
El Pacto Histórico confirmó que el martes 24 de noviembre se movilizará en rechazo al Presupuesto General de la Nación para 2027, aprobado por las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes el martes 20 de octubre.
La colectividad anunció la convocatoria después de cuestionar la distribución de los recursos incluidos en el proyecto por $634,9 billones y señalar que el aumento de las partidas para el pago de la deuda y el funcionamiento del Ministerio de Hacienda contrasta con las reducciones presupuestales que, según la bancada, afectan a entidades del sector educativo, la justicia transicional y las regiones.
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La decisión fue comunicada mediante un documento divulgado por la bancada del Pacto Histórico, en el cual los congresistas manifestaron su desacuerdo con el trámite y el contenido del presupuesto, al considerar que el gobierno de Abelardo de la Espriella pretende avanzar en su aprobación sin resolver interrogantes sobre algunas partidas y sin desarrollar una discusión de fondo sobre la asignación de los recursos públicos.
Aumento del servicio de la deuda y cuestionamientos al trámite

Uno de los principales argumentos presentados por la bancada del Pacto Histórico está relacionado con el crecimiento de los recursos destinados al pago de la deuda pública. Esta partida pasa de $100,4 billones en 2026 a $147,1 billones en 2027, un aumento del 46% que, de acuerdo con los congresistas, equivale aproximadamente a uno de cada cuatro pesos del presupuesto nacional.
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Los parlamentarios también cuestionaron la diferencia entre los ajustes realizados a las obligaciones de deuda y la reducción incorporada en el proyecto durante el segundo debate. En su pronunciamiento indicaron que el Ministerio de Hacienda realizó operaciones de canje de títulos de tesorería (TES) por $19,8 billones y retiró $17,4 billones de vencimientos correspondientes a 2027. Sin embargo, según la bancada, el proyecto presupuestal solo disminuyó $8,36 billones de esa partida.
El Pacto Histórico sostiene que cerca de $9 billones podrían continuar presupuestados para pagos que ya no corresponderían a vencimientos de 2027, y señaló que el Congreso no contaría con información suficiente sobre el calendario de esas obligaciones para evaluar la asignación de los recursos.
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Durante el trámite legislativo, la ponencia para segundo debate redujo en $8,36 billones el monto destinado al servicio de la deuda y trasladó esos recursos hacia los rubros de inversión y funcionamiento. Esta modificación hizo parte de los ajustes incorporados al texto que finalmente aprobaron las dos plenarias.

La bancada también comparó el proyecto con el presupuesto que había radicado el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Según sus cifras, el monto para 2027 aumentó en $59 billones frente a aquella propuesta. De ese incremento, $29 billones se asignaron al servicio de la deuda y $16,6 billones al Ministerio de Hacienda, una distribución que los congresistas cuestionaron por la proporción de recursos adicionales concentrados en esas dos partidas.
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A esos montos se suma, según el comunicado, una bolsa de $3,9 billones sin proyectos definidos, cuyos recursos se distribuirían durante la vigencia presupuestal. El documento también señala un incremento de $2,15 billones en los recursos de funcionamiento del Ministerio de Hacienda, cuyo presupuesto para ese componente crecería un 37% respecto de 2026.
La bancada advirtió que el Gobierno pretende aprobar el presupuesto a “pupitrazo”, expresión con la que cuestionó el procedimiento legislativo. En el comunicado, los congresistas señalaron que todavía existen cifras que requieren aclaración y mencionaron, entre ellas, la aprobación de una partida de $14 billones que, según su denuncia, quedaría a disposición del Gobierno sin control legislativo.
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Recortes a la JEP, el Sena y la educación superior

Otro de los puntos centrales del pronunciamiento corresponde a los recursos asignados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidad creada en el marco del Acuerdo de Paz de 2016. La reducción señalada por los congresistas equivale a una caída del 82% en ese componente. Además, el contexto del trámite legislativo incluye un recorte total de $181.402 millones para la entidad durante 2027, luego de que a la disminución inicial de $170.000 millones se sumara un ajuste de $11.402 millones que se trasladaría al Ministerio de Defensa.
El Pacto Histórico también expresó preocupación por dos artículos nuevos que, según su interpretación del texto, permitirían al Ministerio de Hacienda trasladar mediante decreto saldos de entidades y fondos al denominado Fondo Milagro. La bancada advirtió que esta disposición podría facilitar nuevas reducciones presupuestales sin que los cambios tengan que someterse previamente a la aprobación del Congreso.
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En materia educativa, los congresistas señalaron que los recursos del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) destinados a sus centros de formación fueron objeto de modificaciones durante el trámite. Según el comunicado, las comisiones económicas habían devuelto $500.000 millones a esa entidad, pero la cifra fue retirada nuevamente en la ponencia posterior.
La bancada afirmó que los recursos recuperados inicialmente para los centros de formación del Sena fueron eliminados otra vez durante el proceso de aprobación del presupuesto. El pronunciamiento no detalla la distribución final de ese ajuste entre los diferentes centros de formación.
En cuanto a la educación superior, la inversión del Ministerio de Educación perdería $310.000 millones netos. Los congresistas agregaron que todavía no se ha precisado cuál será el impacto de esa reducción sobre la política de gratuidad educativa.
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Menor inversión para los departamentos

Las regiones también figuran entre los sectores mencionados en el comunicado. Según las cifras citadas por el Pacto Histórico, con base en el último informe del Departamento Nacional de Planeación (DNP), 14 departamentos recibirían en 2027 una inversión real inferior a la de 2026. De esos territorios, nueve pertenecen a la categoría de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), creada para atender zonas afectadas por el conflicto armado.
La bancada relacionó esta reducción con las necesidades de inversión de las regiones y con la financiación de iniciativas vinculadas a la implementación de los acuerdos de paz. El documento agrega que la inversión pasaría de representar el 16,1% al 14,9% del presupuesto nacional. Asimismo, sostiene que, al excluir la bolsa del Ministerio de Hacienda y los subsidios de energía de la comparación, la inversión registraría una caída real del 6% frente a 2026.
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Frente al contenido definitivo del presupuesto, los congresistas del Pacto Histórico manifestaron que reconocen la necesidad de contar con una asignación responsable de los recursos públicos, pero rechazaron que las medidas presentadas como austeridad correspondan a una reducción general del gasto.
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