Dos exdirectivas del Icbf serán investigadas por la Procuraduría: habrían cometido irregularidades en contratación para la primera infancia

En medio de la veeduría interna que adelanta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) a los procesos y contrataciones que se adelantaron durante la administración de Gustavo Petro, en la tarde del domingo 25 de octubre se conoció que dos exfuncionarias de la entidad serán investigadas por la Procuraduría General de la Nación.

Según indicó el Ministerio Público en un comunicado oficial, se abrió un proceso disciplinario contra Adriana Velásquez Lasprilla y María Mónica Martínez, exdirectivas de la institución, por posibles anomalías en un proceso contractual adelantado en el año 2024 para prestar servicios de educación inicial a la primera infancia.

“La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra dos exdirectivas de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por posibles anomalías en un proceso contractual adelantado en el 2024 para prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención Integral a la primera infancia”, señaló el Ministerio Público.

La actuación busca establecer si hubo irregularidades en las etapas de planeación, estructuración y ejecución del contrato. La entidad también verificará si el desarrollo del proceso afectó el cumplimiento de las obligaciones contractuales o la supervisión adecuada.

Velásquez Lasprilla fue subdirectora general del Icbf durante la administración de Gustavo Petro, mientras que Martínez se desempeñó como directora de primera infancia de la entidad.

“Se hace necesario verificar si durante su ejecución se presentaron situaciones que pudieron comprometer el cumplimiento de las obligaciones contractuales o la adecuada supervisión del contrato”, concluyó la Procuraduría.

Un edificio del Icbf en el sur de Bogotá permanece inconcluso desde 2014

Apenas un día atrás, el Icbf denunció que un edificio de cinco pisos destinado al instituto en el barrio Centenario de Bogotá permanece sin entrar en servicio, aunque su construcción comenzó en 2014 y recibió una inversión superior a $4.600 millones. La sede está ubicada en la localidad de Rafael Uribe Uribe y, al corte de 2026, su ejecución física llegaba al 76%.

El caso forma parte de las alertas sobre la ejecución de recursos y contratos de la entidad. La edificación fue concebida para ampliar la capacidad operativa del Icbf en esa zona de la capital y concentrar allí la atención administrativa de decenas de trabajadores. Sin embargo, doce años después del inicio del proyecto, la construcción no ha sido entregada ni está habilitada para prestar servicios.

De acuerdo con un informe de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Icbf, el contrato inicial no cumplió con las obligaciones previstas. En 2024, la entidad firmó un nuevo acuerdo para adecuar y finalizar la obra, pero ese proceso también registra incumplimientos. El reporte deberá servir para establecer el estado de las obligaciones pendientes y las decisiones contractuales que correspondan.

La sede fue proyectada para más de 70 funcionarios

El inmueble estaba previsto para albergar a más de 70 funcionarios. Wilfredo Pulido, habitante del sector desde hace más de tres décadas, señaló que los trabajadores que iban a ocupar el edificio siguen en otra sede cercana, donde, según afirmó, disponen de un espacio reducido.

El residente cuestionó que la comunidad no haya recibido una definición clara sobre el destino de la obra. Pulido aseguró que los vecinos han solicitado explicaciones a distintas autoridades y que han escuchado versiones contradictorias sobre una eventual demolición, la terminación de los trabajos o la continuidad del proyecto.

“Lleva más de tres años en obra, iba a ser entregada hace tiempo, pero está inconclusa, sigue ahí perjudicando a toda la comunidad. Supuestamente era para 75 funcionarios, pero ellos están hacinados en otra sede cercana. No sabemos qué van a hacer de esta obra porque hemos tocado varias puertas y nadie nos da respuesta, dicen que lo van a demoler, que lo van a dejar, pero al final no hacen nada con ese elefante blanco”, señaló el habitante en diálogo con Caracol Radio.

Para los habitantes del barrio Centenario, la falta de uso del edificio ha tenido consecuencias en el entorno. Pulido sostuvo que el predio abandonado facilita situaciones de inseguridad y deteriora la imagen del sector. También pidió que, si la sede no entra en operación administrativa, se evalúe una alternativa que permita destinarla a programas para niños, madres y población vulnerable.