Las autoridades indígenas de Sa’th Tama Kiwe declararon la alerta máxima en Caldono, departamento del Cauca, tras denunciar la presencia de presuntos integrantes del grupo armado Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en la vereda 20 de Julio del municipio del suroccidente colombiano.
La situación fue reportada el 9 de octubre de 2026, cerca de las 5:00 p. m., durante un recorrido de la guardia indígena para vigilar el territorio ancestral.
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La Asociación de Cabildos Ukawesx Nasa Cxhab informó que el hallazgo ocurrió en una zona rural de Caldono y activó controles comunitarios. Las autoridades indígenas solicitaron intervención de entidades estatales y organismos de derechos humanos, ante el riesgo de amenazas o violencia contra los habitantes y sus formas propias de gobierno, según informó La FM.
Cinco vehículos quedaron bajo custodia indígena
Durante el procedimiento, la guardia retuvo dos camionetas Toyota blancas, una Nissan 4x4 y dos motocicletas de alto cilindraje. Las autoridades revisarán la legalidad de los vehículos antes de decidir si los entregan a la Justicia.
La organización sostuvo que esas actuaciones se apoyan en la Resolución 003 de 2024, que prohíbe el tránsito de grupos armados por el territorio ancestral, sus vías y sus centros poblados.
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“Estos controles se realizan en cumplimiento de la Resolución 003 de 2024, mediante la cual se orienta la prohibición de recorridos de grupos armados dentro del territorio ancestral, sus vías y centros poblados”, señaló la Asociación, en el comunicado difundido por le medio de comunicación.
Los cabildos advirtieron riesgos para su organización y sus comunidades
La denuncia fue suscrita por las autoridades de los resguardos de La Laguna Siberia, Las Mercedes, Pueblo Nuevo, San Lorenzo de Caldono, Pioya y La San Aguada San Antonio.
“Las autoridades ancestrales que hacen parte de los resguardos indígenas [...] denunciamos ante la opinión pública [...] la presencia de grupos armados ilegales a nuestros territorios”, manifestó la comunidad.
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Los cabildos afirmaron que la incursión de actores armados afecta la autonomía territorial, el ejercicio de la autoridad ancestral y los derechos humanos de las familias de la zona.
También responsabilizaron al grupo Dagoberto Ramos por cualquier hostigamiento, amenaza o agresión que pueda afectar a las autoridades tradicionales, la guardia indígena y los pobladores.
La Asociación pidió a la Defensoría del Pueblo, al Gobierno Nacional y a los organismos de derechos humanos que mantengan seguimiento sobre el caso y adopten medidas de protección.
Abelardo de la Espriella respetará el derecho a la protesta social, pero puso condiciones al anuncio de la Cric
En días anteriores, el Gobierno nacional había advertido que revisará recursos del Cric (Consejo Regional Indígena del Cauca) y desplegará medidas para impedir bloqueos y hechos violentos, durante la movilización convocada en el Cauca entre el 11 y el 14 de octubre de 2026. El anuncio lo hizo el presidente Abelardo de la Espriella después de un consejo de seguridad que se prolongó durante más de siete horas.
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La jornada fue llamada “Cumbre Indígena y Movilización Social por la Vida” por el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). El mandatario afirmó que su administración mantendrá un diálogo directo con las comunidades indígenas del país, aunque marcó una diferencia entre esos pueblos y la organización convocante.
El Ejecutivo revisará el destino de $1,13 billones que, según De la Espriella, fueron entregados por el Estado en planes acordados con el Cric. La verificación abarcará los contratos y convenios relacionados con esos recursos, pero el presidente no informó qué entidad asumirá esa tarea ni cuándo se conocerán los resultados.
“Una cosa son los pueblos indígenas de Colombia y otra cosa muy distinta es el Cric”, afirmó De la Espriella. El jefe de Estado sostuvo que el Gobierno no negociará bajo presión, amenazas ni vías de hecho.
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El anuncio combina dos decisiones frente a la movilización prevista en el Cauca: la revisión de los recursos vinculados a acuerdos con el Cric y la garantía de la protesta pacífica. La administración nacional anticipó que no permitirá interrupciones en las carreteras, daños a la infraestructura ni agresiones contra civiles o integrantes de la fuerza pública.
El presidente indicó que las autoridades deberán prevenir acciones que afecten la movilidad y el funcionamiento de las regiones. La instrucción, según expuso, busca permitir las manifestaciones dentro de los límites establecidos por la Constitución Política y la ley.
De la Espriella también señaló que las personas que destruyan infraestructura, ataquen a miembros de la fuerza pública o bloqueen vías deberán responder ante las autoridades. La advertencia se dirigió a quienes participen en conductas violentas durante las jornadas anunciadas.
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Sobre el control de los recursos, el mandatario prometió una revisión detallada. “Peso por peso vamos a revisar”, declaró al anticipar que el análisis incluirá cada contrato y cada convenio asociado a los acuerdos con el Cric.
El pronunciamiento fijó una nueva posición del Gobierno ante la movilización indígena en el departamento. Mientras insistió en que reconoce a las comunidades del país y conservará canales de conversación con ellas, el presidente descartó que esos contactos impliquen aceptar presiones derivadas de bloqueos o actos de violencia.
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