Las imágenes del encuentro en el que se habría concretado el ‘Pacto de Valledupar’: así fue la reunión que tiene bajo la lupa al Gobierno Petro

El 24 de octubre de 2025, cuando faltaban siete meses para las elecciones presidenciales de 2026, se llevó a cabo una reunión entre representantes del gobierno del entonces presidente Gustavo Petro y antiguos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que habían sido nombrados ‘gestores de paz’.

Las imágenes del encuentro, difundidas ese día a través de las redes sociales oficiales del Ministerio del Interior, volvieron a cobrar relevancia tras las denuncias relacionadas con el denominado ‘Pacto de Valledupar’.

En la reunión participaron Armando Benedetti, entonces ministro del Interior; Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre); Víctor de Currea Lugo, exasesor de la Presidencia; y Jorge Lemus, quien encabezaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Del otro lado de la mesa estuvieron 11 ex jefes paramilitares, convocados en medio de las gestiones del gobierno Petro para avanzar en el cierre de asuntos pendientes relacionados con el proceso de paz con las autodefensas.

Las fotografías difundidas por el Ministerio del Interior documentaron un encuentro que posteriormente quedó vinculado a las denuncias sobre presuntas presiones para obtener declaraciones contra dirigentes políticos de oposición.

Los señalamientos surgieron a partir de las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien afirmó que delegados del gobierno habrían solicitado a antiguos integrantes de las AUC acusar a Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras con propósitos electorales.

Las imágenes de la polémica reunión

El encuentro fue presentado públicamente como parte de los esfuerzos para cerrar el proceso relacionado con el denominado acuerdo de Ralito, la mesa ilegal en la que integrantes de las AUC establecieron acuerdos con políticos de distintas regiones del país.

Según la información de la Comisión de la Verdad, entre los compromisos que habrían asumido las autodefensas figuraba la entrega progresiva de las armas, a cambio de condiciones relacionadas con la legalización de parte de su patrimonio, la conservación de poder político y la no extradición.

En ese contexto, Angie Rodríguez se refirió a la importancia de la reunión y al propósito de avanzar en el esclarecimiento de hechos relacionados con el conflicto armado colombiano.

“Este día histórico es un paso fundamental para que el país pueda sanar las heridas. Hay una verdad que se sabe en las etapas judiciales, pero el país no conoce (...) Es necesario cerrar este proceso que lleva más de 20 años”, dijo entonces Rodríguez.

Por su parte, Armando Benedetti también se pronunció sobre los compromisos de los asistentes y las posibles declaraciones que podrían conocerse a partir del proceso. “Nos hemos reunido con 16 gestores de paz designados. Esos gestores de paz se han comprometido con decir la verdad, verdad que estoy seguro va a asombrar a Colombia, sobre todo a la verdadera clase política, al establecimiento. Varios de esos actores políticos hoy son candidatos. Ya veremos qué de todo eso termina siendo verdad o sustentándose en lo que se deba”, afirmó el entonces ministro del Interior.

Las declaraciones adquirieron relevancia posteriormente, cuando comenzaron a conocerse detalles sobre el documento que habría resultado de la reunión y las condiciones propuestas para que los exjefes paramilitares ampliaran sus testimonios.

De acuerdo con el documento publicado por La FM, no se habrían incluido expresamente los nombres de los dirigentes políticos que, según las denuncias posteriores, habrían sido objeto de interés para el Gobierno. Sin embargo, el texto sí contemplaría compromisos relacionados con la búsqueda de nuevas declaraciones, las condiciones jurídicas de los gestores de paz y la continuidad del proceso.

Los compromisos que habría incluido el documento

Dos fuentes que habrían estado presentes en la reunión le dijeron a La FM que, cuando los funcionarios presentaron una propuesta relacionada con declaraciones contra dirigentes de oposición, los exjefes paramilitares se habrían negado a realizar acusaciones que pudieran constituir falso testimonio o fraude procesal, pues algunos de los antiguos integrantes de las AUC ya habían negado ante la Fiscalía, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o la Corte Suprema de Justicia conocer la participación de esos políticos en los hechos investigados.

Uno de los apartados del documento señalaría que “la verdad lograda requiere una mayor audacia para que el país la conozca”. El texto también haría referencia a las dificultades jurídicas que podrían presentarse para obtener nuevas declaraciones y revisar información recopilada en diferentes procesos.

En uno de los fragmentos citados en la información conocida sobre el caso se lee: “Identificamos una serie de obstáculos que generan inseguridad jurídica, la cual podría ser un nuevo problema para revisar de manera sistemática el largo acumulado de verdad que ya se ha recopilado en diferentes procesos jurídicos, académicos y políticos. Por lo anterior, el Estado garantizará que la contribución a la verdad se realice en condiciones de justicia restaurativa y no de impunidad”.

Otro de los compromisos atribuidos al documento contemplaría revisar las condiciones de reclusión de los gestores de paz y explorar alternativas para quienes permanecieran privados de la libertad. “(...) Explorar la excarcelación de los gestores de paz actualmente en prisión, así como revisar las condiciones de reclusión mientras se concreta su situación jurídica”, señala el documento.

Además, habría planteado la posibilidad de retomar la iniciativa de colonias agrícolas como mecanismo de resocialización y de contribución productiva a las comunidades.

En materia judicial, el Gobierno habría contemplado estudiar alternativas relacionadas con la situación penitenciaria y los procesos de justicia transicional. El documento citado en las informaciones sobre el caso indicaría: “El Estado estudiará mecanismos legales como la reubicación carcelaria, la extradición, las tareas de las gestorías de paz en los centros de reclusión, la acumulación jurídica de penas, como incentivos para las personas comprometidas en este cierre”.

Según la información divulgada, los ex jefes paramilitares habrían firmado el documento y se habrían comprometido a entregar, dentro de los siguientes diez días hábiles, una actualización de sus planes de trabajo con tareas específicas para desarrollar los puntos acordados.

Por los hechos denunciados, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez por la presunta instrumentalización de exjefes paramilitares con fines políticos.

La investigación disciplinaria deberá establecer las circunstancias de la reunión, los compromisos que habrían asumido los participantes y si las actuaciones de los funcionarios se ajustaron a sus deberes. Por su parte, los señalamientos sobre las presuntas solicitudes de declaraciones contra dirigentes políticos permanecen sujetos a verificación por parte de las autoridades.