestado su nombre para adquirir vehículos y bienes muebles con dinero ilícito. Las siete personas están acusadas, con distintos niveles de responsabilidad, por concierto para delinquir agravado, lavado de activos agravado, testaferrato y enriquecimiento ilícito de particulares.

Las audiencias preliminares se realizaron en el año 2025 ante el Juzgado 101 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Buga. Sin embargo, durante la diligencia ninguno aceptó los cargos y el juzgado impuso detención preventiva en cárcel, salvo a dos mujeres, a quienes les concedió prisión domiciliaria.

En abril de 2026, la defensa cuestionó la competencia de ese despacho y sostuvo que el caso debía ser asumido por un Juzgado Penal del Circuito Especializado de Mocoa. La Fiscalía se opuso al argumento y afirmó que la organización tenía presencia en varios departamentos y ciudades.

Entretanto, la Corte Suprema de Justicia resolvió recientemente que el proceso permanecerá en Buga, por lo que se mantendrán en firme las decisiones del juez.

Ocho detenidos enfrentan solicitudes de extradición de Estados Unidos

La Fiscalía General de la Nación capturó a ocho personas requeridas en extradición por autoridades de Estados Unidos, dentro de investigaciones por presunto narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir. Los operativos se llevaron a cabo el 21 de octubre en Bogotá, Barranquilla, Cajicá y Maicao.

Siete de los detenidos son requeridos por una corte federal de Puerto Rico. Entre ellos está Guillermo Carpio Cárdenas, conocido como “Guillo” o “Gallo”, a quien las autoridades señalan como posible jefe de la estructura. También fueron capturados Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco y Juan Daniel Arenas Uribe, alias Juan Arenas.

La hipótesis incluida en la solicitud estadounidense indica que la red habría empleado transferencias a terceros, depósitos divididos en montos menores y tokens para mover y ocultar recursos de origen ilícito. Parte de esas operaciones habría tenido lugar en Bogotá y Barranquilla.

El procedimiento fue coordinado por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía, con participación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Ejército Nacional y la Armada de Colombia.

José Luis Ramírez Hinestroza, director del CTI, indicó que la operación contó con apoyo de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de ese país (IRS-CI).