Ejército intervino una mina ilegal en Chocó, afectando las rentas del ELN por 1.200 millones mensuales en oro

El Ejército Nacional intervino maquinaria de minería ilegal en Playa de Oro, una zona rural del municipio de Tadó, Chocó. La operación apuntó a afectar las actividades atribuidas al ELN y a reducir el daño ambiental causado por la extracción no autorizada de oro.

La intervención se concentró en una unidad de producción minera ilegal instalada en ese sector de Tadó. Las tropas incautaron e inutilizaron los equipos y materiales que eran utilizados para desarrollar la actividad.

Así como explicó el coronel Edwin Uriel Cárdenas León, comandante de la Décima Quinta Brigada: “En la ofensiva sostenida contra la criminalidad en el departamento del Chocó, tropas de la Decimaquinta Brigada, a través del Batallón de Ingenieros Militares Número 15, con apoyo del Grupo Liviano de Caballería Número 9 y la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, intervinieron una unidad de producción minera, al parecer perteneciente al frente Cacique Calarcá, grupo armado organizado, ELN”.

La operación permitió retirar una excavadora, una clasificadora, 300 galones de ACPM y una cantidad no precisada de mangueras. El material intervenido tendría un valor cercano a 470 millones de pesos.

De acuerdo con la información oficial, los equipos podrían haber permitido la producción ilícita de alrededor de 3.000 gramos de oro cada mes. Ese volumen tendría un valor aproximado de 1.200 millones de pesos y constituía una fuente de recursos para estructuras criminales.

“Durante la operación desarrollada en el sector Playador, municipio de Tado, fueron intervenidas una máquina excavadora, una máquina clasificadora, trescientos galones de ACPM y una considerable cantidad de mangueras, elementos empleados para la explotación ilícita de oro, cuyo valor comercial se estima en aproximadamente 470 millones de pesos”, agregó el oficial.

La minería sin control afecta las fuentes hídricas, degrada el suelo y altera los hábitats de especies que viven en esta zona del Chocó. La operación buscó frenar esa afectación y limitar las ganancias obtenidas mediante la explotación ilegal del recurso.

La inteligencia militar indicó que la maquinaria intervenida pertenecería directamente al Frente Cacique Calarcá del ELN, organización que mantiene actividades delictivas en el territorio.

Las unidades militares anunciaron que mantendrán las operaciones contra la minería ilegal para proteger los recursos naturales estratégicos del departamento y debilitar las fuentes de financiación de los grupos armados que afectan la seguridad en Chocó.

“Las operaciones militares continuarán de manera sostenida para fortalecer la seguridad y contrarrestar las actividades ilegales del territorio”, finalizó diciendo el coronel Edwin Uriel Cárdenas León.

Fuerza pública propinó duro golpe a la minería ilegal en los ríos Nechí y Cauca: destruyeron 25 dragas y maquinaria por $73.000 millones

La destrucción de 25 unidades mineras en el Bajo Cauca antioqueño dejó inutilizada una infraestructura destinada a la extracción ilícita de minerales en dos afluentes de la región. La operación involucró a la Armada de Colombia, el Ejército Nacional y la Policía Nacional.

El despliegue se concentró en el río Nechí, en el sector de Amaserí de El Bagre, y en un tramo del río Cauca bajo jurisdicción de Cáceres. Las autoridades intervinieron estructuras artesanales e industriales que operaban en ambos puntos.

La acción buscó frenar una actividad que, según las autoridades, alimenta las economías ilícitas de los grupos armados organizados y causa afectaciones ambientales en esta subregión de Antioquia. La fuerza pública no precisó a qué organización criminal pertenecían los equipos hallados y destruidos.

Durante los procedimientos, las tropas desmantelaron Unidades Productoras Mineras (UPM) que incluían dragas de distintas especificaciones. Estos equipos remueven material de los cauces y procesan sedimentos para buscar minerales.

Además, la operación inutilizó dos retroexcavadoras y 13 motores industriales. La maquinaria permitía sostener la extracción en sectores fluviales y aumentar la capacidad para procesar el material retirado de los ríos.

La Armada de Colombia informó que la ofensiva conjunta apuntó a afectar la infraestructura que respalda la explotación ilícita de recursos naturales en las zonas de influencia de los ríos Nechí y Cauca.

La institución señaló que el objetivo también era reducir la capacidad operativa de quienes realizan esas labores sin contar con los permisos establecidos por la ley.

Las autoridades estimaron que el golpe económico para las redes dedicadas a esta actividad supera los $73.000 millones. El cálculo contempla el valor de las dragas, las retroexcavadoras, los motores y los insumos disponibles para el funcionamiento de las unidades mineras.