Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación de 2027 por $634,9 billones; sin embargo, aun hay una brecha por cubrir

El Congreso de la República de Colombia aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027 por 634,9 billones de pesos, después de una jornada que se extendió hasta la madrugada del martes 20 de octubre de 2026.

Por un lado, el Senado de la República lo avaló con 57 votos a favor, mientras que la Cámara de Representantes aprobó el mismo texto con 112 votos favorables, lo que evitó una conciliación y abrió el camino para la sanción presidencial.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentó el resultado como una señal para la política económica del Gobierno de Abelardo de la Espriella, lo que representó la primera victoria del Ejecutivo en la rama legislativa. Tras la votación, sostuvo que el respaldo del Legislativo es “el primer paso para empezar a recuperar la estabilidad de nuestra economía y para generar crecimiento y prosperidad”. También describió el trámite como uno de los más complejos que ha enfrentado el Congreso.

El jefe de cartera argumentó que las cuentas recogen el desequilibrio entre los ingresos y los compromisos del Estado. Según sus cálculos, la Nación recauda en promedio 29 billones de pesos mensuales y gasta cerca de 40 billones de pesos. Gómez situó la deuda pública en $1.174 billones y defendió un programa de austeridad ante un presupuesto que, a su juicio, supera la capacidad de financiamiento del país.

La distribución final concentra $393,25 billones en funcionamiento, rubro que cubre gastos como nómina, transferencias y obligaciones recurrentes del Estado. Otros $147,07 billones irán al servicio de la deuda, mientras que $94,63 billones se destinarán a inversión. La reducción de $8,36 billones en el pago de deuda frente a la propuesta inicial permitió ampliar partidas de inversión y funcionamiento.

Entre los ajustes aprobados figura una adición de $3 billones para el sector salud, financiada con recursos reubicados desde el servicio de la deuda. El texto también incorporó $100.000 millones para el fomento de la educación superior y $11.400 millones para indemnizaciones a familias de soldados lesionados durante el servicio. Además, contempla $3,9 billones para atención y prevención de desastres, en un contexto marcado por la reconstrucción posterior al terremoto de agosto.

El presupuesto queda condicionado

Pese al visto bueno del legislativo, uno de los principales desafíos del Presupuesto es su sostenibilidad fiscal. El Gobierno prevé un ajuste equivalente al 2,2% del producto interno bruto (PIB) mediante una ley de rescate económico; sin embargo, esta propuesta aún no ha sido presentada por el Ejecutivo. Esa iniciativa, según lo expuesto por Gómez en el Congreso, buscaría reducir gastos de funcionamiento y incluiría también medidas tributarias. Los congresistas reclamaron que el Ejecutivo defina pronto el contenido y el alcance de ese plan.

El programa de austeridad incluido en el proyecto prevé priorizar recortes en contratos de prestación de servicios, viáticos, eventos y publicidad. Sin embargo, una parte amplia del gasto está comprometida: el funcionamiento representa cerca del 62% del total y la deuda equivale a alrededor del 23%. Esto limita el margen para reasignar recursos sin afectar obligaciones estatales o programas vigentes.

También persisten dudas sobre los recursos para la reconstrucción tras el terremoto. Aunque se creó una partida de $3,9 billones para atención y prevención de desastres, las estimaciones citadas durante el debate ubican el costo total de la reconstrucción cerca de $30 billones.

Legisladores cuestionaron los artículos 84 y 85, que permiten reorientar recursos hacia el Fondo Milagro, y pidieron mayores controles sobre su ejecución. El Senado aprobó informes trimestrales sobre saldos y recursos de fondos públicos, una medida que algunos congresistas consideraron insuficiente.

En declaraciones a Caracol Radio, el representante del Pacto Histórico, Marco Emilio Hincapié, cuestionó el retiro del proyecto presentado por Petro y sostuvo que el aumento de los recursos para deuda afectó la financiación regional y social.

Señaló que su bancada proponía destinar recursos adicionales a la reconstrucción, educación, salud, el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) y el Instituto Nacional de Vías (Invías). También criticó los recortes que, según afirmó, afectan al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), además de la rapidez del trámite legislativo.

“Nosotros buscábamos era continuar aumentando la inversión. No aumentábamos el funcionamiento como lo aumentó este gobierno. Aumentó el funcionamiento del Estado en $25 billones. Muy preocupante”, indicó el parlamentario.

Desde la bancada oficialista, el representante del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, rechazó que la aprobación haya desfinanciado la inversión social. En el mismo espacio radial, afirmó que la inversión aumentó $8 billones entre el primer y el segundo debate y destacó una asignación de $22 billones para inclusión social, que incluye programas para adultos mayores, infancia y adolescencia. Pérez defendió las adiciones para salud y señaló que la futura ley de rescate económico debería reducir el gasto de funcionamiento en cerca de $45 billones.

“Yo sí no entiendo cómo me pueden decir a mí que se puede aumentar la inversión cuando los recursos son famélicos, cuando todos los ministerios, todos los fondos quedaron absolutamente barridos. Esa es una narrativa”, mencionó.

Así fue el trámite

La discusión presupuestal comenzó el 29 de julio, cuando el gobierno de Gustavo Petro radicó una iniciativa por $575,7 billones. Desde entonces, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que el proyecto contemplaba gastos superiores a las metas fiscales oficiales, mientras que el Banco de la República señaló que había cerca de $30,2 billones pendientes de financiación, ligados a ingresos inciertos.

El cambio de Gobierno alteró el curso del trámite. Una vez Abelardo de la Espriella asumió el cargo, el ministro de Hacienda Miguel Gómez solicitó retirar la propuesta de la administración anterior. El 11 de agosto, las comisiones económicas conjuntas devolvieron el proyecto al Ejecutivo para que ajustara sus cifras, una decisión que no ocurría desde 2003. La emergencia causada por el terremoto de magnitud 7,4, ocurrida un día antes, sumó nuevas presiones sobre las cuentas públicas.

El 27 de agosto, el Gobierno de De la Espriella presentó un nuevo proyecto por $634,9 billones, lo que representó $59 billones por encima del monto inicial. El Carf explicó que la diferencia incorporaba gastos que no estaban plenamente reflejados en el texto anterior, entre ellos compromisos de pensiones, salud, nómina pública, subsidios de energía y gas, además del servicio de la deuda.

Las comisiones económicas conjuntas aprobaron el monto global el 14 de septiembre y dieron luz verde al proyecto en primer debate. Para el estudio en plenarias, la ponencia trasladó recursos entre sectores: la inversión aumentó $6,49 billones, hasta $94,63 billones, y el funcionamiento subió $1,87 billones, hasta $393,25 billones, respectivamente.

Tras la aprobación del Senado y la Cámara de Representantes, la sanción presidencial será el siguiente paso para que el presupuesto entre en vigencia el 1 de enero de 2027, mientras el Gobierno deberá presentar las medidas con las que espera respaldar el ajuste fiscal previsto.