Petro deberá responder por el denominado ‘Pacto de Valledupar’: Fiscalía compulsó copias a la Comisión de Acusaciones para que lo investigue

La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal por los hechos relacionados con el denominado “Pacto de Valledupar” y remitió copias a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes para que examine las conductas mencionadas en una denuncia que involucraría al entonces presidente de la República, Gustavo Petro.

De acuerdo con la información entregada por el ente acusador, la noticia criminal se abrió el pasado 31 de agosto en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Ese mismo día, la Fiscalía dispuso la compulsa de copias a la célula legislativa competente para investigar a los jefes de Estado, debido a que la denuncia recibida hacía referencia a comportamientos que comprometerían al mandatario de ese momento.

El caso está relacionado con un supuesto acuerdo entre funcionarios del gobierno de Petro y antiguos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes habrían recibido ofrecimientos de beneficios judiciales y carcelarios a cambio de entregar declaraciones contra Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella, en el contexto de la campaña presidencial.

La decisión de la Fiscalía se conoce en medio de las denuncias sobre las reuniones realizadas en Valledupar, Cesar, en octubre de 2025, y de los señalamientos del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien afirmó que representantes del Ejecutivo les solicitaron a antiguos comandantes de las autodefensas acusar a dichas figuras políticas.

Cabe aclarar que la remisión de las copias no significa que los hechos denunciados estén probados ni constituye una declaración de responsabilidad contra Petro. La compulsa de copias permite poner los hechos en conocimiento de otra autoridad cuando se considera que podrían corresponder a su ámbito de competencia.

En este caso, la Comisión de Investigación y Acusaciones es la instancia de la Cámara de Representantes encargada de conocer las denuncias contra el presidente de la República y los expresidentes, de acuerdo con las atribuciones constitucionales y legales aplicables.

Además, la apertura de la noticia criminal y la remisión de los documentos forman parte de las actuaciones institucionales relacionadas con las denuncias. Sin embargo, la información suministrada por la Fiscalía no establece que se haya comprobado la existencia de un acuerdo para conseguir testimonios falsos ni que el expresidente haya impartido instrucciones para presionar a los exintegrantes de las AUC.

Los señalamientos de Salvatore Mancuso y la declaración de Valledupar

La controversia tomó fuerza después de que se conocieran denuncias sobre la reunión del 24 de octubre de 2025 entre delegados del gobierno de Petro y antiguos comandantes paramilitares. Entre los participantes mencionados en la información divulgada figuran Salvatore Mancuso; Carlos Mario Jiménez, conocido como alias Macaco; Freddy Rendón, alias el Alemán, y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.

De acuerdo con el contexto de las denuncias, los encuentros estaban relacionados con el cierre del proceso de Ralito, la situación jurídica de antiguos integrantes de las AUC y los asuntos pendientes en materia de verdad, reparación y reincorporación. Sin embargo, Mancuso aseguró que durante las reuniones se habría planteado la posibilidad de que los excomandantes señalaran a Uribe Vélez, De la Espriella y Vargas Lleras.

En un video divulgado en redes sociales, el exjefe paramilitar afirmó: “Delegados del Gobierno Petro nos pidieron a los excomandantes de las autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: a Uribe, a De la Espriella y a Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”.

La denuncia también se relacionó con las declaraciones de Angie Rodríguez, quien se desempeñó como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) durante el Gobierno Petro, y quien expuso a la revista Semana detalles sobre los diálogos con los antiguos integrantes de las autodefensas.

Uno de los documentos que entró en el centro de la controversia fue la denominada Declaración de Valledupar, escrito que resultó de aquel encuentro entre el Gobierno Petro y los exjefes paramilitares. El texto incluyó mecanismos que el Estado estudiaría como posibles incentivos para las personas comprometidas con el cierre de ese proceso.

Entre las medidas mencionadas estaban la reubicación carcelaria, la extradición, las tareas de los gestores de paz en los centros de reclusión y la acumulación jurídica de penas. El apartado de seguimiento y compromisos inmediatos señalaba: “El Estado estudiará mecanismos legales como la reubicación carcelaria, la extradición, las tareas de los gestores de paz en los centros de reclusión, la acumulación jurídica de penas, etc. como incentivos para las personas comprometidas en este cierre”.

Petro rechazó los señalamientos y la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria

Frente a las acusaciones, el expresidente Gustavo Petro negó haber ordenado presiones para obtener declaraciones contra sus adversarios políticos. “No voy a aceptar que se me atribuyan hechos tan graves sin que exista una sola prueba que demuestre que di una orden para presionar a alguien a declarar contra Álvaro Uribe o contra cualquier otro dirigente político”, afirmó en un mensaje divulgado en su perfil de X.

El exmandatario también señaló que en las reuniones participaron delegados de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

Mancuso, a su vez, manifestó que Petro no le formuló directamente la petición que denunció. Sobre las responsabilidades por lo ocurrido, afirmó: “Eso lo deberán responder ella, su asesor y el expresidente ante la justicia”, en referencia a Angie Rodríguez, el asesor presidencial Víctor de Currea Lugo y el exmandatario, quienes estuvieron presentes en la reunión.

Por estos presuntos hechos, el 20 de octubre la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Rodríguez y Armando Benedetti, exministro del Interior que también presenció el encuentro, para establecer si conocieron o participaron en el supuesto plan relacionado con los antiguos integrantes de las AUC.