Aprobado el Presupuesto General de la Nación 2027: así quedó distribuido el dinero, Salud y Defensa los que más recibirán

El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones, con mayores recursos para salud, pensiones, educación, subsidios energéticos, seguridad e inversión pública, tras una jornada legislativa que concluyó en la madrugada del 20 de octubre y evitó que el Gobierno lo expidiera por decreto.

La Cámara de Representantes respaldó el mismo texto que el Senado había aprobado a las 11:00 p. m. del lunes 19 de octubre. El acuerdo impidió que el proyecto pasara a conciliación entre ambas corporaciones y descartó el escenario de una aprobación gubernamental mediante decreto.

La inversión pública aumentó de $86,9 billones previstos inicialmente a $94,8 billones, mediante una redistribución interna que mantuvo intacto el monto global del presupuesto. Cerca de $69 billones de ese total serán destinados a las regiones.

El sector salud recibió $3 billones adicionales, que se sumaron a los $2 billones incorporados previamente. La asignación final para atender las necesidades del sistema y la crisis del sector llegó a $5 billones.

Es decir, que este con este valor, la partida destinada a salud será de $84,5 billones en total.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, calificó esa adición como el cambio más relevante de la jornada. Al término del debate, agradeció a los legisladores y sostuvo: “Este no es un presupuesto cualquiera, es el primer paso para corregir el rumbo de nuestra economía y hacer los ajustes que le permitan volver a crecer. Ese es nuestro compromiso”.

Por su parte, la seguridad del país tendrá $82,8 billones para sostener la operación de la Fuerza Pública y reforzar la lucha contra el delito. De ese monto, $74,9 billones corresponden a Defensa y Policía, mientras que la Fiscalía General de la Nación contará con $7,8 billones, incluidos $100.000 millones adicionales para fortalecer sus capacidades operativas.

El sector Trabajo incorporó $6,5 billones adicionales para cubrir obligaciones pensionales. Este rubro se le suma a los $66,9 billones que fue el monto de la ponencia que entró a segundo debate dando un total de $79,4 billones. Los recursos también financiarán programas de protección social, formación para el empleo, productividad y emprendimiento a través de entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena.

Las universidades públicas registraron una brecha cercana a $700.000 millones para atender sus gastos de funcionamiento. El presupuesto reconoció esa necesidad de financiación dentro de los ajustes aprobados por el Congreso.

El sector de Minas y Energía recibió $3 billones para financiar subsidios de electricidad y gas, incluidos los correspondientes al servicio de gas por red, gas licuado de petróleo y transporte de combustibles líquidos en zonas de frontera. También se creó una partida de $9,6 billones para obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, Fepc, que no tenía una asignación explícita en el proyecto inicial.

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, tendrá una reducción de $181.400 millones. El recorte incluye un ajuste inicial de $170.000 millones y otros $11.400 millones trasladados al Ministerio de Defensa; según el Ministerio de Hacienda, la medida no afectará el funcionamiento de la entidad ni sus funciones.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, señaló que la discusión se extendió durante más de 10 horas y destacó el incremento de recursos para salud, Hacienda y el Sena. “Todos tuvieron la posibilidad de hablar”, afirmó.

Un presupuesto mayor y un escenario fiscal bajo presión

El presupuesto aprobado supera en $59,3 billones la propuesta inicial de $575,6 billones de la administración de Gustavo Petro. El proyecto presentado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella también representa un aumento de 16,1% frente a los $546,9 billones aprobados para 2026.

Durante el debate, la Cámara consideró una ponencia alternativa del Pacto Histórico que proponía un presupuesto cercano a $598 billones. La iniciativa no prosperó y la corporación acogió el texto que ya había recibido el aval del Senado.

El presupuesto incorpora medidas de austeridad y eficiencia del gasto público, con reducción de erogaciones no esenciales y mecanismos de seguimiento al uso de los recursos. El Ministerio de Hacienda sostuvo que la reformulación permitió reconocer obligaciones y necesidades de financiación que no estaban completamente contempladas cuando el Gobierno presentó el proyecto.

El ajuste se aprobó en medio de un deterioro de las finanzas públicas y de mayores necesidades de endeudamiento. Andrés Pardo, ex viceministro de Hacienda y exdirector de Estrategia Macro para Latinoamérica de XP Investments, calculó que la versión inicial del proyecto requería emisiones de deuda por $238,6 billones en 2027, cerca de 90% más que la propuesta de la administración anterior.

El análisis de Pardo estimó que el déficit fiscal asociado inicialmente con ese presupuesto llegaría a 9,4% del PIB y que la deuda neta del Gobierno Nacional Central alcanzaría 66,2% del PIB. Esas proyecciones corresponden al proyecto inicial y no a una actualización posterior a la aprobación legislativa.

El viceministro de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, afirmó que estabilizar la deuda pública requerirá un ajuste superior a cuatro puntos del PIB, aunque advirtió que una corrección de esa magnitud no podría realizarse en un solo año, según citó Forbes. El Ejecutivo anunció una ley de ajuste fiscal y medidas administrativas para reducir el déficit proyectado para 2027 hasta en $40 billones, cerca de dos puntos del PIB.

Pardo consideró que esa meta podría ser optimista ante las restricciones políticas y legislativas. Incluso si el Gobierno ejecutara la totalidad del ajuste previsto, el déficit de 2027 seguiría por encima de 7% del PIB, según sus estimaciones.

El Fondo Monetario Internacional abrió la posibilidad de brindar apoyo a Colombia. Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, confirmó que una misión viajará a Bogotá a comienzos de noviembre para evaluar alternativas que podrían incluir asesoramiento económico, asistencia técnica o recursos financieros.